Marca de Agua

A Sánchez ya solo le queda meter a Rufián en el Gobierno

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras una rueda de prensa posterior a la Comisión de Presupuestos en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 24 de noviembre de 2020. En dicha comisión se ha debatido y votado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, así como las cerca de 4.000 enmiendas presentadas por los grupos a unas cuentas que llegan a esta fase de su tramitación sin la subida de impuestos al diésel, con el sueldo del Gobierno 'congelado' y modificaciones a sus secciones por valor de más de 100 millones de euros. 24 NOVIEMBRE 2020;COMISION DE PRESUPUESTOS;CONGRESO;MADRID; E. Parra. POOL / Europa Press 24/11/2020
A Sánchez ya solo le queda meter a Rufián en el Gobierno.
Europa Press

Hasta el Día de los Enamorados, aquí no se mueve nada ni nadie. Los efluvios amatorios y los ardores guerreros en el seno del Gobierno, incluida su remodelación, solo a partir de San Valentín. La instrucción de Moncloa es tajante: hasta las elecciones catalanas paciencia y barajar, ignorar las provocaciones de Iglesias y cerrar el pico en Madrid mientras Iceta se desmelena en Cataluña como estrella del karaoke. Una vez cerrada la aprobación final de los Presupuestos, a Pedro Sánchez le queda solo el examen de las catalanas. Después, se abre ante él un páramo electoral de casi tres años, una travesía mesiánica del sanchismo en pos de un Régimen a su medida, mientras el centroderecha vaga como un coro de esclavos.

Así que su objetivo inmediato es que a partir del 14 de febrero gobierne en Cataluña una coalición de republicanos y podemitas presidida por ERC, con el apoyo directo de los socialistas. 'Do ut des'. Yo te apoyo en Madrid, tú me apoyas en Barcelona. Yo cedí para salvarte la poltrona, tú cederás a mis exigencias soberanistas para liderar la nueva Cataluña y aislar a Puigdemont. Ese fue el pacto, ¿te acuerdas?

Las encuestas son propicias al plan, pero los sanchistas quieren asegurarse la pieza y, para ungir al partido de Junqueras como único negociador, abrirán la campaña electoral tirando de talonario y dando a crédito media docena de reclamaciones republicanas. Además del indulto (que llegará) y de la devaluación del delito de sedición (que ya está aquí), Sánchez ha decidido desempolvar la moleskine soberanista con su largueza habitual.

Después de Reyes, entre vacuna y vacuna, el sanchismo rescatará de su polvorín la Declaración de Barcelona (julio de 2017), por un lado, y la Declaración de Pedralbes (diciembre de 2018), por otro. Las dos patas del banco en el que Gobierno y Generalitat quieren sentar a todos los catalanes, pero en especial a los contrarios a la independencia. Recordemos brevemente las promesas de la declaración socialista de Barcelona: reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña, con reflejo expreso en un nuevo Estatuto y en una nueva Constitución; crear un Poder Judicial propio y elevar su Tribunal Superior a última instancia jurisdiccional; presencia de Cataluña en la Unesco como miembro de pleno derecho; y rescate, mediante una nueva redacción, de la parte del Estatut que fue anulada por el Tribunal Constitucional. También se insta a reducir la aportación catalana a la caja común, al tiempo que se crean nuevos impuestos locales, y a transferir más competencias.

En cuanto a la Declaración de Pedralbes, que cumple ahora dos años, baste recordar sus cargas de profundidad: reconocimiento oficial y solemne de un conflicto político entre España y Cataluña, es decir entre “españoles y catalanes” como si se trataran de dos naciones diferentes; crear una Mesa de Partidos que acuerde un nuevo modelo político, con el arbitraje de un relator o coordinador internacional, especie de árbitro entre las partes. Como dato revelador, conviene recordar finalmente que de esta Declaración de Pedralbes desapareció, por exigencia de los separatistas, la referencia a la Constitución como marco y límite de toda negociación. Los sanchistas tragaron.

Como han tragado, a modo de aperitivo, con las exigencias de Rufián a cambio de votar los Presupuestos: levantar el control financiero que se impuso a la Generalitat para que no financiara el golpismo (parece que sin mucho éxito, ciertamente); entrega de 2.300 millones de euros, más de lo que aporta Cataluña a la caja común; y, lo más chusco de todo, reformar la normativa fiscal para impedir que la Comunidad de Madrid baje los impuestos. Después de esto, no cabe ya otra cosa que, como ha pedido públicamente Rodríguez Zapatero hace unos meses, proceder a la incorporación de Rufián al Consejo de Ministros de España, siguiendo la rutilante estela de Lluis Companys con tan brillantes resultados.

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