Ofensiva contra los jueces, último dique frente la demolición del 78

Con un manoseo impúdico y apresurado, el Gobierno sanchista-leninista está deteriorando la mayoría de las instituciones hasta desfigurarlas como caricaturas de sí mismo. En apenas unos meses, Sánchez e Iglesias han hecho más daño al edificio constitucional que 40 años de trasiego democrático. El último capítulo de esta malversación institucional es la utilización partidista del Rey con el fin de satisfacer a los separatistas catalanes y de castigar a un Poder Judicial tachado de “ilegítimo” por los “okupas” del Ejecutivo.

Pero no se detendrán aquí el sanchismo y la extrema izquierda. El objetivo siguiente son, precisamente, los jueces, el tercer pilar del Estado de Derecho y el último dique de contención frente a la dinamiteros del pacto constitucional de 1978. Sometida la Fiscalía y reducidos a servidumbre los fiscales como simples picapleitos del Gobierno, con navajazos de taberna incluidos, nada se opone a los planes de la mayoría “frankenstein” salvo la judicatura independiente.

No sin razón, la Comisión Europea acaba de llamar la atención a España sobre el deterioro que para el Estado de Derecho supone que el Gobierno haya colocado a una ex ministra de Justicia y militante de partido al frente de la Fiscalía General. Es una lástima que para cargarse de razón el informe de Bruselas no haya recordado la ya famosa bravata de Sánchez: “¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues eso”.

Así que ya sólo quedan los jueces como último escudo protector. De ahí que para Moncloa sean un obstáculo indeseable que urge neutralizar. El inaudito ataque del presunto ministro Castell contra el Tribunal Supremo, al que llamó “provocador” por confirmar la inhabilitación de Torra, señala con claridad quién es el nuevo enemigo público número 1. El impecable desempeño judicial frente a los golpistas, (antes, durante y después del golpe sedicioso), les resulta imperdonable y, en todo caso, algo que no debe repetirse, razón por la cual reformarán el Código Penal a gusto de los separatistas.

No es casual, por tanto, que en las últimas semanas hayan menudeado las amenazas, los ataques y hasta los insultos groseros contra los jueces. Hasta en tres ocasiones, el Poder Judicial ha tenido que exigir públicamente respeto por las agresiones de Podemos a la independencia de los magistrados. El PSOE ha observado una complicidad indigna con los agresores y ha promovido un manifiesto de la mayoría parlamentaria que le sostiene cuya finalidad no es tanto embestir contra el PP a cuenta de la renovación del Poder Judicial, cuanto infundir miedo a los jueces advirtiendo de oscuras represalias. Hasta ese grado de contagio ha llegado el virus sanchista en el cuerpo de la socialdemocracia española, hoy en la UCI para escándalo de los socialdemócratas europeos.

Como revela Antonio Garamendi, el carismático presidente de la CEOE, cuando le llaman de Europa no lo hacen para interesarse por los ERTE, sino alarmados por el desbarajuste gubernamental que, en medio de una pandemia descontrolada, nada respeta, ni la Jefatura del Estado, ni la monarquía parlamentaria, ni el ordenamiento territorial, ni la independencia de los órganos de vigilancia y control, ni la televisión pública, ni la neutralidad de los expertos sanitarios, ni la lealtad institucional. Por supuesto, tampoco respetan la independencia de los tribunales.

La alarma europea no es baladí ni son inocuos sus efectos sobre los inversores internacionales. Preocupa, y mucho, la deriva de España por su pésima gestión de la pandemia y sus catastróficas consecuencias económicas. El Gobierno de Sánchez e Iglesias impuso durante 120 días el más drástico de los confinamientos, al punto de provocar una caída sin precedentes del PIB superior al 12%. Sin embargo, y a diferencia de lo ocurrido en otros países, el confinamiento no ha servido para casi nada y el virus sigue arrasando vidas y haciendas en medio de las disputas políticas.

Que una veintena larga de países, incluidos los amigos y benevolentes, hayan señalado a nuestro país como apestado indeseable va más allá de una simple cuestión sanitaria: supone el hundimiento sin precedentes de nuestra reputación. ¿Qué nación o inversor va a respetar a un país que no respeta sus propias instituciones democráticas y levanta la veda contra los jueces independientes? Ninguno, salvo Cuba y Venezuela.