Una palabra de Sánchez para salvar la esquizofrenia jurídica del IRPH

Sobre la Sala Primera de lo Mercantil del Tribual Supremo hay una ‘patata caliente’ muy complicada de coger con el caso de la sentencia europea del IRPH, dado que tiene ahora la obligación de marcar las pautas que los jueces y las audiencias provinciales deben seguir para decidir cuándo el uso de este índice como referencia de las hipotecas es abusivo y por qué otro se le puede sustituir. Hace tiempo que los magistrados del Supremo sabían que iban a tener que ponerse con este tema, sobre el que existe un precedente peligroso en sus colegas de la Sala Tercera con el mal llamado impuesto de las hipotecas (Actos Jurídicos Documentados), donde también tuvieron que decidir entre dar la razón a la banca o a los clientes, y una vez que tomaron parte por las entidades financieras, el Gobierno de Sánchez les quitó la razón y se puso una medalla política ante la sociedad a modo de salvapatrias, a sabiendas de que al final quien paga el pato de todas esas cosas son los propios ciudadanos.

Aquel despropósito, que dejó bajo mínimos la reputación del alto tribunal, ha pasado por la mente de todos los magistrados de nuevo, a la vista de que tienen dictada una sentencia de hace apenas dos años hecha a medida de los bancos y contraria a las pautas que ahora ha marcado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Si bien no será técnicamente necesario que el Supremo entone un ‘mea culpa’ y se haga el harakiri, sí tendrá que hacer de tripas corazón para admitir que el IRPH puede ser abusivo y, además, va a generar una avalancha de litigios que les puede complicar la vida a ellos más adelante, si no establece ahora con claridad cuáles son las reglas del juego.

Mientras en la cabeza de los magistrados del Supremo se instalaba el IRPH, en los despachos de Moncloa corría de nuevo la opción de legislar sobre el uso de ese índice en las hipotecas de casi un millón de españoles y demostrarles, como con el AJD, que el Gobierno está atento para salvar al pueblo de posibles injusticias. Eso sí, impartir justicia política al modo de la ‘espada de Damocles’, es decir, esperando primero a ver si se equivocan los jueces, para apuntarse después el tanto en caso de error. Desde el lado político cuentan a su favor con la misma justificación que en el caso de las cláusulas suelos o los vencimientos anticipados: la defensa a ultranza de los consumidores y usuarios a nivel europeo que siempre gana.

A priori, al Supremo no le queda otra que estar ágil en su respuesta, dado que cualquier batalla pírrica que quiera establecer para no perder la pauta de los bancos o defender la validez de su sentencia de diciembre de 2017, no le va a provocar más que dolores de cabeza a medio y largo plazo. Los abogados que defienden a miles de afectados han cogido la presa y, aunque sea necesario volver a acudir a la UE, no están dispuestos a aceptar unas condiciones para analizar la transparencia de la cláusula por debajo de lo que marca la sentencia de Luxemburgo (cosa complicada de cumplir en la mayor parte de la comercialización de las hipotecas con IRPH. Y tampoco aceptarán un índice que sea similar al que había, para negociar desde una posición de fuerza con cada cliente alguna salida extrajudicial. El propio juez que lanzó la consulta al TJUE, que conoce bien la letra pequeña y las segundas lecturas del fallo europeo,  ya ha dicho que bajo sus postulados queda claro que todas las cláusulas con ese índice son nulas, lo que daría al cliente el poder de decidir si renegocia o anula su contrato, según cómo le salgan las cuentas.

De alguna manera, la sentencia del TJUE ha repartido armas entre ambas partes y ha puesto al Supremo a dirigir una contienda que va camino de la esquizofrenia si se deja todo en manos de los tribunales, ya de por sí colapsados. Sólo un cosa puede evitar que los usuarios tarden más de dos años y medio en conseguir algo, después de todo lo que han pasado y pagado hasta ahora, y que los jueces cuenten con herramientas legales válidas para evitar un caos que no conviene a nadie: que el Gobierno tome conciencia del problema de una vez, se olvide de las medallas políticas en contra del Supremo y legisle sobre la materia a la luz de lo dictado por el TJUE. Curiosamente, tanto los magistrados del alto tribunal, como el resto de los jueces y hasta los abogados de la mayor parte de los afectados están de acuerdo en que una palabra de Moncloa serviría para salvar la situación de miles de afectados, sin necesidad de generar más enfrentamientos.

Es más, al Ejecutivo le queda la obligación de cambiar el decreto por el que se obligaba a contratar con el IRPH en el plan de vivienda de la VPO hasta el año 2009, una oportunidad única para poder orden en el asunto y resolver el problema de una manera rápida y eficaz como ninguna. No creo, además, que ningún partido político se oponga a poner en marcha una solución que es buena para todo el mundo, incluso para ellos mismos, aunque con la política en los últimos años, nunca se sabe…