Esclavos de Keynes: Examen al Sector Público

Eleconomista británico John Maynard Keynes, en su famosa Teoría General del empleo, el interés y el dinero, escribió que aquellos“hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, suelen ser a menudo esclavos de algún economista difunto”.

Pues bien, si damos rienda suelta a la imaginación, y asumimos que nuestra clase política está constituida por personas “prácticas”, podríamos afirmar, sin lugar a dudas, que son ellos quienes precisamente han caído bajo el yugo intelectual del propio Keynes y su paradigma. En toda Europa, y particularmente en España, los partidos políticos han adoptado las recetas keynesianas de gasto público y estímulo de la demanda agregada para tratar de alejar definitivamente al fantasma de la crisis económica que nos golpeó tan duramente hace ya casi una década.

Incluso hoy, el mal calificado gobierno “liberal” del Partido Popular de Mariano Rajoy, no ha dudado en mantener un gasto público que aúnes superior a los años previos a la crisis, pasando de un 38,9% de gasto público sobre el PIB en 2007 hasta el 41,6% en la actualidad.Estos datos evidencian que el discurso convencional en torno a la tan manida crítica a la austeridad de los gobiernos europeos carece de sentido. De hecho, tal y como confirma un reciente informe de la OCDE, “Government at a Glance 2017”, la práctica totalidad de los gobiernos de los países desarrollados han aumentado su peso en la economía.

En España, es cierto que un gran porcentaje de este incremento del gasto público en los últimos años viene explicado por el efecto de los denominados estabilizadores automáticos, siendo notorio el caso de las transferencias en materia de subsidios por desempleo como consecuencia del paro, o por el aumento de otras partidas de gasto importantes como el pago de las pensiones, debido al envejecimiento progresivo de la población. No obstante, también es preciso atender al gasto discrecional ejecutado por el sector público, en forma de diferentes proyectos de inversión pública (recordemos el “Plan E”), subvenciones, gastos de la Administración española y otra serie de políticas públicas más controvertidas, como el caso del rescate a las cajas de ahorro.

Para financiar todo este gasto público,los últimos gobiernos han optado por aprobar sucesivas subidas de impuestos, elevando la presión fiscal de los españoles hasta el 35% del PIB e incurriendo en una deuda pública cercana al 100% del PIB. Siguiendo la famosa cita de Mario Draghi, “todo lo que sea necesario” para mantener nuestro Estado de Bienestar, incluso si se trata de reducir la renta disponible de los hogares y empresas.

Sin embargo, a pesar de soportar mayores impuestos, la economía privada ha conseguido con su esfuerzo reducir su deuda en más de un50 % del PIB desde su nivel máximo de 2010. El gobierno, por el contrario, es incapaz de cumplir con sus objetivos de déficit público, al tiempo que la Seguridad Social agota su Fondo de Reserva y se ve obligada a pedir un préstamo al Tesoro Público superior a los 10.000 millones de euros.

En este contexto, es preciso plantearse si la mejor política económica para lograr una recuperación económica sostenible es estrangular más a la economía privada para alimentar los compromisos de un Estado de Bienestar que solo es capaz de confirmar su caducidad.

Más allá del problema económico, el Estado ha demostrado no ser inmune, rompiendo el vínculo entre lo que los ciudadanos aportan a través de impuestos y cotizaciones sociales, y lo que reciben en términos de bienes y servicios públicos, originando con ello una profunda falta de credibilidad.

En este sentido, la grave crisis institucional que estamos viviendo con Cataluña no es más que otra consecuencia de lo que el economista francés Bastiat calificó como “pillaje recíproco”: un modelo bajo el cual todos vivimos a costa de todos, y para mantener ese orden, el Estado debe prometer nuevas prebendas que no puede cumplir.

Nuestros políticos, esclavos de Keynes, persistirán en incrementar el gasto público a toda costa bajo el pretexto de generar un impacto positivo en la sociedad. Dependerá de nosotros, los ciudadanos, cambiar este modelo, empezando por exigir una rendición de cuentas clara y transparente, con una evaluación de políticas públicas más efectiva y demandando una reforma integral de la Administración que permita a la economía privada culminar su saneamiento, abriendo el camino a nuevas inversiones productivas que generen un crecimiento sostenible, y no basado en el endeudamiento.