Una decisión de lógica empresarial con gran 'trastienda política'

Durante la anterior gran crisis financiera, entre los años 2012 y 2015, fueron muchas las empresas españolas con alta vinculación internacional que analizaron con sus asesores la opción de salir de España en busca de un mercado en el que se pudieran financiar sin tener que pagar una prima de riesgo tan alta como la que azotaba nuestra economía, y gozar de un marco jurídico más estable para su actividad. Evidentemente, ahora no tenemos encima aquella crisis tan dura y larga, pero las dos razones que entonces se esgrimían para sacar la sede social fuera de España siguen estando vigentes y son las dos premisas básicas que pueden predisponer a una multinacional española, como Ferrovial, a consolidar su negocio internacional y abrir una nueva etapa con una base más estable, aunque no sea en España.

Las razones técnicas y financieras que la constructora de la familia Del Pino ha puesto sobre la mesa para justificar su decisión son impecables: hace tiempo que tenían su participación mayoritaria en la empresa vehiculizada a través de dos sociedades holandesas, hasta el punto de que el 93% de sus socios institucionales son extranjeros, al igual que el 82% de su negocio procede de fuera de nuestras fronteras. Y los supuestos ahorros fiscales que se pueden obtener con la operación tampoco son la base de su decisión, sobre todo porque las filiales españolas seguirán tributando en España, como hasta ahora, y es muy poca la aportación fiscal que hacen las sociedades holding de los grandes grupos internacionalizados a las arcas públicas. Como señalan desde la propia compañía, eso “no es relevante”. Cualquier fiscalista que se precie sabe que los impuestos nunca marcan las decisiones sobre inversiones o implantaciones de empresas a un lado y otro de una frontera. En este caso, además, a los accionistas que no estén de acuerdo con ello se les garantiza su ‘derecho de separación’, la figura jurídica a manejar para que no haya daños colaterales indeseados.

Lo que sí se tiene en cuenta es que Holanda es un mercado con una calificación crediticia máxima de triple A y un sistema regulatorio bien predeterminado, donde (por algo) tienen su base un gran número de grupos mundiales y en el que no se va a poner pegas a una posible operación o alianza internacional (amistosa o no) por ser “empresa estratégica” a los ojos del Gobierno de turno (y de coalición), ni pueden limitarse con normas o impuestos poco justificables el amplio abanico de posibilidades que el mercado mundial pone a las empresas que saben ser competitivas en lugares como Reino Unido, Canadá o Estados Unidos, por mencionar los tres países en los que Ferrovial tiene un amplio potencial de desarrollo. Pasar de la bolsa de Holanda a cotizar a Nueva York es una operación fácil ya transitada por otras sociedades globales.

Por más lógica económica y financiera que tenga la decisión de Ferrovial, tampoco se puede obviar la situación que se puede vislumbrar debajo de los números, en un país en el que la incertidumbre regulatoria ha obligado ya a abrir una guerra jurídica y reputacional de las grandes empresas contra un Gobierno del que no se fían ni en lo financiero, ni en lo energético y, mucho menos, en lo tributario. Mal haría Moncloa en no dar importancia a la salida de una ‘marca España’ como Ferrovial a Holanda, en una situación en la que -con campaña electoral mediante- se ha pretendido demonizar a los empresarios en boca de algunos ministros y ministras a los que el populismo les nubla la razón y les hace olvidar que este país funciona porque los empresarios tiran de él y apuestan por invertir a pesar de todo.

La decisión que han tomado en Ferrovial subyace en todas las empresas con un alto componente internacional en su actividad. No llama la atención cuando se trata de startups que nacen globales y cotizan directamente en EEUU, pero sí cuando se trata de uno de los grupos que ha llevado (y seguirá llevando) la buena imagen y el prestigio que tienen muchas grandes compañías y directivos españoles en el exterior. Uno de los hitos que siempre se defiende desde las instituciones españolas para vender la marca país es que seis de los diez primeros grupos constructores y de infraestructuras que operan en el mundo son españoles. Y seguirá siendo así, porque nadie le va a cuestionar a Ferrovial su origen o sus raíces. Solo que ahora habrá quien piense que sacó la sede social de su país porque allí las cosas se ponen muy complicadas ante algunas decisiones políticas ‘raras’, que en lugar de ofrecer seguridad generan riesgo e incertidumbre. Es evidente que hay un antes y un después de la decisión que ha tomado Ferrovial en un contexto de confrontación del Gobierno con los grandes empresarios. Esperemos que todos sepan ocupar su lugar y no haya un efecto en cascada que repita a nivel nacional lo que le pasó a la Cataluña de Puigdemont.