La batalla ideológica de la sanidad en elecciones es dañina para la salud

Este fin de semana ha empezado el reguero de promesas electorales, ‘cheques regalo’ para becas y estrategias políticas de todo tipo y nivel para ganar votos dentro de los apenas tres meses que quedan para la primera cita electoral del año, a la que seguirá sin duda una convocatoria temprana a las generales tras el verano. El Ejecutivo progresista de Sánchez está en clara ventaja en esta área de las dádivas con dinero público que se van a poner en marcha, tan necesarias como oportunistas, pero que van a salir de una recaudación que, pese al parón económico del primer semestre, tira fuerte al alza por un consumo que no cede y una demanda interna peligrosamente aupada por la inflación. Todo es más caro, pero se mueve más dinero procedente de la parte más flexible de la economía, los ciudadanos y sus rentas. El default de los bancos de la anterior gran crisis financiera no existe ahora; al contrario, las hipotecas siempre se pagan aunque se tenga que comer más barato.

Sobre esa base económica, una estrategia política electoral de soltar cantidades ingentes de dinero sobre el papel (habrá que ver su ejecución real dentro de uno o dos años) bajo la acción de Gobierno, es criticable por usar la gestión política y todo el poder de llevar la caja del Estado para llenar las urnas, pero va a ser muy efectiva de cara las encuestas, primero, y a la motivación de las clases más vulnerables a la hora de votar, después. Si desde la derecha no se establece un contrapeso claro en forma de argumentación económica que explique las cosas y convenza a la ciudadanía de que detrás de los cheques suele haber siempre humo o cuentas al descubierto, el populismo económico del ‘quien regala bien vende’ puede hacerles un serio agujero en todos los comicios. Y si se tiene éxito con ello en las municipales y autonómicas, vía dinero del Estado e inauguraciones de viejos proyectos que 'los otros' dejaron de lado, se abre un camino amplio para llegar con esa bandera a las generales.

El hábil manejo de los datos macroeconómicos por parte de quienes tienen bajo su control la metodología de su elaboración no va a permitir que en este semestre vayamos a hablar de una recesión en España, ni siquiera en Europa, por más verdad que sea que la realidad que hay bajo los parámetros que marcan el PIB es preocupante. Solo una subida exagerada de los tipos de interés en Europa con la contundencia que lo han hecho en EEUU, por una escalada bélica en Ucrania, puede llevar a un freno en seco de la economía, pero no parece que sea esa la máxima preocupación si los precios energéticos ceden y permiten moderar la inflación en medio año. Al contrario, acompañar esa tendencia a la baja de la inflación con más ayudas sociales, nuevas bajadas del IVA de la carne y el pescado, todo ordenado a medida que avanza la campaña electoral a golpe de titulares y sube la recaudación, puede ser todavía más útil para meter papeletas en las urnas.

La subida de las pensiones y el SMI ya son una base sobre la que pivotar el concepto de “justicia social” que vende el socialismo sanchista con relativo éxito ante la opinión pública, frente al fiasco del ‘solo sí es sí’, que se carga sobre la mochila ‘podemita’, y el desacierto del PP ante la ley del aborto. Con ese escenario y sin poder culpar a Sánchez de una recesión económica que arruine a España, todo apunta a que el fragor de la batalla política autonómica y municipal se va a centrar en gran medida en la cuestión sanitaria (si la crisis de los agentes judiciales no va a más). Las espadas están en alto entre el modelo de una sanidad pública universal sacralizada y muy deteriorada en los últimos años; y el sistema liberalizador de gestión privada de un servicio público, que defiende el PP y tanto Feijóo en Galicia como Ayuso en Madrid han llevado hasta sus últimas consecuencias.

El riesgo real que se corre con este enfrentamiento es que se ha convertido en una cuestión ideológica por ambas partes con visos de radicalizarse, con la gente en la calle permanentemente y los políticos en sus despachos sin opciones de acuerdo. Desde un punto de vista técnico, se enfrenta el concepto de ‘ciudadanía sanitaria’ que convierte la cobertura publica en un derecho universal e igual para todos los españoles garantizado por ley aunque su coste esté fuera de mercado, con el de la eficacia en la gestión y la pérdida de control público del servicio que puede suponer. 

Ante la guerra de cifras y argumentos (verdaderos, falsos o a medias) que se pueden lanzar de un bando a otro, lo que hay que tener claro a la hora de valorar las opciones son dos cosas: por un lado, la necesidad de ofrecer un servicio de calidad (profesional y organizativa), para que la atención primaria y las urgencias, que es donde primero llegan los ciudadanos, no sea un caos que genera rabia e impotencia a sanitarios y pacientes; y por otro lado, un sistema de buen gobierno que no solo mida los estándares de eficacia y costes, sino que además establezca modelos de control cívico y democrático de la sanidad. Es decir, que nos atiendan bien y que no nos engañen esos políticos de uno y otro lado para quienes la sanidad, al menos durante los próximos meses, solo se va a medir en número de votos.