Fueron ampliamente recogidos por la prensa patria los mensajes que Ana Botín, presidenta del Banco Santander, lanzó en la última junta de accionistas del banco al futuro gobierno que salga del 28-A: agenda reformista, sostenibilidad presupuestaria, pensiones, estabilidad institucional, etc. Ha tenido, sin embargo, un impacto mucho menor una petición que realizó en Londres, en una reunión con analistas con motivo del nuevo plan estratégico. En ese encuentro clamó contra la regulación bancaria por los niveles de capital que se están exigiendo a la banca en el viejo continente.
Llevaba tiempo queriendo escribir sobre este tema y reconozco que me sorprendía que los banqueros no se quejaran de esta realidad que lastra el funcionamiento del sistema financiero. Y es que hoy día la banca tiene cuatro problemas principales: uno, márgenes escasos; dos, rentabilidad; tres, eficiencia; y cuatro, su reputación tras la crisis.
Centrémonos en los dos primeros; y no se confundan, están relacionados, pero no son lo mismo. Es cierto que la actual política de tipos de interés del BCE juega a la contra, pero también es cierto que los márgenes bancarios no son un input a la hora de valorar cuál debe ser el precio del dinero. Por tanto, en ese capítulo no se puede y no se debe intervenir. Pero recordando los conceptos básicos de análisis financiero, dado un determinado margen unitario, podemos incrementar los beneficios si rotamos más el balance. En román paladino y aplicado al negocio bancario, que se den más créditos. La concesión de crédito dependerá de la necesidad de dinero para consumir o invertir, pero está limitado por las exigencias de capital que la regulación impone. Aquello de la solvencia, de lo que tanto se hablaba en los momentos más duros de la crisis financiera.
Aquí tenemos, por tanto, un primer enfoque desde el que una exigencia excesiva de capital supone un lastre al crédito. Recordemos, también, que en un sistema bancario con reserva fraccionaria (lo propio en los países desarrollados) crédito y crecimiento económico son dos elementos interrelacionados que se “ayudan” en los ciclos alcistas, pero se “atacan” en los ciclos bajistas (ver The Financial Instability Hypothesis by Hyman P. Minsky).
En cuanto a la rentabilidad, cierto es que, caeteris paribus, un mayor beneficio supone mayor rentabilidad y viceversa. Pero no es menos cierto que si la rentabilidad económica es superior al coste de financiación, un incremento del capital reducirá la rentabilidad financiera. He aquí un segundo enfoque desde el cual una estructura de balance con demasiado capital reduce la rentabilidad para el inversor.
En consecuencia, podemos concluir que si la presidenta del Banco Santander tiene razón y las exigencias regulatorias de capital son excesivas, se reduce el crédito y se ahuyenta a los inversores del negocio bancario.
Y ¿por qué el supervisor actúa así? En mi opinión, porque no se ha hecho un análisis crítico de las causas de la crisis financiera.
Veamos, por ejemplo, el esperpento de los famosos correos aportados a la causa judicial sobre la salida a bolsa de Bankia. Decía el Tribunal de Cuentas en el año 2010 con motivo de una fiscalización de los procedimientos del Banco de España que este organismo supervisor “no dispone de una norma escrita que describa los diferentes procedimientos que se llevan a cabo para supervisar las entidades de crédito, las fases en que se dividen estos procedimientos, las actuaciones que se deben efectuar en cada una de ellas, los documentos que se deben generar en cada momento, su contenido mínimo, las personas autorizadas para cada actuación, las funciones de cada una de las personas que intervienen, así como sus responsabilidades.”, para concluir que “Esta falta de concreción escrita del procedimiento de inspección bancaria provoca subjetividad y falta de transparencia en la función del supervisor.”
No nos puede extrañar, por tanto, visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, que lo que vuelen en el juicio de Bankia sean correos electrónicos y no informes firmados, con la inseguridad jurídica que ello supone, tanto para los administrados como para el correcto ejercicio de la función supervisora.
Pues bien, estas deficiencias en el proceso de supervisión no son en sí mismas causa de la crisis pero sí permiten que se produzcan decisiones subjetivas y poco transparente, como concluye el órgano fiscalizador, que entorpecen el proceso de supervisor financiera y pueden provocar el agravamiento de una crisis.
Esta situación no ha mejorado con el traslado de la supervisión bancaria al BCE, probablemente haya empeorado. La supervisión del BCE se plantea como una labor más próxima a la auditoría que a la función supervisora tradicional. Gran parte del trabajo se externaliza y se maneja en un concepto de solvencia extremadamente complejo. Lo primero puede acarrear el conflicto de interés de las grandes auditoras beneficiarias de esa externalización; lo segundo, abre las puertas a los arbitrajes regulatorios y a que la norma solo la cumpla quien quiera cumplirla.
Todas estas cuestiones son tan graves o más que las que referíamos al supervisor español, que acabó equiparando informes formales y meros correos electrónicos. Ponen de manifiesto una debilidad inherente al modelo actual de supervisión y al concepto de solvencia aplicado. Esto no significa que el BCE actúe ilegalmente, significa que la supervisión que ejerce, en opinión de este autor, no es adecuada y, como contrapeso, se elevan los requerimientos de capital de los que se queja la presidenta del Banco Santander. El supervisor, temeroso de una nueva crisis y sabedor de estas debilidades, intenta fortalecer los cimientos de la banca sin percatarse de que, lejos de conseguir su objetivo, este exceso de capital supone un lastre al sistema crediticio y a la rentabilidad de los bancos.
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