De Murcia a Bruselas: el sanchismo no gana para disgustos y Casado se viene arriba

Sin anestesia, con una contundencia inusual, la Comisión Europea acaba de propinar al Gobierno español un humillante varapalo a cuenta de la independencia judicial. El ministro Juan Carlos Campo fue a Bruselas a dar la cara por una ley sanchista de control del Poder Judicial y se la han partido sin contemplaciones. Apenas si existen precedentes de un correctivo similar desde la integración de España en la UE, hace casi 40 años. En todo caso, se trata de la mayor derrota política que ha sufrido Pedro Sánchez como presidente, cuya reputación ha bajado muchos puestos en los índices internacionales de calidad democrática. Codearse con Polonia y Hungría en esta competición no es precisamente la mejor credencial.

Fue muy mala idea ceder a los impulsos despóticos de Pablo Iglesias, demasiado impaciente por meter sus manos en el gobierno de los jueces, que hacían saltar por los aires el equilibrio de poderes del Estado de Derecho. De haber prosperado el plan de suprimir la mayoría cualificada para elegir el Poder Judicial, la Constitución, ese “candado del 78” para los podemistas, también habría saltado por los aires. Menos mal que nos queda Europa para defendernos de nosotros mismos.

Pablo Casado, por el contrario, se ha apuntado su mayor éxito político desde que lidera la oposición. Tuvo el acierto de reaccionar con prontitud a la maniobra sanchista y en octubre puso sobre aviso al comisario Reynders. Luego fueron los propios jueces los que, en número de 2.500, se sumaron a la campaña en defensa propia. El resultado final da la razón a los magistrados y fortalece a Casado al frente de un partido que empieza a recoger triunfos donde el PSOE cosecha fracasos. Desde Murcia a Bruselas, Moncloa no gana para disgustos.

Es probable, no obstante, que el recurso a Bruselas de jueces y populares hubiera sido menos eficaz si el Gobierno español no estuviera esperando el maná europeo de los 140.000 millones. La mera posibilidad de ponerlos en peligro o de retrasarlos por un quítame allá esa independencia judicial causaba tanto pavor en Pedro Sánchez que incluso aplacaba sus ínfulas cesaristas. Ahora toca portarse como buenos alumnos, no irritar a los inspectores, aprobar los exámenes aunque sea copiando y pillar la pasta para salir del agujero en que nos han metido la pandemia y los errores de gestión. Si el ministro Campo ha retirado la malhadada reforma judicial no es porque se le haya aparecido Montesquieu, sino porque España está en situación de rescate.

Más allá, si embargo, de los pelos que cada cual se haya dejado en la gatera política, el puñetazo en la mesa de la Comisión Europea tiene repercusiones que bien pueden calificarse de cruciales para el futuro de un Poder Judicial libre e independiente de verdad. Pero también para enmendar la gran estafa constitucional que se produjo en 1985, cuando Felipe González modificó la Ley del Poder Judicial para quitarle a los jueces, de los que no se fiaba, la competencia de elegir a sus consejeros de gobierno, tal como establece la Constitución. Aquella maniobra otorgó a los dos partidos mayoritarios el control del tercer pilar del Estado, si bien les obligaba a consensuar los nombramientos por mayoría de 3/5 del Congreso; a este clavo ardiendo fue al que se agarró el Tribunal Constitucional para blanquear la trampa.

No es casual que el comisario Reynders insista en que “los jueces deben elegir el 50% del Consejo General del Poder Judicial, porque ese es el estándar europeo”. También fue un día el estándar español, pero se malogró por la bulimia partidista. Harían bien los políticos en seguir la flecha europea, aunque sea para retomar el que fue originariamente nuestro propio camino.

Puestos a consolidar el Estado de Derecho para preservarlo de las tentaciones okupas del sanchismo, también deberían atenderse las indicaciones de Bruselas sobre el estatuto de la Fiscalía y el nombramiento del Fiscal General. Que una ex ministra pueda ocupar, sin el más mínimo escrúpulo, tan delicada responsabilidad pone de manifiesto que la arquitectura judicial española está aún lejos de ese estándar europeo que nos reclama Europa y que, por lo demás, conviene a la confianza de los ciudadanos en la Justicia, de la que no anda muy sobrada.