Le llega el turno a los jueces y a los indultos por la puerta de atrás

Primero vinieron a por RTVE y a por el periódico de más tirada, pero a nadie pareció importarle. Luego expropiaron el CIS, y todo el mundo rió las bufonadas demoscópicas de Tezanos. Controlados los generadores de opinión pública, ocuparon después los resortes que activan la Justicia: la Abogacía del Estado, reducida así a picapleitos del Gobierno, y la Fiscalía General del Estado, asaltada con obscenidad y alevosía por la fiscal más recusable de España. Ahora le llega el turno a los jueces.

Al desactivar Pedro Sánchez el cortafuegos político que mantenía a raya el virus separatista mediante poderosas herramientas, incluido el artículo 155, al Estado constitucional ya sólo le queda un último bastión de defensa: el Poder Judicial, sus jueces, magistrados y fiscales. Del mismo modo que los jueces fueron decisivos para derrotar al terrorismo etarra, pese a los políticos que les instaban a mancharse con el polvo del camino, también ahora son la punta de lanza frente al independentismo y tendrán que resistir las presiones de un gobierno sin escrúpulos. El día que los tribunales flaqueen o sean incapaces de cumplir y hacer cumplir la Ley, el golpismo nacionalista habrá triunfado y la España democrática quedará reducida a un breve paréntesis en su negra historia.

Los dos caballos de batalla que el Gobierno socialcomunista pretende cabalgar picando espuelas son el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, pendientes de renovación. En ambos casos, ha de hacerse por mayoría de 3/5 de los parlamentarios (210), requisito imposible de cumplir sin un pacto con el PP. Y no parece que el clima político, polarizado por el extremismo que destila la nueva Moncloa, sea el más propicio para el acuerdo.

Pablo Casado rechaza el pacto puntual y ha sacado del cajón su propuesta de 2018 para reformar la Ley del Poder Judicial, de modo que 12 de los 20 vocales del Consejo sean nombrados por los propios jueces y los otros 8 por las Cortes. Se trata, en realidad, de volver a los orígenes, cuando en 1980 se puso en marcha el primer Poder Judicial, del que las asociaciones eligieron a 12 miembros. Aquella prometedora experiencia duró poco, justo hasta que el PSOE llegó al poder y cambió la ley para controlar de forma abrumadora el órgano de gobierno de los jueces. El argumento que adujo Felipe González fue de una contundencia brutal: los tribunales no pueden tumbar las reformas del Gobierno. Poco después, Alfonso Guerra dio oficialmente a Montesquieu por muerto y enterrado.

No parece que Pedro Sánchez vaya a renegar de esta tradición socialista, más aún ahora que tiene por escolta a un neocomunista incompatible con la independencia judicial. Dicho de otro modo, los antecedentes del presidente del Gobierno permiten predecir el asalto que se avecina al Poder Judicial. Si Pablo Casado rehúsa pactar una renovación que entregará el Consejo a la izquierda y los nacionalistas, la reacción del Gobierno será tan fulminante como la de Felipe González: con el mantra de que el "bloqueo" lo deslegitima, cambiará la ley para neutralizarlo.

El PSOE siempre ha hecho gala de sus expertos en la técnica de rodear las leyes, algunos de los cuales alcanzaron notoriedad cuando pretendieron colar un Estatuto catalán que reformaba la Constitución por la puerta de atrás. Zapatero causó entonces un grave daño al Estado de Derecho y da la impresión de que ahora Sánchez no será menos. De entrada, ya tiene planeado el indulto a los golpistas mediante el rodeo de modificar el Código Penal en lo referente a los delitos de rebelión y sedición. Al eliminar, rebajar o redefinir este tipo de delitos, los separatistas presos podrán beneficiarse de la reforma y salir a la calle limpios de polvo y paja. Y si los ciudadanos protestan por la cacicada, la culpa será de Vox, del pin parental, del bloqueo o directamente de Franco.