Sábado, 22.09.2018 - 13:38 h

Improvisación política y activismo judicial contra la actividad empresarial

A
unque sea tirar piedras sobre su propio tejado, en los despachos de abogados más importantes de este país dedicados al derecho de los negocios existe el convencimiento de que en España se sufre un exceso de judicialización de algunas esferas de la economía que no es nada bueno para el progreso general del país. No se trata de casos de corrupción (política o empresarial) que siempre son execrables, sino de un exceso de litigiosidad por cualquier decisión empresarial errónea que se tome, con la base del impacto social que supone o el efecto que produce en el colectivo de la compañía y su entorno. “Un empresario hoy, cuando toma una decisión equivocada y algo sale mal, no solo debe preocuparse por el dinero que pierde con ello, sino por las demandas que le pueden caer o la condena social que puede recibir de colectivos demasiado ensañados con denunciarlo todo”, aseguraba amargamente uno de los grandes empresarios de este país estos días.

El Círculo de Empresarios ponía esta semana la guinda a esa percepción con su documento sobre la calidad del sistema jurídico español, al criticar el exceso de “activismo judicial” que existe en nuestro país, entendido como “la tendencia de algunos tribunales a buscar soluciones consideradas justas, aunque se separen de una interpretación razonable de las leyes aplicables”. Aunque en el documento no se mencione ningún caso concreto, sobre esa lectura “correctiva” de las leyes a la que aluden sobrevuelan conflictos judiciales concretos sobre la reforma laboral, el sistema financiero o el derecho societario, en los que se han podido tomar decisiones en las que los jueces, además de la ley, sopesaban demasiado el malestar social de la situación, el impacto de la opinión pública o el riesgo de “pena de telediario” que podía darse (a favor o en contra).

Muchos empresarios están convencidos de que este tipo de “peso social” influye siempre en los conflictos laborales y está detrás de que en la gran mayoría de las ocasiones pierda el empleador y gane el empleado. Más allá de la casuística, decisiones en sede judicial sobre cuestiones relativas a horarios, obligación o no de fichar, el uso del correo electrónico en el trabajo y el acceso del jefe a su contenido, o la igualación de la indemnización por despido de fijos y temporales, son cuestiones sobre las que la jurisprudencia puede sentar precedente más allá del espíritu de la ley con facilidad. Pero no solo eso. Los miles de casos sobre el asesoramiento financiero a los particulares que hacen las entidades financieras sobre productos como las preferentes, los swaps, las cláusulas suelo o los gastos de notaria y registro en las hipotecas, han llegado a poner en duda la legitimidad de la actividad típica de coger y prestar dinero de los bancos.

Más allá de los casos de consumo doméstico, la implantación en España de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha abierto un amplio campo de responsabilidad sobre los administradores que todavía no acaba de encajar bien en el tejido empresarial. Los planes de cumplimiento y control que cada compañía debe implantar para ser socialmente responsable, englobados dentro de lo que se conoce como ‘compliance’, se han puesto de moda, pero su utilidad no acaba de convencer del todo a organizaciones donde ese cumplimiento ético y profesional no tiene por qué ponerse en duda. Si admitimos que los gestores de empresas deben “serlo y parecerlo”, como la mujer del César, también es cierto que en caso de conflicto judicial por sospecha o indicios de delito, se debieran tener más en cuenta este tipo de cuestiones (a modo de eximente) antes de llevar a un empresario ante un juez instructor, por el daño que eso hace a la economía de un país.

Este malestar empresarial con el funcionamiento y el trato que a veces se recibe de la justicia tiene como ultima ratio la improvisación que se atisba en la elaboración de las leyes por parte de un Gobierno que no acierta a gobernar. Las leyes y sus reglamentos se modifican con demasiada facilidad y, si hace unos días criticábamos los recovecos que algunos grandes futbolistas buscaban para eludir las normas, también hay que reconocer que los incesantes cambios de cálculos y condiciones no ayudan en nada a que todo salga bien. Es más, si vamos a las sentencias sobre cuestiones estratégicas como el sector energético o la competencia en Europa, básicas para los grupos empresariales, es muy difícil saber cómo gestionar esos procesos pendientes de sentencias en los niveles autonómicos, estatales y europeos, que pueden ser contradictorias unas con otras. 

Ese difícil equilibrio judicial se produce en un momento político muy delicado. Con unos Presupuestos que, en todo caso, entrarían en vigor en junio y más de un año de impasse legislativo, la amenaza que se cierne sobre tanta incertidumbre y falta de seguridad jurídica es un uso cuasi abusivo del decreto y de las leyes omnibus para sacar adelante cuestiones poco elaboradas y consensuadas. La crisis política que se cierne sobre España en estos momentos, pendientes de cambiar de ministro de Economía (y gran parte de su equipo), los pensionistas en la calle y Cataluña gobernada en diferido, solo le falta al Ejecutivo una élite empresarial que no confía en la capacidad de sus gobernantes para dar soluciones a lo único que funciona un tanto bien, la economía y las empresas.

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