Un brindis al sol con pocas luces y mucha gaseosa

La crisis energética y su incidencia en el bolsillo de los consumidores ha puesto en cuestión el dogma de la sostenibilidad ecológica que, a día de hoy y salvo mejor opinión de la ministra in translation, ha sido superado por el debate sobre la seguridad de suministro. El tope fijado al gas como fuente de generación eléctrica no está sirviendo para recortar el recibo mensual en la cuantía que prometían los corifeos oficiales y, más bien al contrario, ha provocado que las grandes empresas eléctricas se las apañen para que el denostado combustible esté siendo protagonista de excepción a la hora de atender la demanda en el mercado mayorista. Si Teresa Ribera no quería gas ahora ha tenido que tragarse dos tazas porque los ciclos combinados han pasado a ser más necesarios que nunca no ya como tecnología de reserva, sino como materia prima indispensable para darle al interruptor y que se encienda la bombilla.

A la vicepresidenta ecológica le han debido echar un mal de ojo porque cada vez que intenta tocar el cuadro de la luz lo único que consigue es provocar un cortocircuito con serio peligro de incendiar el sistema eléctrico. Ya le ocurrió algo parecido en junio del pasado año cuando puso en marcha su flamante cambio tarifario con horarios llanos, picos y valles orientados a impulsar el ahorro energético. Desde entonces a esta fecha la factura no ha hecho otra cosa que batir récords con una escalada vertiginosa que ha puesto en tela de juicio la pericia de los reguladores energéticos y la credibilidad de todo el Ejecutivo para encontrar grandes soluciones cuando llegan grandes problemas. Los inventos de Ribera se asemejan a las chapuzas de Pepe Gotera y Otilio incorporadas como capítulo aparte en las aventuras de Pierre Nodoyuna y su Gobierno Patán.

Las grandes empresas generadoras, acaudilladas por Iberdrola como paladín de resistencia ante el rodillo 'ecologeta' de Pedro Sánchez, han demostrado en repetidas ocasiones que son ellas las que tienen la sartén por el mango dentro del mercado eléctrico y cualquier regulación que contravenga el status quo será considerada como un atentado contra la seguridad jurídica de los agentes del sector. La responsable de la política energética ha evidenciado que la pose doctrinal esgrimida desde que fue nombrada para el cargo no ha servido para blindar de autoridad su ejercicio ministerial. Teresa Ribera arrastra una debilidad política que sólo puede justificarse en la incapacidad técnica para dar respuesta a ese acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma que es el servicio público de electricidad en España, con su alambicado sistema de precios marginales capaz de elevar a la enésima potencia el recibo de la luz.

Cada vez que Teresa Ribera toca el cuadro de la luz lo único que consigue es provocar un cortocircuito con riesgo de incendio en todo el sistema eléctrico

Tras la derrota histórica en Andalucía el presidente del Gobierno ha empezado a buscar chivos expiatorios debajo de las piedras, algo que se le da de maravilla como se pudo comprobar tras el varapalo sufrido por el PSOE en Madrid hace poco más de un año. El empedrao al que se ahora se achacan los males es el dragón de la inflación, que echa fuego con su cabeza bicéfala de doble dígito y está provocando un terremoto social cuyo epicentro se sitúa en la subida imparable de los costes energéticos. En otras palabras, las eléctricas han sido declaradas reos de culpa y serán pasadas por la quilla de un impuesto especial que, a saber si no aboca a otro conflicto de largo alcance y mayor cuantía en los tribunales. Esta vez Sánchez se muestra más decidido que nunca a disparar a las empresas con toda la artillería fiscal con tal de depurar responsabilidades en otras cabezas de turco y desviar el tiro de una crispación ciudadana que amenaza con llevarse por delante su Gobierno y hasta su partido.

El Gobierno está convencido de que los llamados reyes del kilovatio esconden en sus balances los resultados extras derivados de la escalada de los precios con la colaboración de sus asesores contables de cabecera. La prueba del nueve que alimenta las sospechas reside en la representación que todas las grandes empresas han mostrado al término del primer trimestre del año, con ingentes figuras de ingresos que luego no aparecen por ningún lado en el bottom line de la cuenta de pérdidas y ganancias. De ahí que el amago de un impuesto especial necesite algo más que una pensada por parte de los técnicos ministeriales y de la Abogacía del Estado. La opción de emular la estrategia de Mario Draghi con un hachazo de hasta el 25% sobre los llamados beneficios caídos del cielo necesita combinar la voluntad política con la seguridad jurídica y administrativa porque Sánchez está falto de la fortaleza que adorna al colega italiano y hace tiempo que perdió toda capacidad de influencia en el sector energético.

El impuesto especial a la italiana, que contempla un gravamen del 25% de los beneficios extras de las eléctricas, abocará a un pleito histórico contra el Estado español en los tribunales

La ofensiva desplegada a cañonazos por iniciativa de Yolanda Díaz y los socios de Podemos puede quedarse en mero fuego de artificio si Teresa Ribera y María Jesús Montero no son capaces de ponerse de acuerdo y sorprender al mercado con una normativa que, como todas las demás, corre el riesgo de ser fácilmente anulada después de un largo contencioso con las compañías afectadas. El alcance de la detonación es otra de las incógnitas a despejar por cuanto que, además de las eléctricas, existen también partidarios en el Gobierno deseosos de ampliar la onda expansiva del impuesto a las grandes petroleras y empresas gasistas.

Por mucho que la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, trate de salvar la cara a las gasolineras abanderadas por Repsol, Cepsa y demás agentes del sector, está claro que la subvención estatal de los 20 céntimos está siendo acompañada por una subida sin parangón de los precios de los carburantes. La moraleja de tamaño despropósito evidencia los peligros de estimular la demanda en un momento inflacionario, pero también pone al descubierto la excepcional capacidad de las estaciones de servicio para maximizar sus márgenes de negocio y, en definitiva, la inutilidad de las medidas directas que se han aplicado hasta ahora en la lucha contra la inflación.

Sea como fuere, Sánchez ha agitado el hacha de guerra contra los poderes económicos igual que hizo cuando arremetió contra el expresidente de Telefónica, César Alierta, como cabecilla inductor del mal fario que condujo a su caída al averno socialista en octubre de 2016. A la vez, y para congraciarse con los contribuyentes que el año que viene serán llamados repetidamente a las urnas, el presidente se ha envuelto en la bandera populista reivindicando su preocupación por las llamadas clases medias trabajadores. Una forma de reconocer que el desastre de su gestión económica ha elevado el siniestro de la catástrofe, de manera que cualquier hijo de vecino con derecho de voto puede declararse víctima de la crisis; no se sabe muy bien si como destinatario de futuras ayudas o como carne de cañón de ese quiero y no puedo al que está sometido el Gobierno por su mala cabeza. Los brindis al sol de Sánchez hay que tomárselos como los experimentos de Teresa Ribera. Mejor con gaseosa.