Calviño y el charco de CaixaBank: ¡Fainé, tenemos un problema!

Nadia Calviño subió un pequeño escalón en su plan de carrera como futura y docta comisaria de la Unión Europea cuando hace poco más de un mes fue promovida a la vicepresidencia segunda del Gobierno tras la espantada de Pablo Iglesias. Un ascenso más virtual que efectivo y que se ha visto rápidamente ensombrecido por su participación activamente demagógica en la campaña a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El PSOE decidió embarrar su estrategia electoral para dinamitar el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso en las encuestas y la máxima responsable de la política económica no tuvo más remedio que lanzar la socorrida andanada contra los multimillonarios sueldos de los banqueros en un intento de sacudirse el polvo de las sandalias ante las protestas sociales que se avecinan por la enésima reconversión del mercado financiero en nuestro país.

En los cuarteles generales de Bruselas no ha sentado nada bien que su más directa interlocutora en España se meta en este tipo de zarandajas en un momento en el que nuestro país tiene que refrendar su credibilidad en Europa para que los mercados de capitales puedan mantener su confianza en la recuperación económica del conjunto de la Unión. Mucho menos ha gustado que Calviño ponga en el disparadero al Banco de España que es tanto como señalar directamente al Banco Central Europeo (BCE), trasladando al ámbito jurisdiccional del supervisor financiero un elemento de regulación que, como es el caso de las retribuciones en el sector bancario, compete exclusivamente al ámbito legislador de cada uno de los Estados miembros. Si el Gobierno quiere intervenir en la política de remuneraciones de los banqueros no tiene más que decirlo abiertamente y hacerlo constar después por escrito en el BOE.

En contradicción con las admoniciones de la propia ministra, el departamento que dirige Nadia Calviño ha perdido una ocasión pintiparada para tocar el bolsillo de los banqueros mediante la reforma de la Ley de Sociedades de Capital que acaba de ser aprobada en el Parlamento. En esta nueva disposición legal, que transfiere al ordenamiento mercantil las directrices comunitarias, el Gobierno ha incluido un apartado específico de modificaciones acerca de las remuneraciones de los consejeros que pueblan las empresas en bolsa. Cuestiones que en todo caso han dejado de lado el gran debate que subyace detrás de los multimillonarios salarios del Ibex, ya que el Ministerio de Economía ha ratificado la potestad de los consejos de administración de las empresas cotizadas a la hora de determinar el importe y la política de retribuciones, lo que permite que cada cual haga de su capa un sayo con el respaldo de sus propios órganos corporativos de decisión.

Los grandes despachos de abogados han trabajado a fondo sus influencias para evitar que la nueva Ley de Sociedades de Capital afecte a los multimillonarios salarios del Ibex

Los popes financieros han venido a decirle ahora a la vicepresidenta económica aquello de ‘Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita’ porque no es menos cierto que durante la elaboración de la nueva regulación societaria los legisladores tuvieron que verse las caras con los grandes despachos de abogados que representan a los principales bancos del país. Quizá a los redactores del texto normativo y a los encargados de proponer las consiguientes enmiendas durante la fase de tramitación legislativa les faltó  aplomo político para imponer un mayor celo fiscalizador sobre una cuestión que se ha convertido en un brindis al sol para todos esos políticos que tratan de ganarse el corazón resentido de sus electores. Lo extraño es que una ilustre y leal servidora pública como Calviño, que se supone vacunada de todo sectarismo, se coloque al frente de una manifestación populista que cuenta en España con una caterva de conspicuos y mucho más genuinos representantes.

Las exigencias electoralistas impuestas desde Moncloa han podido contagiar también a la vicepresidenta, aunque no es menos cierto que Nadia Calviño viene abducida de antiguo por una severa pulsión contra la plutocracia asentada en el sistema financiero, algo que suele impregnar a muchos de los tecnócratas que, al margen de filiaciones políticas, se han encaramado al puente de mando del Ministerio de Economía. El poder fáctico que ejerce la banca levanta ampollas en el Gobierno como bien se ha podido demostrar durante el largo e inacabado proceso de reconversión sectorial. Quizá de ahí que la ministra haya querido ahora marcar plenas e inequívocas distancias ante la nueva oleada de despidos que las principales marcas bancarias del país se han propuesto llevar a cabo, todos a una y por la tremenda, en medio de la crisis económica y de empleo en nuestro país.

La gran incongruencia del actual encontronazo reside en que ahora el Estado es parte interesada como socio de referencia de CaixaBank, la entidad que concentra las mayores reprobaciones sociales de los sindicatos porque, no en vano, es la que promueve el mayor ajuste laboral de largo entre todos los que han salido a la palestra estas últimas semanas. Es lógico pensar que Nadia Calviño conocía de antemano el proyecto empresarial derivado del pacto que ella misma facilitó para la plena absorción de Bankia. Si no es así casi peor porque entonces lo primero que debería haber hecho la representación del FROB en el consejo de CaixaBank era manifestar su abierta oposición. Tanto en lo que concierne al recorte anunciado de puestos de trabajo como a la política de retribuciones de la alta dirección que, entre otros, permitirá a Goirigolzarri triplicar el salario que cobraba en su extinto banco nacionalizado.

La representante del FROB tiene una papeleta el viernes en la junta general de CaixaBank, donde teóricamente deberá expresar su voto contrario a las retribuciones del consejo 

El próximo viernes, cuando la entidad fusionada se estrene ante la junta general de accionistas convocada en Valencia, Nadia Calviño tendrá otra oportunidad para dejar las cosas claras poniendo en valor públicamente la negativa del Gobierno a los planes anunciados por el consejo de administración. Si Teresa Santero, la representante designada por el Ministerio de Economía en el seno de CaixaBank, no hace efectivo y notorio su voto particular contra las controvertidas medidas que van a ser propuestas a la asamblea, la vicepresidenta segunda lo que debería hacer es poner punto en boca y callar para siempre. No parece aconsejable que la persona encargada de pilotar la política económica transmita la sensación de estar en misa y repicando con toda la tarea que tiene por delante en Europa.

Si Nadia Calviño necesita explicaciones sólo tiene que pedírselas a Isidro Fainé, el factótum del gran banco combinado, con quien ella misma negoció el acuerdo de fusión. No se olvide que Fainé encarna además al máximo accionista de la nueva entidad financiera que es la Fundación 'la Caixa', la cual se encuentra legalmente bajo la tutela del Ministerio de Economía como ocurre con todas las fundaciones bancarias. Quizá sea esta la tecla que con más ahínco pueda tocar ahora la vicepresidenta si verdaderamente desea que CaixaBank no ponga en la calle a 8.000 personas con el consentimiento implícito del Gobierno de Pedro Sánchez. Calviño se ha metido hasta el cuello en el charco de CaixaBank y tiene ahora un serio problema. Por suerte, Fainé dispone de sobrada capacidad y suficientes motivos también para encontrar una rápida solución.