Una campaña electoral sobre Cataluña para ver quien gobierna en España

La pareja de Joan Tardá y Rafael Rufián, diputados de ERC en el Congreso, van a pasar a los libros de historia como la imagen de uno de los grandes fiascos del PSOE, por el rechazo de su formación independentista a apoyar los Presupuestos del Estado sin discutir ni siquiera de una cifra, partida, programa u objetivo económico para los ciudadanos: sólo por la supuesta “falta de valentía” del presidente del Gobierno por no aceptar lo que la Constitución le prohíbe, que es incluir la autodeterminación como una  contraparte para las cuentas públicas. De la misma manera, el propio Sánchez pasará a la historia por haber sido el presidente que se creyó que se podía negociar con quien no quiere ceder en nada en sus postulados independentistas… y perdió.

Si hasta el momento el gran error ha sido mezclar la política con la justicia e intentar que mediante un seudo chantaje en el Congreso se librasen favores para los catalanes que están en el banquillo del Tribunal Supremo, que nadie piense que con la convocatoria de elecciones y el borrón y cuenta nueva políticos se ha logrado erradicar ese absurdo maridaje. Al contrario, va a ser más patente la mezcla si se desarrolla de forma paralela el juicio al ‘procés’ y la campaña electoral, con la única salvedad -nada desdeñable- de que ahora todas las fuerzas constitucionalistas van a estar más claramente en contra de las verdades a medias de políticos como Tardá y Rufián.

En el escenario de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (de lo Penal) no es fácil que haya problemas ni confusiones, porque no lo va a permitir el juez Manuel Marchena, que ya ha demostrado su independencia y que sabe templar y mandar como nadie en su terreno. El lío, en todo caso, le va a venir de fuera, de las soflamas políticas que se vierten siempre en campaña electoral y con tanto rencor político entre los líderes mejor posicionados y sus formaciones. Y una de las diatribas clave del proceso judicial va a planear sin más remedio sobre las declaraciones políticas de turno: lo de Cataluña fue rebelión, como mantiene la Fiscalía y la acusación popular, o solo sedición, como dijo la Abogacía del Estado, en un postulado más que polémico y claramente influenciado por las conversaciones (presupuestarias) entre el Gobierno de Sánchez y los independentistas catalanes.

No hay dudas sobre la primera aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención de la autonomía catalana, en la que todas las fuerzas constitucionalistas estaban de acuerdo. Las dudas que van a planear en campaña electoral serán si hay que volver a aplicarlo ahora o no, y los argumentos que vayan surgiendo cada día en el juicio del Supremo van a ser clave en la formación de una opinión al respecto para la gente y, tal vez, en el sentido de su voto. La derecha que representan en estos comicios PP, Ciudadanos y Vox no tiene dudas: lo aplicarían al día siguiente de llegar al poder, si la aritmética electoral les da la mitad más uno en el Congreso. La izquierda del PSOE y Podemos sigue pensado que dialogar es la solución, pero sin autodeterminación y dentro de la Constitución, una fórmula con la que ya han fracasado. Si mañana trajéramos a Madrid a alguien completamente ajeno a la política española, como por ejemplo un esquimal del Polo Norte, y estuviera reunido cinco minutos con cada uno de los líderes de esos partidos para decidir a quién votaría, seguramente se volvería corriendo sin abrir la boca a su refugio porque es mejor el frío polar que el calentón que tenemos aquí.

A medida que en ambos escenarios, el judicial y el político, se vayan viendo aristas del problema independentista, una cuestión muy básica hay que tener clara a la hora de defender (o no) el artículo 155: su aplicación necesita que en Cataluña se vulnere de nuevo la Constitución y eso atente gravemente contra el interés general de España, y eso no parece que ocurra ahora, aunque si se puedo ver hace poco más de un año y por eso hay un grupo de políticos en el banquillo. Sin entrar en el debate de si hubo o no violencia en Cataluña (que la hubo), del lado judicial es bueno saber que el Código Penal habla de rebelión (castigada con hasta 25 años de cárcel) en el capítulo de los “delitos contra la Constitución”, y coloca la sedición en el capítulo siguiente, cuando trata los “delitos contra el orden público”.

Es evidente que por más que se intenten denunciar conspiraciones cercanas a la sedición en muchos ámbitos de la vida cotidiana en Cataluña, resultará muy difícil justificar con un mero ataque al orden público la aplicación del artículo 155 sin pensarlo más. Y el fallo final del Supremo (que puede salir muy cerca de los primeros compases del que sea el nuevo Gobierno), si no llega a justificar una rebelión, puede caer como una espada de Damocles sobre quienes actúen precipitadamente en algo tan delicado. La solución más sana para todos sería llegar a un acuerdo para no hablar del procés en toda la campaña, pero entonces estaríamos hacienda ‘la del esquimal’. Al final ganan Tardá y Rufián, que van a conseguir que estas sean unas elecciones generales sobre Cataluña, para ver quien gobierna en España.