Recuento de daños en la Barcelona del pillaje

Debajo de los adoquines sólo había frustración e impotencia. No había playa, como en París, ni tierra prometida a la que arribar. Tras las barricadas, en Barcelona aún llueven cenizas y un insoportable hedor a indignidad recorre las calles donde asoma el pillaje nacionalista sin máscaras ni veladuras. Los saqueos son la metáfora exacta de una Cataluña descerrajada por el separatismo. Hasta ahí ha llegado la república de los idiotas, según sentencia firme del Tribunal Supremo.

Pero no sólo han conspirado los idiotas durante estos días de ruido y furia. Si Cataluña ha estado bloqueada hasta el secuestro, acorralada en las plazas, cortadas sus autopistas y ocupados sus puertos y aeropuertos es porque los cachorros del separatismo olieron el miedo del Gobierno y porque el Estado desapareció cuando más se le requería. Lo que se esperaba de Pedro Sánchez y del ministro Marlaska es que defendieran la libertad de todos los catalanes, no sólo de los nacionalistas a patear las leyes, con la decisión y contundencia de un Estado de Derecho que se respeta a sí mismo. No lo hicieron. Al no desplegar el contingente necesario y no dotarlo de los medios adecuados para hacer frente al terrorismo callejero, el Gobierno convirtió a los policías en carne de barricada.

De hecho, el ministro del Interior destinó a la batalla barcelonesa los mismos efectivos que suelen emplearse en un partido Madrid-Barça: 1.500 policías nacionales. Más a más: de los 16.500 mossos que hay en Cataluña, sólo se movilizó un 10 por ciento, incluidos los que tuvieron a bien acompañar a Torra por la AP-7 cortada. Con el agravante de que no se autorizó ni a unos ni a otros, ni a mossos ni a policías, el uso de los medios que habitualmente emplean contra los “hooligans”. Sólo así se explica el abultado número (300) de policías heridos en las refriegas, algunos de gravedad. ¿Es esto proporcionalidad? ¿Cuál es el sentido de la proporción del ministro Marlaska: el empate a cero? El resultado real, el que ha subido al marcador de la opinión pública, es la derrota de un Estado acomplejado al que encerraron en su área y humillaron en la carne de sus más leales servidores.

Sí, el nacionalismo incendiario y golpista, ya no solo sedicioso, olió el miedo del Gobierno de Sánchez, temeroso de irritar a las izquierdas y a Junqueras, con los que aspira a pactar, no tardando mucho, tanto en el Congreso como en el Parlament. Con toda frialdad, Moncloa hizo cálculos sobre los daños colaterales que podría asumir sin arriesgar en la carrera electoral y optó por la política de fogueo: si tenía que correr la sangre, y corrió, que no fuera la ajena. A fin de cuentas, nada que no se pueda enjugar con una visita a los heridos, tan enternecida que ni Lady Di la hubiera mejorado.

La valiosa demostración de vigor que para el Estado de Derecho supuso la sentencia del Supremo, incluidas las críticas recibidas, no ha sobrevivido a la semana de odio y fuego decretada por los separatistas. Cuando las reglas de circulación las promulgan los saqueadores y los sicarios, sin que la autoridad democrática les ponga freno, no sólo retroceden las libertades, también se abona la tierra para que crezcan los salvapatrias providenciales.

Es de temer, sin embargo, que no se detenga aquí la devaluación del Estado de Derecho construido tras la muerte de Franco, si es que el dictador ha muerto y no anda por ahí reanimado por el Gobierno socialista con el fantasmal propósito de arañar unos votos. El canguelo de Pedro Sánchez ante las barricadas no presagia nada bueno ante el propósito de la Generalitat de excarcerlar, tras el 10-N y sin cumplir ni la mitad de la pena, a los políticos condenados por sedición y malversación. Torra lo tiene todo previsto: los reos serán catalogados como de segundo grado y se les aplicará sin demora el artículo 100.2 del Reglamento de Prisiones, que bien podría llevar el nombre de Oriol Pujol como símbolo de la generosidad con el delincuente.

Ya sabemos lo que piensa hacer Torra, pero ¿qué piensa hacer Sánchez, ya sea como presidente en funciones o electo, ante la burla y la humillación anunciadas? Tal vez convenga recordar sus propias palabras con motivo de la sentencia del Supremo: “Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado- y me gustaría, además subrayarlo- con plenas garantías y a su transparencia, y como corresponde en un Estado Social y Democrático de Derecho el acatamiento de la misma significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento”. Queda dicho y escrito: “Significa su íntegro cumplimiento”. Pronto sabrán los ciudadanos si, como en la semana aciaga de Barcelona, el Gobierno abunda en la humillación al Estado de Derecho o recupera la dignidad perdida bajo los adoquines.