Guindos y la reforma de las pensiones: ¿Quién le pone el cascabel al gato?

E

l Ministerio de Economía ha anunciado este lunes una nueva reforma de las pensiones, concretando dos medidas clave sobre los planes de pensiones privados: primera, la posibilidad de retirar el dinero de estos planes a los diez años sin ninguna restricción, y segunda, una reducción de las comisiones máximas que la entidad puede cobrar al titular.

Tal y como ha reconocido el propio ministro Luis de Guindos, el objetivo de esta reforma busca incentivar el ahorro de los trabajadores, especialmente entre los más jóvenes, quienes, en virtud de lo que en la teoría económica se denomina ley de preferencia temporal, aplazan sus decisiones de ahorrar porque el escenario de su jubilación se sitúa en un horizonte temporal más largo.

Por tanto, el objetivo de la reforma constituye un reconocimiento tácito del agotamiento del sistema público de pensiones, que desde hace años ha venido sufriendo su deterioro debido al progresivo envejecimiento de la población española, unido a un mercado laboral demasiado rígido e incapaz de generar empleo de calidad para que los trabajadores financien el esquema de reparto a través de las cotizaciones sociales.

No obstante, los diferentes gobiernos han tratado de sortear este problema estructural mediante sucesivas políticas en torno al denominado Pacto de Toledo, que se han traducido en última instancia en una clara ruptura de la equivalencia entre los ingresos que el trabajador aporta al sistema, y lo que recibirá como pensión en el futuro.

Precisamente, por el lado de los ingresos vía cotizaciones sociales, los trabajadores han visto cómo su cuña fiscal, que se mide como el porcentaje que representan el IRPF y las cotizaciones sociales sobre el salario bruto, se ha elevado hasta casi el 40% en España, superando incluso a la media de los países de la OCDE. Por el lado de los gastos, en cambio, se ha producido una reducción paulatina de las pensiones, limitando las condiciones de los beneficiarios mediante la elevación de la edad de jubilación, el aumento del mínimo de años exigidos a cotizar para obtener el derecho a cobrar la totalidad de la prestación, o la desindexación de las pensiones.

A pesar de estas medidas, nuestra Seguridad Social arroja un déficit superior a los 18.000 millones de euros en 2016 (superior al 1,5% del PIB), y se prevé que el Fondo de Pensiones cierre el presente año con un importe entre los 7.000 y 7.500 millones de euros, estando prácticamente agotado.

Teniendo en cuenta este contexto, que evidencia el estado de crisis del sistema, algunos organismos, como el propio Banco de España, vienen reclamando desde hace años la necesidad de complementar las pensiones públicas con ahorro privado. Sin embargo, resulta paradójico que Luis De Guindos trate de incentivar el ahorro privado cuando las políticas de su propio gobierno se han dirigido, precisamente, a esquilmar la renta disponible de familias y empresas a costa de soportar mayores impuestos. Por ello, es de lamentar que la reforma de De Guindos no plantee abordar (en coordinación con el Ministerio de Hacienda) una fiscalidad más atractiva para los planes de pensiones en particular, y para cualquier plan de ahorro en general.

Sin embargo, lo más grave es la absoluta falta de transparencia del gobierno con respecto a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, lo cual invita a muchos trabajadores a incurrir en un “efecto sustitución”, es decir, teniendo en cuenta el sistema impositivo vigente, renuncian al ahorro y consumen más en el presente porque piensan que dispondrán de unas pensiones en el futuro que serán sufragadas por las siguientes generaciones.

Este efecto sustitución queda confirmado por los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran cómo la tasa de ahorro de los hogares españoles se encuentra en el 6,5% de la renta disponible, el nivel más bajo en nueve años.

En muchos países de nuestro entorno, incluso en el manido ejemplo de país socialdemócrata como se suele calificar a Suecia, hace décadas que iniciaron reformas profundas en sus sistemas de pensiones, diseñando una transición desde el modelo más puro de reparto hacia un sistema mixto que integre esquemas de capitalización individual.

Es preciso que el gobierno sea responsable y transparente con los ciudadanos, ya que probablemente el problema de las pensiones es una de las tareas más urgentes a resolver en la economía española.

Sin duda alguna, De Guindos es plenamente consciente de esta problemática, pero ¿será él quien ponga el cascabel al gato?