Las Cortes Generales siempre han sido fuente de noticias. De hech,o ser cronista parlamentario es una vieja profesión que no ha desaparecido ni lo hará por la irrupción de la digitalización. Larra en el siglo XIX, Azorín en el XX o Luis Carandell en la transición nos deleitaron con sus artículos escritos en sede parlamentaria. Siempre se necesitará el buen oficio de profesionales que separen la paja del grano y nos cuenten lo relevante de esas prolijas y tediosas sesiones plenarias.
Pero eso no quiere decir que de ahora en adelante los periodistas adscritos al Congreso y Senado lo vayan a tener fácil. Para muestra un botón. La semana pasada los medios nos contaron la enésima bufonada del parlamentario Rufián que esta vez desbordó la paciencia de la presidenta del Congreso y finalmente fue expulsado no sin antes protagonizar, un conmilitón, la noticia de la semana, con un amago de esputo al ministro Borrell. Muy difícil es no llevar a portada este incidente pero más todavía es categorizarlo como menor frente a otras decisiones tomadas en la misma institución precisamente el mismo día.
Sin pena ni gloria llegó a los medios de comunicación que el Senado había aprobado la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales (LOPD). Quizás porque esta pasada primavera acabamos todos hartos de recibir correos electrónicos que nos alternaban de la inminencia de una nueva norma de protección de datos en la que Europa nos exigía más rigor a empresas y ciudadanos a la hora de manejar datos personales. Tantos mensajes que como una espada de Damocles amenazaban con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) si no dábamos nuestro consentimiento a cientos de empresas -la mayoría de veces desconocidas para nosotros- dio como resultado el contrario al deseado, nos hicimos insensibles, por hartazgo, a estar atentos al uso de nuestros datos.
Es aquí donde el noble oficio del informador parlamentario ha de seguir teniendo sentido. Porque entre múltiples comisiones y largos ordenes del día hay que encontrar que casi a la vez que Rufián era expulsado, el pleno de la Cámara Alta del día 21 de noviembre aprobó, con mucho retraso -seis meses frente la obligación europea- y con una amplia mayoría, 220 votos a favor y 21 en contra.
Únicamente algunos medios especializados dedicaron un breve para alertar de que la nueva norma permitiría a los partidos políticos rastrear datos y realizar perfiles ideológicos de los ciudadanos. A partir de ahí tirando de ese hilo las redes sociales se hicieron eco, con cierto alarmismo y muchas críticas a los partidos políticos por usar datos privados para su beneficio. Indignación es la palabra que mejor resume el estado de ánimo de los que opinaron sobre este asunto. Como si el uso de nuestros datos para intereses espurios fuese algo nuevo y los partidos políticos los únicos ideólogos de esta funesta práctica.
Los lectores de esta columna recordarán el dataísmo, este fenómeno se describe como una ideología emergente casi una “religión” en la que se adoran los datos como el bien supremo. El término se acuña sarcásticamente como expresión de un mundo que nos ha tocado vivir en el que las grandes empresas tecnológicas convertidas en plataformas usan los datos de sus usuarios como mercancía con la que ganas pingues beneficios sin que la indignación anteriormente mencionada incendie twitter. Es más fácil obtener eco digital atacando a los políticos que a las plataformas que sostienen las redes sociales.
En cambio -a pesar de lo poco que se ha hablado de ello estos días- la ley aprobada en el Senado, sí pone el dedo en la llaga y regula -casi como una suerte de nueva carta de derechos- realidades nacidas con la irrupción de internet. La neutralidad de la red y su acceso universal, los derechos a la educación y seguridad digital así como el derecho al olvido, la portabilidad y el testamento virtual. También el derecho a la desconexión digital, la libertad de expresión, la rectificación y la protección de los menores en interna tienen su espacio en esta norma.
Una buena noticia que ha de ser conocida y que desde numerosas instituciones venía tiempo reclamándose. Sin ir más lejos el mismo día que se aprueba la norma en cuestión, el Rey Felipe VI pero también el prestigioso jurista Antonio Garrigues Walker manifestaron respectivamente su preocupación por respetar la privacidad de las comunicaciones digitales y luchar por la verdad en las redes sociales. Por último la Universidad de Deusto ha presentado un valiente manifiesto a favor de una actualización de los derechos humanos en los entornos digitales que les animo a ojear. Ya que además de lo regulado en la LOPD se habla del derecho a la propiedad intelectual en la red, la igualdad de oportunidades en la economía digital o el derecho a la alfabetización digital, todo desde una perspectiva legal, empresarial, técnica y ética.
Estoy seguro que algún medio se hará eco de esta declaración universitaria porque todavía hoy quedan, espero que por mucho tiempo, profesionales en las redacciones que saben que hay noticias que no aparecen en los sofisticados motores de búsqueda implementados por los feligreses del dataísmo.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios