La teoría de la manta suele atribuirse al mundo del fútbol como lugar común para explicar que los equipos que juegan con sistemas muy ofensivos suelen descuidar la defensa y, viceversa, cuando se meten muy atrás tienen serias dificultades para desplegarse luego en busca del gol. La misma doctrina puede trasladarse a la política monetaria que en su concepción fundacional ordena la protección a ultranza contra la inflación pero que la experiencia de las últimas grandes crisis ha reorientado hacia un ataque desmelenado para mantener el crecimiento de la actividad. La necesidad de garantizar la recuperación sin incurrir en antiguos errores ha trastocado el libreto original de los bancos centrales que sólo ahora, abrasados por las tensiones del mercado energético, han decidido que ya no pueden echarse la manta a la cabeza dejando a la intemperie la tremebunda escalada de los precios.
Aunque algunas entidades emisoras sigan arrastrando los pies para no dar cuarto al pregonero, está claro que sus consejos de gobierno han emitido estas últimas semanas un toque a rebato para anunciar, a buen entendedor pocas palabras, que se acabó lo que se daba. De una forma u otra, subiendo tipos o retirando estímulos, los encargados de darle a la maquinita de hacer billetes han decidido echar el freno madaleno al tiempo que reculan en su percepción sobre la duración de las tensiones inflacionistas. El más rápido en disparar ha sido el Banco de Inglaterra que, además de subir por segunda vez las tasas de interés, ha instado a los trabajadores del Reino Unido para que moderen sus reivindicaciones salariales con una llamada de alerta que ha encrespado el ánimo de los sindicatos. Una vez más, los ortodoxos de la economía liberal consideran que los ciudadanos de a pie son los únicos que pueden pagar los platos rotos de la crisis.
La narrativa de la inflación sigue su curso tradicional. Primero se niega, luego se matiza, más tarde se reconoce y finalmente se pondera. Superada la tercera etapa que ahora ocupa las discusiones institucionales, sólo falta por escuchar que el fenómeno contiene también propiedades naturales beneficiosas para la economía, ya sea como síntoma de un impulso de la demanda o, principalmente, como herramienta para la dilución de la soberana deuda pública que lastra el despegue de las economías desarrolladas. Este último argumento es el mejor alegato para que las cigarras puedan sacar pecho en su batalla de influencia con las hormigas, pero no se olvide que mientras la recuperación siga siendo un país extraño los ejércitos de zombis continuarán dominando la tierra en prevención de esos males mayores a los que se acoge sin rubor la dialéctica oficial en los actuales tiempos de pandemia.
La 'reformilla fiscal' que prepara Hacienda no tiene otro gran objetivo que meter en vereda a Madrid para que tenga que subir impuestos en toda la comunidad autónoma
La adaptación al cambio se producirá cuando el néctar monetario exprima su última gota y el pensamiento correcto empiece a buscar otros derroteros para justificar que la teoría económica no contiene soluciones rotundas. Llegará entonces la hora de la política fiscal que ha estado aletargada en el invierno de la crisis pero que se aproxima a pasos agigantados en Europa impulsada por vientos septentrionales. La consolidación de las cuentas públicas, en forma de ajustes y reformas, no tardará en ser reclamada como complemento y contrapunto de las ingentes ayudas financieras, incluyendo la manga riega de Fráncfort y el reparto mucho más acondicionado de Bruselas. Agotada la labor del policía bueno llega ahora el turno del policía malo encargado de meter en vereda a los descarriados con todo tipo de medios expeditivos a su alcance.
Nadia Calviño ha empezado a ponerse la venda antes de recibir el golpe con la divagación de lo que ella entiende como una “agenda de reforma de las reglas fiscales realista y pragmática”. Detrás del sofisma lo que plantea la vicepresidenta es un traje a la medida para vestir a España con objetivos de déficit y deuda mucho menos exigentes que en el resto de Europa. La plegaria ha sido oficiada ante el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, cuando en realidad quizá habría sido mejor elevar una jaculatoria a la Virgen de los Desamparados porque no parece que las autoridades comunitarias quieran hacer muchas excepciones cuando llegue el momento de ajustar cuentas tras la pandemia. Los elementos básicos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no van a sufrir mayores modificaciones y si acaso será en pequeños aspectos de carácter secundario donde la propuesta del Gobierno tenga alguna oportunidad de prosperar.
La intercesión que solicita la máxima responsable económica entra además en flagrante contradicción con los argumentos que viene manejando su colega de Hacienda en esa obsesión que, sálvense las partes forales, le ha entrado a María Jesús Montero por armonizar la política tributaria en todo el territorio nacional. La ministra se ha rodeado de un grupo de afines en forma de sanedrín asesor para abordar una reforma fiscal que ríete tú de la reforma laboral. Si ésta última ha quedado reducida a un trágala de los empresarios para ceder el mando de la negociación colectiva a los sindicatos amigos de Yolanda Díaz, la que ahora se ventila con el argumento de modernizar el fisco sólo tiene por finalidad atar de pies y manos a la Comunidad de Madrid para que no pueda gestionar los impuestos que competen a su capacidad autonómica.
La confrontación política invade y contamina la agenda económica en España, dejando al ciudadano al albur de decisiones que se adoptan a miles de kilómetros de distancia
La ‘reformilla fiscal’ no tiene mayor pretensión por recomponer las principales marcas del sistema que como el IRPF o el IVA podrían generar una inoportuna convulsión social entre el electorado socialista. Tampoco se hacen mayores esfuerzos por incrementar las bases impositivas que ahora se cargan con todo el peso de la ley sobre las clases medias trabajadoras. Bajo la consabida apelación a los compromisos comunitarios, el oscuro objeto del deseo que mueve a Pedro Sánchez consiste ahora en aprovechar la guerra interna del PP para que Isabel Díaz Ayuso se vea obligada a restaurar dentro de la región figuras que están en desuso desde hace tiempo en Europa, como es el caso del Impuesto sobre Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones. Una estrategia sectaria que dará lugar a un conflicto en los tribunales porque no parece factible invocar una corresponsabilidad fiscal a las comunidades mientras se cercena su derecho para recaudar los impuestos que han sido cedidos históricamente por el Estado central.
La confrontación política invade y contamina una vez más decisiones trascendentales para el desarrollo económico del país, dejando a los ciudadanos a albur de intereses que se ventilan a miles de kilómetros de distancia. A este paso, España solo será tenida en cuenta por los problemas que engendra, nunca por las soluciones que aporta. La subsidiariedad comunitaria que invoca el Gobierno como clavo ardiendo para salir de la crisis no procede de una solidaridad incondicional sino de la desdicha vecinal compartida y de una burocracia dirigente tan pagada de sí misma que nunca afrontará el riesgo de equivocarse. En el tráfago de responsabilidades y negligencias cabe recordar que los equipos grandes juegan al ataque, pero los grandes equipos se construyen desde la defensa. El crecimiento que depende de terceros y no asegura el control de precios puede dar como resultado un periodo de estanflación. Y si se desarrolla raquítico a costa de una elevada inflación sólo producirá desigualdad.
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