El caso Medel y la contrarreforma 'calviñista' de las Fundaciones Bancarias

La caída en ciernes de Braulio Medel, derivada de una pugna de alto calado político más allá de la refriega corporativa en el seno de Unicaja, ha desenterrado los fantasmas de las viejas cajas de ahorros que fueron liquidadas como tributo del rescate solicitado por el Reino de España a la Unión Europea hace diez años. La pulsión intervencionista del Gobierno ha motivado a la vicepresidenta Nadia Calviño para rasgarse primero las vestiduras ante los avatares de la entidad malagueña y cubrirse después las espaldas con el anuncio velado, pero amenazante, de una reforma de la ley de Fundaciones Bancarias aprobada en 2013. La regulación de estas instituciones permitió correr un tupido velo sobre muchos de los desastres de la última crisis bancaria, pero el Ministerio de Economía parece decidido a perturbar la paz del cementerio en el que reposan los restos de las antiguas marcas confederadas en aras de una memoria histórica que amenaza con castigar de nuevo la reputación del sector financiero.

La normativa en cuestión fue impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y su entonces ministro Luis de Guindos después de intensas negociaciones con Isidro Fainé que por algo era y sigue siendo el más ilustre albacea de la nutriente obra social legada a las nuevas Fundaciones Bancarias. El gran factótum de La Caixa consiguió que la tutela de estas flamantes herederas pasara a depender en exclusiva del Estado central abandonando la antigua relación de vasallaje que sus antecesoras mantenían con sus respectivas y diferentes comunidades autónomas. La definición de una única labor supervisora se justificaba plenamente como una forma de depurar responsabilidades políticas, señalando con el dedo la incuria de los gobiernos regionales a la hora de garantizar la debida solvencia de un segmento de negocio que llegó a representar un tercio del sistema bancario en nuestro país.

Las Fundaciones se han erigido en los principales accionistas de referencia de los bancos metamorfoseados tras las fusiones de las denostadas cajas de ahorros, lo que ha servido para asegurar un marco de estabilidad societaria en pleno proceso de ajuste y reconversión sectorial. De forma paralela, el Banco Central Europeo (BCE) ha metido en vereda a los antiguos prebostes de las cajas, quienes en su inmensa mayoría se han visto obligados a abandonar sus cargos ejecutivos en el negocio bancario para reencarnarse en presidentes de unas instituciones que realmente no tienen un ánimo de lucro directo, pero cuya esencia se orienta con objetivos inequívocos de control financiero. A partir de esta singularidad, las Fundaciones Bancarias han disfrutado de una cuota especial de libertad funcional, al margen de los requisitos cada vez más estrictos de gobierno corporativo que se están imponiendo a machamartillo en todas las entidades de crédito.

El tono empleado por el Ministerio de Economía en la crisis de Unicaja se considera como la preparación artillera para abordar una revisión de la ley de Fundaciones Bancarias

El rifirrafe de Unicaja y la consiguiente ‘lapidación’ en la plaza pública de Braulio Medel han roto la armonía de este apartado refugio del mercado financiero, sometido de forma inopinada al escrutinio de los poderes públicos o, lo que es igual, a la injerencia de los agentes políticos que tratan siempre de arrimar el ascua a la sardina de sus intereses partidistas. Lo que está en juego es el control de la Fundación que posee el 30% del banco malagueño y no parece que el veterano banquero andaluz tenga mucha capacidad para asegurar un relevo ordenado que evite su salida por la puerta falsa. El PSOE y el PP han movilizado todos sus resortes para hacerse con la presidencia del Patronato que Medel va a dejar vacante y no se descarta que el panorama después de la batalla abone un campo minado con efectos colaterales propios de la repelente rivalidad entre las dos grandes formaciones parlamentarias.

Si la Junta de Andalucía hace valer su fuerza local en el accionariado de Unicaja, más si cabe en el actual momento preelectoral que se vive en la comunidad autónoma, nada tendría de particular que la derrota socialista inflamase el ánimo revanchista del Gobierno de Pedro Sánchez para pasar a la ofensiva con una reforma en profundidad del marco normativo que vienen disfrutando en general todas las Fundaciones Bancarias. El argumento de la eventual ofensiva está escrito con trazo muy grueso en la carta que la subsecretaria de Economía, Amparo López Senovilla, remitió a finales de marzo a la entidad malagueña poniendo a caldo la idoneidad de Braulio Medel sobre la base de acusaciones que ya fueron archivadas en anteriores momentos procesales y que podrían servir ahora perfectamente para cuestionar la gobernanza del resto de corporaciones encargadas de custodiar la dote de las cajas de ahorros.

La batalla política en Andalucía, con las elecciones a la vuelta de la esquina, ha sido determinante para que el PSOE haya dejado caer a su banquero favorito de las últimas décadas

La transformación de las antiguas entidades confederadas en nuevos bancos combinados de carácter interregional ha favorecido la implantación de unidades de crédito basadas en criterios empresariales, si bien la disciplina de gestión impuesta a instancias del Banco Central Europeo (BCE) no se ha trasladado ni por asomo al ámbito de actuación de las Fundaciones Bancarias. El gobierno corporativo con que se manejan estas últimas marcas concede a sus respectivos presidentes un carácter soberano sobre el llamado Patronato, acondicionado a modo de consejo de administración, aunque en la práctica dicho órgano de dirección no posee ningún poder efectivo que permita supervisar y conmover la voluntad del jefe supremo. No en vano, una buena parte de los patronos siguen siendo designados a resultas de conchabeos políticos o, en el mejor de los casos, son nombrados a dedo por el máximo responsable de la institución.

La crisis de identidad que vive Unicaja ha desenmascarado la bula concedida en su día a las Fundaciones Bancarias como garantía de un proceso de transición orientado al saneamiento del mercado financiero. Lo que ahora se ventila es el final de un programa de reordenación que, después de muchos dimes y diretes, ha permitido salvar con cierta dignidad y no poca eficacia la función social que también realizan las entidades de crédito en nuestro país. La enésima vuelta de tuerca a la banca adquiere carta de naturaleza en un momento político marcado por las tensiones electorales que se barruntan a la vuelta de la esquina. El sector financiero se ha convertido en el 'niño de azotes' del Gobierno dentro de una tendencia populista a la que no ha sido ajena la vicepresidenta económica. El caso Medel no es más que la punta del iceberg de una contrarreforma en la que sólo falta por saber si Nadia Calviño querrá distinguir a los justos de los pecadores.