'Memoria democrática', mala memoria y poca democracia

Va a tener razón el escritor holandés Cees Nootebom de que “España es un país que, en lo esencial, no se ha reconciliado”. Ni con sus historia ni con su futuro. A pesar de los últimos 40 años de convivencia democrática y del pacto constitucional de 1978, sigue latiendo en ciertos sectores políticos un oscuro guerracivilismo empeñado en desmentir la reconciliación entre los españoles. Como si la barbarie del 36 estuviera pendiente de un macabro desempate que nunca llega.

De otro modo no se explica la obsesión patológica por resucitar desde el Gobierno una España maniquea de buenos y malos. En apenas 13 años, los socialistas han redactado ya dos leyes, una de “Memoria Histórica” y ahora otra de “Memoria Democrática”, jugando con las palabras y con el pasado como si fueran plastilina en manos de políticos revanchistas. A fuerza de modelar caprichosamente la memoria, la izquierda comete la misma indignidad que cometió el franquismo: dividir a los españoles entre los “nuestros” y los “enemigos”.

A raíz de la ley promulgada por el Gobierno de Zapatero, escribí entonces un artículo que, sin cambiar una sola línea, puede ser aplicado al anteproyecto de ley aprobado este martes por el Gobierno de Sánchez. Hay que ser un desalmado, dije entonces, para oponerse a que los descendientes de quienes fueron asesinados al pie de las cunetas durante la Guerra Civil exhumen sus cadáveres y les den digna sepultura. Ni a los perros se les niega algo tan elemental. Por eso, no tiene justificación alguna que se haya demorado hasta hoy la búsqueda y recuperación de los restos de miles de personas que en su mayoría fueron asesinadas por motivos o excusas políticas a manos de falangistas y franquistas. Sorprende que ningún gobierno democrático haya echado una mano económica y legal a los familiares en este doloroso viaje al pasado que sigue supurando tantos años después. Pero si a los gobiernos anteriores se les debe afear su desidia, al actual hay que censurarle su mala fe. La desastrosa Ley de Memoria Histórica ha tenido la virtud de defraudar a quienes la esperaban más precisa y generosa, pues lo único que les interesa es enterrar con decoro y honor a sus antepasados.

Lo más deleznable, sin embargo, no es la letra de la ley, sino el espíritu mezquino y revanchista que la anima. El principio moral que la impulsa lo resumió en su día el comunista Joan Saura, consejero de Interior catalán: el pelotón de fusilamiento de la República era moralmente superior al pelotón de fusilamiento del franquismo. O sea, que hubo asesinados de dos clases: los buenos de izquierda y todos los demás.

El guerracivilismo que encierra esta actitud lo justifica el Gobierno diciendo que los asesinados por los republicanos ya recibieron reparación durante el franquismo. En vista de lo cual, el Gobierno democrático y el Estado de Derecho cometen la misma indignidad que el franquismo: homenajear sólo a una parte de las víctimas. ¿Acaso los ejecutados sumariamente por la izquierda no merecen el tributo de la España democrática? ¿Dónde queda la superioridad ética de la democracia sobre la dictadura? Lo diré: enterrada en las fosas de la vergüenza. Y esto lo afirma quien aún no ha encontrado a su abuelo entre los escombros de una bocamina donde fue asesinado por forajidos falangistas. Este abuelo, católico y minero de UGT, no habría permitido que la democracia por la que luchó actuara como el régimen que le asesinó.

En su planteamiento inicial, el anteproyecto de la nueva ley de “Memoria democrática” encierra una doble mentira, pues abunda en la desmemoria sectaria y agravia la democracia al no condenar por igual a sus dos grandes enemigos de entonces y de ahora: los fascistas y los comunistas. La hemiplejia moral de esta izquierda nos condena a una España machadiana sin paz ni piedad ni perdón.