Domingo, 08.12.2019 - 04:08 h
Marca de agua

Regreso a Pedralbes, el bucle melancólico de Pedro Sánchez

Atrapados en un bucle melancólico, volvemos a Pedralbes de la mano de Pedro Sánchez y los separatistas catalanes, como si el año transcurrido desde la “cumbre” con Torra solo hubiera sido un “break” para ir al baño, como si en ese nebuloso paréntesis no se hubieran registrado dos elecciones generales, una investidura fallida y una sentencia judicial que condenó por sedición a los políticos a los que ahora se convoca para negociar.

Al elegir, en un rapto de progresismo súbito, al insomne Pablo Iglesias como pareja de gobierno, que no tiene escaños suficientes para conformar una mayoría absoluta, Sánchez le ha dado la llave de la Moncloa a un dirigente político encarcelado, sublime paradoja que invita al desconcierto antes que al escándalo. No es menor el estupor de Bruselas, y de Europa en general, que no entiende cómo se reclama la extradición de Puigdemont y de otros prófugos al mismo tiempo que se les requiere para apoyar un nuevo gobierno. ¿Desde cuándo a un delincuente se le otorga el estatuto de aliado?

Pero ni Oriol Junqueras descorrerá el cerrojo de la investidura sin cobrarse por anticipado la fianza del contrato ni Puigdemont se entregará gratuitamente. Es decir, volvemos al punto de partida, que es la declaración de Pedralbes y a la cumbre bilateral entre “los gobiernos de España y Cataluña” (sic). Y volvemos también al protagonismo del PSC e Iceta, que no renuncian a su hoja de ruta confederal o pre-soberanista.

Conviene recordar, aunque sea brevemente y sin la hojarasca retórica que lo enmascara, en qué consistió el pacto firmado el 20 de diciembre de 2018 por Sánchez y Torra: reconocimiento oficial y solemne de un conflicto político entre España y Cataluña; no entre catalanes, divididos casi al 50% sobre la independencia, sino entre “españoles y catalanes” como si se trataran de dos naciones diferentes, opresora la primera, oprimida la segunda.

Item más, se acuerdan dos foros de negociación: la ya existente comisión bilateral Estado-Generalitat, cuyo rango es de segundo nivel; y la llamada Mesa de Partidos, compuesta solamente por formaciones presentes en el Parlament. En este punto aparece el controvertido Relator o Coordinador, una especie de árbitro cuya misión es mediar entre las partes, dirigir la negociación y observar la más rigurosa equidistancia, de la misma forma que actúan los jueces internacionales ante un conflicto entre dos naciones soberanas.

Será misión de esta Mesa, textualmente, plantear “propuestas de resolución y proyecto político, con total libertad, sobre el futuro de Cataluña con el fin de consensuar una propuesta política y democrática”. De este abstruso párrafo destaca y sorprende el inciso “con total libertad”, como si los debates en el Parlament, sede natural donde deliberar estos asuntos, carecieran de la libertad necesaria para consensuar propuestas democráticas. De ser así, que puede, lo que procede es modificar el reglamento del Parlament para garantizar los debates en libertad, y no crear foros paralelos al margen de la legalidad institucional. En este punto, también conviene recordar que de la Declaración de Pedralbes desapareció, por exigencia de los separatistas, la referencia a la Constitución como marco y límite de toda negociación. Elocuente.

Lo cierto es que sin este “ritornello” a Pedralbes y al Relator no habrá ni siquiera investidura, exigencia que Pedro Sánchez está dispuesto a satisfacer. La primera prueba de ello será el trato preferencial que reciban en las instituciones del Estado los catalanes Meritxel Batet, Manuel Cruz, Gerardo Pisarello y Jaume Asens, una especie de punta de lanza de PSC-Podemos diseñada para abril los portones de la Moncloa con el apoyo de los separatistas. De esto sabremos algo el 3 de diciembre, cuando se constituyan las Cortes y eche a andar la XIV Legislatura.

Conviene también tener presentes las muy cercanas elecciones autonómicas en Cataluña, factor que está llamado a jugar un papel decisivo en la ecuación de gobierno de Pedro Sánchez. Miquel Iceta aspira, no sin fundamento, a reeditar un gobierno tripartido en la Generalitat, de la que él sería el flamante vicepresidente. De ese modo, socialistas e independentistas se socorrerían mutuamente en Madrid y en Barcelona durante los próximos cuatro años, tiempo suficiente para desplegar una agenda pre-soberanista que, en palabras de Alfonso Guerra, dejará España en tal estado que no la reconocerá ni la madre que la parió.

Quedan para más adelante, pero no en el olvido, los famosos 21 puntos que Torra-Puigdemont le entregaron a Pedro Sánchez en la cumbre de Pedralbes. Baste recordar tres: “Hace falta reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación”; “Es necesaria una mediación internacional que facilite una negociación en igualdad”; Y “la soberanía de las instituciones catalanas debe ser respetada y no puede amenazarse con la aplicación del artículo 155”. Este es el precio que tiene que pagar Pedro Sánchez por seguir en La Moncloa. En realidad lo pagaremos todos los españoles, empezando por los catalanes no separatistas.

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