Domingo, 18.08.2019 - 02:14 h

Si hay que subir los impuestos, que no sea a golpe de 'graznidos'

El exvicepresidente económico socialista Pedro Solbes, llamado a apuntalar y dar el label europeo al Gobierno de Zapatero en 2004, tal y como Sánchez ha hecho con Nadia Calviño catorce años después, lo tenía muy claro cuando recibió su cartera: “Si las cosas funcionan bien, para que las vamos a cambiar”, repetía una y otra vez cuando se le inquiría entonces sobre una posible reforma de impuestos o cualquier otra previsión de cambio en la política económica. Y desde su perspectiva europeísta sabía muy bien los grandes cambios que se avecinaban ante la necesidad de financiar un estado de bienestar que debía descentralizarse, traspasando sanidad y educación a todas las comunidades autónomas, a sabiendas de que el reparto de dinero para sufragarlo no alcanzaba igual para todos, aunque pareciera lo contrario.

Lo que Solbes no quería eran estridencias, desórdenes o salidas de tono de la parte económica de un Gobierno demasiado inmaduro, que no esperaba llegar al poder y se lo encontró de repente, y que podía cometer errores insalvables en el tiempo en materia de impuestos, decisiones de gasto o presiones sobre colectivos como el de los empresarios, que entre otras cosas, sustentaban la economía del país. Precisamente una economía que despegaba con el turismo y el ladrillo, como ocurre ahora, y bajo la amenaza de una burbuja especulativa alimentada por la financiación barata de los bancos al inmobiliario, que desató apenas cuatro años más tarde la mayor crisis de la historia de nuestro país. Nadie lo supo ver ni reconocer a tiempo entonces.

La situación era muy parecida a la de ahora, si no fuera porque en el ámbito de las reformas tributarias y las iniciativas económicas, en lugar de la prudencia de antaño, se suceden cada día en los medios nuevos anuncios de medidas, poco concretas, pero que pueden tener un alcance y un coste muy alto. La ministra de Hacienda se despachó esta semana con la amenaza de cuatro nuevos impuestos, alguno de ellos, como la subida de Sociedades, de alta tensión para las finanzas de las empresas, que como hace catorce años, siguen siendo la base de la economía.

Se ha hecho famosa en el ámbito tributario la frase de Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luis XVI, que ya hace tres siglos advertía que “el arte de recaudar impuestos consiste en desplumar al ganso obteniendo la mayor cantidad de plumas con el mínimo de graznidos”. La opción que ahora enseña poco a poco la ministra Montero, de un tipo efectivo del 15% sobre el resultado contable de las empresas para el Impuesto de Sociedades, es empezar a desplumar el ganso sin anestesia por donde le duele de verdad y donde más difícil resulta, con lo que no va a poder evitar “graznidos” de todo tipo si sigue así.

Por suerte, los expertos en la “arquitectura fiscal” que tanto se critica desde Hacienda (muchos de ellos salientes de la Administración tributaria) saben que todo está inventado y que las opciones que ahora se ponen sobre la mesa están todas probadas. A estas alturas de desarrollo del Derecho Financiero y Tributario, también es conocido que todo se basa en una economía de opciones, ni más justas ni más injustas, solo más o menos recaudatorias. Y si de lo que se trata es de lograr que las empresas se dejen un 20% más de montante en la cesta del Impuesto de Sociedades, para ampliar la capacidad de gasto público, seguro que hay caminos menos complicados que dar la vuelta por completo a algo que, de por sí, ya funciona bien, rememorando a Solbes.

Cambiar la estructura de uno de los impuestos más importantes para el erario público, para poner un tipo efectivo mínimo sobre el beneficio contable, a la vista de que es imposible armonizar ese impuesto en Europa con la referencia de la base imponible, que cada socio calcula a su modo, puede ser un cambalache técnico y jurídico difícil de superar a corto plazo. Cierto es que existen documentos europeos que muestran que ese camino es tan válido como otros para recorrer en la UE, entre todos, con la advertencia de que si uno solo se desmarca primero para ser el más listo de la clase, puede saltarse normas comunes fundamentales, como la exención por doble imposición de los dividendos, que tanto tiempo y esfuerzo ha costado institucionalizar dentro y fuera del entorno europeo. Y eso puede ser una lluvia de litigios y movimientos de empresa nada recomendable.

Los grandes grupos consolidados, bien asesorados, tienen descontado que con la llegada del Gobierno de Sánchez se va a imponer una subida de tributos y asumen incluso que sea así, pero a sabiendas de que las cosas se hacen de forma contrastada y con las consecuencias bien calculadas. Si se obvia la doble imposición o se toman medidas tributarias agresivas adrede o con poco fundamento, en un entorno cada vez más globalizado en el que las corporaciones españolas apenas recogen la tercera parte de su beneficio en suelo español, el resultado no será el más óptimo para las arcas públicas, porque los centros de decisión empresarial son libres de moverse a otros lugares, donde tal vez no se tribute ni más ni menos, pero el trato sea más sensato.

De anunció en anuncio se ha generado una verdadera reforma fiscal en ciernes que es necesario explicar bien, más allá de una entrevista radiofónica. Tasa ‘Google’ a las tecnológicas, nuevos impuestos verdes, una tarifa a los bancos para pagar las pensiones, coto a la ingeniería fiscal mal entendida y cambios en el Impuesto de Sociedades… todo puede ser entendible, pero sin estridencias, tal vez mejor por el camino de los pequeños cambios que permitan ahora mejorar la recaudación para no fallar en el gasto del Presupuesto que viene, que con una declaración de guerra fiscal a las grandes empresas a golpe de globos sonda, con las que se puede perder a la larga mucho más de lo que se pretende ganar.

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