Por más que callen y con el dedo en boca silencio avisen, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no podrán esquivar el zarpazo político de los ERE. Aunque mire para otro lado, so pretexto de que el mayor caso español de corrupción fue cosa de la Junta de Andalucía y nada tiene que ver con su gestión, el presidente del Gobierno en funciones tiene un serio problema para conformar el nuevo Ejecutivo. A las condiciones que imponga Podemos, algunas tan indigestas como sapos, Pedro Sánchez tendrá que añadir otras derivadas de la sentencia judicial de los ERE fraudulentos, de peor digestión incluso.
No es verdad, como dice la ministra portavoz Isabel Celaá, que el Gobierno esté limpio de polvo y paja, inmaculado y ajeno al gigantesco saqueo de dinero público. Al menos dos ministras en funciones no podrán repetir en el futuro equipo de Sánchez si se aplican las estrictas normas del PSOE sobre incompatibilidades y ejemplaridad política que con tanta prosopopeya proclaman los dirigentes socialistas.
La sentencia de la Audiencia de Sevilla es cristalina y tajante: “La decisión de estas ayudas (de los ERE) no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto”, decisión que “partía del programa político con el que se habían presentado a las elecciones”. Añade y subraya el tribunal que las modificaciones legales y administrativas puestas en marcha para burlar el control de los órganos fiscalizadores fueron aprobadas por todos los consejeros en las reuniones del Consejo de Gobierno presididas por Manuel Chaves y por José Antonio Griñán.
Bastan solamente estos dos párrafos para alterar los planes de Pedro Sánchez, además del sueño, ahora que ya lo había conciliado con Pablo Iglesias. La explicación es bien sencilla: la vicepresidenta Carmen Calvo, que aspira a continuar en el previsible gobierno de coalición con Podemos, perteneció a ese Consejo de Gobierno, en la época de Chaves, que decidió y articuló el entramado normativo para encubrir la malversación de 679.432.179,09 euros. Calvo fue consejera de Cultura desde 1996 hasta 2004, es decir, participó en los Consejos de Gobierno que pusieron en marcha la maquinaria fraudulenta a partir del año 2000. Cuatros años compartiendo criterios y aprobando decisiones conjuntas, ahora juzgadas como delictivas, son demasiados años como para ocultarlos en un currículum apresurado.
Tampoco lo tiene mejor la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que fue consejera de Salud entre los años 2004 a 2010, tanto con Chaves como con Griñán. Nada menos que seis años formando parte de un Ejecutivo que presupuesto tras presupuesto ocultó ingentes transferencias de dinero destinadas a engrasar la red electoral del PSOE.
Naturalmente, ni Carmen Calvo ni María Jesús Montero merecen reproche penal alguno, de lo contrario ya no estarían en funciones. Otra cosa es si el reproche político que deben afrontar es compatible con el “Gobierno progresista”, sea lo que signifique, acuñado con tanta fanfarria por Sánchez. ¿Es progresista formar parte durante años de unos gobiernos corrompidos? Y ¿esto lo sabe Pablo Iglesias, martillo de corruptos y hoz de saqueadores? No hay más preguntas.
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