Todo apostado a la excepción ibérica y el tope al gas

Hay una cuestión clave en la propuesta del Gobierno español a la UE para topar el precio del gas que es complicada de entender para el resto de los socios europeos, que tal vez tengan las miras más amplias en este tema: la justificación que Sánchez les puso para lograr la excepción ibérica y adoptar esta medida en la última cumbre fue prácticamente el riesgo de una catarsis social en España si la gente tenía que seguir pagando el doble o el triple por el recibo eléctrico, pero un mes más tarde, España envía un decreto en el que esos contribuyentes al borde del abismo, tanto hogares como empresas, son los que van a soportar el coste millonario que hay que compensar a las compañías afectadas. Con el precio del gas limitado a 30 euros y la luz en menos de 70, podría entenderse que ese esfuerzo se aguantara sin problemas, dado que el incremento que se genera en los tramos horarios en que se pague más caro es corto comparado con la rebaja general que se obtiene. Pero con el precio del gas limitado a 50 y la luz a más de 120, el incremento que puede darse puede dejar la rebaja muy corta.

En cualquier caso, resulta muy cargante ya para los contribuyentes ver como la factura sube en España desde hace prácticamente un año, sin que nadie haya podido hacer nada todavía, más allá de bajar los impuestos en lo posible. Es evidente que la solución de desvincular el precio del gas del pool en España es el camino más rápido para abaratar el coste del modelo marginalista, pero dada la complicación de la medida, la contrariedad que supone para la UE, la oposición de prácticamente todos los socios (hasta de la Comisión) y los movimientos sin cesar que se están produciendo a nivel europeo para mitigar la dependencia del gas ruso, llega el momento de plantearse si es peor un remedio que no llega nunca, que la enfermedad.

La audacia de la medida que plantea Teresa Ribera es indiscutible. Incluso se pueden ver razones de justicia, dado que no parece lógico ahora que la tecnología más cara marque el precio del pool, algo que ha generado en toda Europa ingentes cantidades de dinero para apoyar a las renovables -la supuesta salvación de todos-, pero que en el escenario de una guerra en Ucrania y la presión que Putin mete al precio del gas desde hace un año, tal vez no sea lo más conveniente. A nadie le gustan los “beneficios caídos del cielo” de las eléctricas en un momento en el que a todos no sube la factura de la luz, pero hay que reconocer que cuando el gas estaba a 18 euros (a primeros del año pasado) y la luz menos en 40 el megavatio hora, a nadie le preocupaba eso.

La verdadera utilidad del tope al gas de Ribera y Sánchez es el freno que puede poner a la escalada de la inflación, un dato que depende demasiado en España de los precios energéticos y que está haciéndonos más pobres a todos cada día. El Ejecutivo sabe que, si no corta rápido esa tendencia, el estrangulamiento de la economía española estará servido a medida que el BCE empiece a subir los tipos de interés a partir del próximo mes de julio de manera implacable. La financiación de la Deuda absorberá unos recursos públicos que no irán a inversión ni a servicios, y solo los fondos europeos, mientras duren y lleguen, podrán paliar la sensación de que todo el montaje económico español se está cayendo poco a poco.

Aunque parezca mentira, de esa operación de recorte del precio del gas en España que abarate la luz depende en estos momentos el devenir de casi toda la economía a medio plazo. No es de extrañar que Sánchez, en un giro poco habitual dado su europeísmo sobre todas las cosas, le recordara este viernes a la presidenta de la Comisión Europea que hay que respetar la “autonomía estratégica” española en este caso. España se juega demasiadas cosas en este duelo con Europa como para dar un paso en falso. El visto bueno de la UE será un alivio y el inicio de una etapa económica en la que la apuesta por las renovables, el hidrógeno verde y la transición ecológica pueden colocar a nuestro país como un socio energético clave en el continente; un rechazo que eche por tierra la plasmación práctica de la excepción ibérica, puede ser el principio del fin de la legislatura.