El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'amenaza' con someternos esta semana a una nueva homilía previa a las vacaciones de verano en forma de presentación de cuentas, en las que habrá tantos puntos comunes y mensajes optimistas como agujeros negros en los que nunca entrará por si no encuentra la salida. Lamentaremos todos la escalada de los contagios, aunque sea sin reconocer oficialmente que hay una quinta ola que se nos ha ido de las manos, y lo taparemos con el principio del fin de la crisis sanitaria y la llegada de los fondos millonarios de la UE a modo de ‘bálsamo de Fierabrás’ y la nueva etapa de crecimiento que le toca vivir a España ahora. Será el pistoletazo de salida de los veinte días de vacaciones que el presidente ha dado a sus ministros, aunque con el hándicap de que todos los nuevos cargos han deslizado ya en un alarde de pundonor que trabajarán en agosto, con lo que todo apunta a un consejo de ministros el día 3 de agosto y otro muy posible el 10, que ha empezado a generar malestar entre los cuadros de funcionarios más cercanos a las cúpulas de poder.
Durante la intervención del presidente tendremos una buena ración de fondos europeos de modernización y transición ecológica, pero no creo que nos pueda contar hasta cuándo vamos a acumular récords históricos en el recibo de la luz en plena batalla con las eléctricas. La medalla política oficial estará en la bajada del IVA, que apenas se nota con un coste del megawatio hora en el doble de lo previsto, solo porque el sistema marginalista europeo está ya fuera de lugar y hay que cambiarlo cuanto antes. La ministra Ribera está dispuesta a ponerle el cascabel al gato y, extraoficialmente, cuenta con el aval de la UE al anteproyecto de ley en el que se atreve a recortar mil millones a los ‘beneficios caídos del cielo’ de las eléctricas, pero nadie en el Gobierno ha echado cuentas de lo que nos cuesta a todos los españoles la guerra fratricida que desde el Ejecutivo se mantiene con los más poderosos del sector, que pueden manejar su producción al precio que estimen necesario.
Tampoco entrará el presidente en la curiosa coincidencia de que algunos de esos grandes empresarios del sector energético, junto a otros 'colegas' del ámbito financiero, son precisamente los que están inmersos en el charco de barro que montó Villarejo con la policía patriótica para sacar partido a los expolicías que estaban repartidos como directores de seguridad en las empresas. El Gobierno puede valorar sentencias del Constitucional y del Supremo que no le gustan, pero no va a entrar en la instrucción de una trama que apunta en una dirección que le conviene: la sustitución de la vieja guardia del Ibex y de la patronal por una nueva clase empresarial más dócil y alineada con los objetivos de la nueva era. Por más cierto que sea que una renovación empresarial siempre es buena en cualquier país moderno que apueste por la innovación, la tecnología y el medio ambiente, es también muy peligroso para la imagen de ese país y sus empresas, dejar que ese proceso se produzca por el chapoteo en un lodazal jurídico que afecta incluso a las estructuras del Estado. Es seguro que más de uno (o de una) en el nuevo Gobierno se habrá preguntado si los empresarios implicados en los manejos de Villarejo merecen lo que les está pasando, pero no creo que Sánchez opine sobre eso.
Cuando el presidente se esté dirigiendo a los españoles en su intervención estival, ya sabremos si el Tribunal de Cuentas ha aceptado o no las fianzas avaladas por el Instituto Catalán de Finanzas, para evitar una masacre en el patrimonio de los 34 acusados por el organismo (no judicial), pero no creo que haya un posicionamiento oficial del Ejecutivo al respecto, sobre todo ante el silencio de la Abogacía del Estado. Sin entrar a ese espinoso tema, esta vez por respeto a la Justicia, es seguro que se pondrán en la palestra los avances que se esperan de la negociación con la nueva Generalitat de ERC y Junts para calmar las aguas en Cataluña, previo compromiso de poner en marcha por fin las inversiones millonarias que tantas veces se prometieron y que todavía llegan a cuentagotas.
La ‘Ley Trans’, la Memoria Democrática, la subida del SMI y hasta algunos avances en la reforma laboral y las pensiones estarán en el discurso del presidente, pero no creo que les aclare a los ‘baby boomers’ por qué van a tener que cotizar y trabajar durante más de cuarenta años, para recibir menos cuando se jubilen. Cualquier excusa política al respecto puede generar un desastre ante la opinión pública al que nadie del Ejecutivo, salvo Escrivá, se atreve a enfrentarse.
De lo que sí ha empezado a hablar últimamente Sánchez es de aprovechar los fondos europeos para recuperar la potencia industrial que fuimos en otros tiempos, esta vez a base de tecnología, digitalización y transición a un modelo energético verde y prometedor, cuyas bases nos va a costar poner más de diez años. Esa es la clave: ¿dónde estaremos todos dentro de diez años? De eso tampoco hablará el presidente, sobre todo porque con una deuda pública del 125% y creciendo, cuando se acaben las ayudas europeas y, en un par de ejercicios, volvamos a la dura realidad de aguantar con la riqueza y el valor añadido que seamos capaces de generar, empecemos a ver como se desmorona el castillo de naipes porque no nos llega para nada. Ojalá me equivoque.
