Calviño toca a rebato para evitar el 'profit warning' del gran maná comunitario

Las cuentas públicas de España, tras la aprobación de los Presupuestos del Estado, se han convertido en una caja de Pandora abierta en canal a mayor gloria de los socios y demás cuates que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez con su apoyo interesado en el Parlamento de la Nación. Todas y cada una de las fuerzas aliadas se han apostado a la ventanilla de la ministra Montero, la de Hacienda, para cobrar los servicios que comporta su atrabiliaria concertación de poder. Saciada la codicia de aguinaldos, la única esperanza que le ha quedado a la vicepresidenta Nadia Calviño de cara a su travesía por el desierto económico de 2023 reside ahora en los fondos Next Generation, ese maná comunitario anunciado como la tabla de salvación desde el azote de la pandemia hace ya casi tres años pero que, al margen de ‘porqueres y porcuantos’, no termina de llegar a lo más hondo del tejido productivo de nuestro país.

Los 160.000 millones de euros que la Comisión Europea tiene asignados a España suponen 13 puntos largos de PIB que, aunque fueran dedicados a comprar pipas, ayudarán a desatascar cualquier eventual recesión técnica o real durante los primeros meses de año. Pero aparte del empujón que aporten las ayudas comunitarias a la hora de acicalar las cifras de la contabilidad nacional, el verdadero reto consiste en asegurar el destino eficaz y eficiente de los multimillonarios recursos, de manera que nadie pueda poner en tela de juicio la capacidad de gestión de la Administración Pública. Calviño sabe que se la juega en Bruselas porque los doctos funcionarios comunitarios van a analizar con horca y cuchillo cualquier desviación de las contribuciones solicitadas por España. La fama de pedigüeño que tiene el Gobierno ante las instituciones europeas es un arma de doble filo para la reputación internacional que con tanto mimo cuida la máxima responsable de la política económica.

A la vicepresidenta no le ha hecho ni pizca de gracia que la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo haya anunciado a bombo y platillo su visita a Madrid el próximo mes de febrero para comprobar in situ cómo, dónde y con quien o quienes se están gastando los dineros de marras. La eurodiputada alemana Mónika Hohlmeier, que preside este grupo de vigilancia, se ha erigido en cabecilla de una leyenda negra contra España, criticando sin pelos en la lengua la escasa información que existe acerca del uso y disfrute de los 31.000 millones entregados hasta ahora a nuestro país. La irrupción de la flamante 'mujer de negro' comunitaria se produce justo cuando el Gobierno acaba de anunciar la solicitud de un tercer desembolso valor de otros 6.000 millones de euros, una partida que está vinculada al cumplimiento del gran tabú que supone la reforma definitiva del sistema público de pensiones a cargo del ministro Escrivá.

Moncloa ha trasladado la 'patata caliente' a Calviño para que ponga en suerte sus mejores oficios ante las instituciones comunitarios dejando a salvo la imagen de Pedro Sánchez

Las cabezas pensantes de Palacio tratan ahora de articular un alegato de defensa que espante las suspicacias de las instituciones comunitarias. A tal efecto, y con el fin primordial de guardar las espaldas del jefe, han trasladado la patata caliente al Ministerio de Economía confiando en que Calviño sabrá arreglárselas una vez más para ejercer sus mejores oficios en Bruselas y aledaños. La ministra no quiere quedarse sola ante el peligro y se ha puesto a buscar por su cuenta alguna cabeza de turco que le ayude a dar la cara y asuma en primera persona las evidentes deficiencias que entorpecen y ralentizan la canalización de las ayudas. El foco está orientado sobre las imponderables ‘Big Four’, a las que desde un principio se les hicieron los dedos huéspedes en su papel de colaboradoras necesarias para la administración de tan ingentes recursos.

Las grandes consultoras tendrán que ejercitar su inquebrantable vocación de servicio y a tal efecto sus cuatro presidentes; Federico Linares (EY), Gonzalo Sánchez (PwC), Héctor Florez (Deloitte) y Juan José Cano (KPMG), han sido convocados a una cumbre con la plana mayor ministerial que tendrá lugar antes de final de año. La vicepresidenta económica no termina de entender los datos auditados por algunas de estas entidades, que reflejan lo peor de lo peor en el nivel de ejecución de los fondos durante 2022. Las cifras que circulan en el sector privado coinciden básicamente con las publicadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en lo que concierne al presupuesto de dotaciones comunitarias situado este año en casi 28.500 millones. Por el contrario, los pagos realizados difieren ostensiblemente desde los 6.400 millones registrados por el organismo de control dependiente de Hacienda y los escasos 2.500 que manejan las empresas.

Algunas sociedades cotizadas se están curando en salud con sus inversores y muestran en sus reportings financieros los riesgos que implica el retraso de los fondos europeos

Estos desajustes han llegado a oídos de la Eurocámara y pueden colocar en la picota a Nadia Calviño si no se subsanan convenientemente antes de que los vigilantes de la playa comunitaria vengan a lucir sus manguitos por estos lares. Para echar más leña al fuego algunas de las grandes sociedades cotizadas llamadas a servir de cauce para la canalización de los fondos a las pymes se han sentido obligadas ante sus inversores y han empezado a mostrar en sus reportings internacionales serios temores ante los obstáculos burocráticos, administrativos y hasta políticos que existen para manejar tamaños obsequios. Las grandes empresas habían lanzado demasiadas campanas al vuelo y tienen ahora que curarse en salud emitiendo lo que, en medios oficiales, se teme que pueda convertirse en una especie de ‘profit warning’ sobre el desarrollo del programa Next Generation en nuestro país.

El Gobierno necesita hacer causa común con sus principales subcontratistas y persuadirles para que se muestren más agradecidos en la depuración estadística de los datos, poniendo el acento en las licitaciones realizadas y las convocatorias resueltas, sin observar mayor exigencia en la habilitación de los pagos. A la postre, se trata de repartir no solo los recursos, sino también las responsabilidades entre los grandes agentes beneficiarios en el convite, subrayando que la permeabilidad de los fondos depende en última instancia de la solvencia de sus receptores y de la voluntad gestora de los empresarios para dedicar las ayudas a inversión productiva y no a la mejora de su margen de negocio. Moncloa exige que cada palo aguante su vela por la cuenta que le trae y, sobre todo, que nadie se atreva a poner en cuestión al gran hacedor que, para bien y nunca para mal, es Pedro Sánchez. La misión es clara y contundente. Proteger al rey a cambio de buenas peonadas y aunque haya que sacrificar a la dama.