Soraya y los políticos en el mundo del derecho de los negocios

Dicen desde dentro que,  en tan solo una semana, Soraya Sáenz de Santamaría se ha integrado en el día a día de su nuevo trabajo en Cuatrecasas como un socio más del despacho: reuniones, proyectos de equipo, entrevistas, sin horarios… el mundo duro y selectivo del derecho de los negocios al más alto nivel. De cara a los clientes, siempre se contará con la ventaja de que no hace falta presentarla ni explicar sus logros, y de cara al negocio, es evidente el valor de su agenda y de su experiencia en las más complicadas negociaciones.

Si se trata de operar en el área del buen gobierno corporativo y el ‘compliance’, el de Soraya es un curriculum más que suficiente para hacer un buen papel, pero será difícil que alguien con su trayectoria llegue con el tiempo a convertirse en una pieza clave desde el punto de vista de la técnica jurídica en casos complicados de alta especialización, como reestructuraciones, mercado de capitales, energía, fusiones y adquisiciones... Todas las áreas clave del derecho mercantil en las que la especialización y el conocimiento del más mínimo detalle legal del ordenamiento es fundamental para diseñar una buena estrategia en la que están en juego millones de euros.

La llegada de altos cargos de la judicatura o la fiscalía a los despachos de abogados es algo habitual, dado el alto conocimiento que tienen de la legislación, desde su origen hasta cualquier interpretación, pero la irrupción de los políticos en el mundo del derecho de los negocios siempre suele responder más a la utilidad de su agenda, que a su bagaje profesional como jurista. El exministro de Justicia, Rafael Catalá, es también un asesor de lujo para Herbert Smith, el despacho al que también había pedido entrar el exsecretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, que se quedó en puertas, lo mismo que Dolores de Cospedal en Hogan Lovells. No sabemos si el caso de Soraya es distinto al de Cospedal, pero por ahora, ha logrado algo que no pudo hacer su eterna rival en el PP, que está de vuelta en su puesto en el área de lo contencioso del Tribunal Supremo, donde acude a sus reuniones con la mayor de las sonrisas, según dicen los que la ven.

Más allá de las puertas giratorias o de dilucidar si es ético o estético, contratar a un expolítico antes de que se cumpla el plazo de incompatibilidad de dos años que debe guardar (y que ya nadie respeta), se puede entender el fichaje de políticos por parte de los despachos de derecho de los negocios en la tremenda diversidad que hay que tener ahora a la hora de afrontar los problemas complejos de un cliente, que paga un precio altísimo por tener el mejor servicio. Pero esa diversidad y la riqueza que supone tener una buena mezcla de profesionales (no solo juristas) a la hora de afrontar los problemas legales de una empresa, se hacen sobre todo bien si ese grupo está lleno de especialistas en su ámbito y de distintas procedencias. Esa es una cuestión fundamental en la expansión internacional en la que están inmersos los grandes despachos españoles.

Un juez siempre diría que el límite ético de una democracia lo establecen la Constitución y las leyes, y no se puede dudar de la legalidad de este tipo de incursiones de políticos en firmas legales. A partir de ahí, cada bufete es libre de apretar más o menos en su código ético interno y marcar unas pautas u otras para este tipo de contrataciones. Hay muchos abogados del Estado -la oposición que sacó Soraya- que trabajan en despachos y que son expertos en derecho público y contrataciones, que normalmente hacen un gran papel como secretarios de los consejos de grandes empresas o en temas de derecho procesal penal, una labor que no serían capaces de hacer los grandes especialistas en mercantil. Pero hay un mal que en el caso de los políticos siempre hay que tener en cuenta, que se centra en la maldita hemeroteca: la complicación que supone a veces gestionar el impacto de informaciones futuras que puedan salir, de cualquier tipo, y que se refieran al papel que esos políticos jugaron cuando estaban en la vida pública.

La confianza y la confidencialidad son dos de las grandes claves de negocio en el mundo del derecho empresarial al más alto nivel, y ese tipo de riesgos son muy peligrosos para un ámbito en el que, por regla general, el cliente nunca quiere que se sepa quién es su abogado ni qué está haciendo para él, sobre todo si es famoso o ha sido político. Un jurista octogenario me dijo una vez que la ética es lo único rentable a largo plazo, de la misma manera que el mejor abogado es el que sabe ser eficaz y pasar desapercibido siempre que sea necesario.