Marca de agua 

Las cesiones ante los separatistas ponen en pie la España de los agraviados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe en el Palacio de la Moncloa al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès.
Ricardo Rubio / Europa Press
29/6/2021
Las cesiones ante los separatistas ponen en pie la España de los agraviados. 
Europa Press

Como predicador del amor fraterno, Pedro Sánchez cree que absolviendo a los separatistas catalanes sofocará el incendio y que bastarán unos manguerazos de miles de millones para devolver Cataluña a su condición de oasis. Nada tan relajante para un independentista como que el Estado le pague por su trabajo. Así que el sanchismo compra concordia en Barcelona a precio prohibitivo y vende humo en el resto de España. Pacta la fianza de los malversadores, pero la factura la pagan los demás españoles. Servil con los desleales, bravucón con los honrados.

Está por ver que la política de rendición preventiva y de cesiones sirva para que los separatistas acaten la legalidad y retomen el camino de la Constitución, aunque sea a regañadientes. No dan señal alguna de que así sea, por más que el Gobierno se deshaga en reverencias y zalemas. Al contrario, el desprecio público que han mostrado hacia los indultos y la arrogancia con la que se pasean por Europa llevan a la conclusión, dentro y fuera del país, de que España ha pedido perdón a los sediciosos por tener unos jueces vengativos y revanchistas. Yo me acuso.

Lo malo de abaratar el golpismo y de premiar a sus instigadores es que estimula la imitación. O, al menos, incita al resto de las comunidades autónomas a exigir los mismos privilegios. Una vez validada la actuación de los gobiernos desleales de Cataluña, antes y después del 1-O, el Ejecutivo de la nación carece ya de toda autoridad moral para exigir a las demás regiones el estricto acatamiento de las normas generales. Si legalizas que la lengua oficial del Estado sea proscrita de las aulas catalanas y de la vía pública, ¿con qué argumento te opones a que los madrileños se salten a la torera la Ley Celaá? Si autorizas y aun elogias que la Generalidad arbitre hasta 30 impuestos a su criterio, ¿con qué legitimidad impones a Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia… una “armonización fiscal” para suprimir las bonificaciones que tanto alivian al contribuyente? Si nutres generosamente la avaricia de los sediciosos, ¿cómo justificarás la racanería con los demás?

Naturalmente, no hay ni una sola comunidad autónoma dispuesta a cruzarse de brazos ante el espectáculo de un Gobierno que entrega a los separatistas las joyas de la abuela. Pedro Sánchez ha abierto la caja registradora para satisfacer a una región y acabará sublevando a las otras 16. Invoca la concordia entre españoles, pero sus decisiones resucitan la España de los agraviados.

La desafección ha empezado ya a manifestarse más o manos abiertamente en diversos gobiernos autonómicos, pero se disparará a medida que los separatistas vayan tasando en la mesa de negociación el coste de su acatamiento constitucional, en el mejor de los casos. Y llegará a su culmen con el reparto de los fondos europeos de recuperación.

Lo que se avecina es una retahíla de reivindicaciones, quejas, exigencias y reclamaciones de todo presidente autonómico que se precie para que sus paisanos no sean menos que los paisanos de Pere Aragonés. Dirigentes como Díaz Ayuso, Moreno Bonilla, Núñez Feijóo, López Miras o Fernández Mañueco no arriesgarán su futuro electoral mirando para otro lado mientras Pedro Sánchez concede a los separatistas el estatus de viajeros de primera clase. Pero tampoco presidentes socialistas como Lambán, Page o Fernández Vara, incluso Ximo Puig, dejarán que se humille a sus conciudadanos como españoles de segunda. En el caso de Puig, además, está obligado por el Estatuto valenciano a exigir exactamente lo mismo que consiga Cataluña.

En su propósito de mantenerse a toda costa en el poder, Pedro Sánchez ha metido la mano en el avispero nacional de los agravios, del que nunca se sale indemne. La dinámica centrífuga que ha puesto en marcha conduce a un nuevo modelo territorial, contrario al pacto constitucional del 78. Que es, precisamente, el objetivo del sanchismo.

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