Una reforma fiscal 'a la brava' para lidiar ante el Tribunal Constitucional

Ya en el primer Gobierno de Sánchez tras la moción de censura, la entonces ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, aseguraba que todo estaba preparado en su departamento para llevar a cabo la renovación de la estructura territorial y la financiación autonómica que necesitaba este país, después de tantos años de parálisis en ese campo en la Administración Rajoy. Claro que entonces no sabía que luego le iba a tocar ser presidenta del Congreso y dedicarse a otras labores mayores que le obligaban a ceder el testigo a la canaria Carolina Darias y, tras las carambolas políticas de las elecciones catalanas y la pandemia, al catalán Miquel Iceta. Muchos ministros y demasiadas tribulaciones en muy poco tiempo como para afrontar un reto tan importante, con permiso de la pandemia.

Tanto recoveco político ante semejante desafío le ha dado margen a la titular de Hacienda, por fin, para nombrar al elenco de expertos fiscales que deben definir los impuestos del futuro en España y ‘desfacer’ los entuertos que un desarrollo desordenado de la autonomía financiera cedida por la Constitución a las comunidades autónomas ha generado ante la desidia general de los políticos con el tema. Para que nadie se quede dormido y aprovechando la campaña electoral de Madrid, María Jesús Montero anima a sus huestes a empezar por el tejado, con una tarifa mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades y la “armonización” de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, a la brava, como si eso fuera solo un aperitivo fiscal fácil de solventar para enmendar a Díaz Ayuso en su carrera hacia Sol. 

De entrada, todavía no sabe nadie a que 15% se refiere la ministra en Sociedades (del beneficio neto, del resultado contable, en qué sectores, con que deducciones, etc…), algo fundamental que no se puede dejar caer sin más con miles de empresas en crisis por la pandemia. Y en el caso de las herencias y la riqueza, lo que se está tocando de entrada es en la médula de la gestión de muchas autonomías, que están dispuestas a llegar hasta donde sea para que no les quiten sus bonificaciones, y con razón. Es más fácil ceder una parte mayor del IRPF e incluso una parte de Sociedades a las CCAA que tocarles donde son soberanas, en los impuestos ya cedidos o los tributos propios, aunque su impacto en la recaudación esté muy por debajo de la de los grandes tributos.

El tándem Montero-Iceta haría muy bien en revisar los papeles que en su día dejaron hechos los expertos de la ‘Comisión Lagares’ si quieren tener alineadas a todas las CCAA en un proyecto de nueva financiación que no vaya abriendo heridas, en lugar de cerrarlas. Hace 20 años, cuando se creó la base del actual sistema, fue fácil lograr la unanimidad porque se traspasaba Educación y Sanidad con un montón de dinero para gestionar en manos de los ejecutivos autonómicos, pero ahora ya no es tanto cuestión de dinero como de capacidad de gestión y de agravios comparativos para sacar adelante esas áreas básicas del bienestar general (entre otras) sin que haya una guerra total. La pandemia ha puesto sobre la mesa, además, unas necesidades en el ámbito sanitario y asistencial mucho mayores de las que nunca se habían imaginado en España. 

Los de Lagares al menos demostraron que bajando impuestos y favoreciendo el consumo y la actividad privada también aumenta la recaudación y el bienestar social, sin machacar el gasto público. No es la misma situación, por desgracia y por una pandemia que nos está matando a todos, pero no viene mal tenerlo ‘in mente’ por parte de los académicos fiscales que van a marcar el paso de la nueva fiscalidad, sobre todo porque las necesidades sociales, laborales y sanitarias ya han arramplado con todo el margen de gasto público y deuda que se puede aguantar en nuestra economía. En cualquier caso, las soluciones a la incongruencia del modelo de Sucesiones y Donaciones actual y el análisis de lo injusto que puede ser grabar la riqueza dos o tres veces, porque sí -cuando se genera, cuando se tiene, cuando se gasta o cuando se traspasa- que se ha dejado sobre la mesa, no debería echarse en saco roto por cuestiones ideológicas, federalistas o soberanistas, con pocas soluciones válidas para la gente normal.

No es buena señal que la ministra de Hacienda se lance a por Madrid con su acicate armonizador sin tener en cuenta las consecuencias a medio y largo plazo que eso tiene, y después de que el candidato de su partido en la capital, líder de la sensatez monocolor, huya de los impuestos como del agua caliente, como buen intelectual de letras. Si no se hacen bien las cosas en esa comisión de expertos y las bravuconadas partidistas se adelantan a cualquier planteamiento de nueva fiscalidad y financiación con amplitud de miras, nos veremos ante una guerra fiscal autonómica general (no solo de PP y Gobierno) que solo podrá dirimir el Tribunal Constitucional, como ocurrió con el Estatut de Cataluña, pero a la madrileña. Es más, la doctrina que sirvió para que los catalanes no marcaran hace una década lo que debía ser la suficiencia financiera de todos los demás, en negociación bilateral, es la que consagró la autonomía financiera para gestionar y bonificar tributos en las autonomías. A ver quién y cómo les quita ahora ese caramelo a los barones regionales. Sería un error fiar ese proceso tan amplio e importante para todos los españoles solo a ganar las elecciones en Madrid y quitarse de en medio a Díaz Ayuso.