Los grandes acuerdos de concentración empresarial suelen poner a prueba la acrisolada independencia que sustenta la autoridad de los organismos reguladores. Estas instituciones de control económico superaron la adolescencia tras sufrir distintas crisis de identidad a lo largo de las últimas décadas de predominio socioliberal. Más recientemente, y después de comprobar la cacicada que se está perpetrando para renovar el máximo órgano de gestión judicial, se puede afirmar que las pulsiones intervencionistas se han apoderado sin paliativos de la vida política, lo que tendrá efectos demoledores para todos los contrapesos democráticos que sostienen y equilibran la acción de gobierno. Si el CGPJ va a ser abordado en un acto de evidente fullería institucional, las demás entidades supervisoras vinculadas con mucha menor raigambre a la Administración del Estado estarán condenadas a servir como meras correas de transmisión de las directrices emanadas directa y descaradamente desde los poderes establecidos.
Basta repasar como botón de muestra lo ocurrido con la compra de Bankia por CaixaBank, una operación horneada en el despacho de la vicepresidenta Calviño y que los reguladores deberán limitarse a envolver en papel de regalo. La gran fusión bancaria ha sido declarada de alto valor sistémico, por lo que ni la CNMV ni la CNMC podrán ejercer su paternidad responsable en defensa de ese interés general que ya ha sido previamente acondicionado por decreto gubernamental. Los promotores de la integración bancaria saben por propia experiencia que los proyectos más colosales de consolidación empresarial pueden encallar perfectamente a poco que estos organismos reguladores salgan por peteneras con un exceso de celo supervisor. La posibilidad de un fracaso en terceras instancias administrativas causaría un enorme estrépito en las instituciones financieras de toda Europa, de manera que tanto Sebastián Albella como Cani Fernández han sido conminados para vestir santos en sus labores presidenciales al frente de las dos grandes comisiones de control y vigilancia económica.
Al titular de la CNMV la llamada al orden le llega en un momento complicado, cuando nadie da un chavo por su continuidad en el cargo y en medio de las tensiones judiciales suscitadas por las minutas contratadas con el fenecido Banco Popular cuando era socio de la firma multinacional de abogados Linklaters. De esa pretérita ‘reencarnación’ profesional han surgido múltiples conflictos de interés para Sebastián Albella, quien ha tenido que ponerse de perfil ante los planteamientos de algunos emisores que no terminaban de olvidar su antigua relación de clientelismo. Este lastre es el argumento que ahora manejan dentro del Ministerio de Economía para buscar un relevo adecuado al frente del organismo regulador y evitar de paso que la peña de Podemos pretenda sacar tajada colocando en el puesto a un comunista ilustrado decidido a enseñar al Ibex lo que vale un peine.
Pablo Iglesias quiere enseñarle al Ibex lo que vale un peine aprovechando la renovación de la cúpula ejecutiva de la CNMV prevista para finales del próximo mes de noviembre
Los dirigentes económicos de la formación morada no se olvidan de las promesas de Carmen Calvo, cuando hace poco más de un año la vicepresidenta primera del Gobierno fijaba en la CNMV una de las eventuales concesiones que el PSOE estaba dispuesto a entregar a cambio del respaldo a la investidura de Pedro Sánchez. La antigua portavoz del Ejecutivo se pasó de frenada en su afán por endulzar los ánimos de Podemos y sus palabras han quedado grabadas en piedra para los que ahora son sus aliados de coalición. El acecho de los asesores de Pablo Iglesias a la presidencia de la Comisión de Valores es quizá la única baza que juega a favor de Sebastián Albella en el supuesto de que Nadia Calviño prefiera no abrir el melón y dejar las cosas como están para no desgastarse en una batalla que tampoco tiene ganada de antemano.
Los todavía máximos responsables del regulador bursátil tienen algo más de un mes por delante para saber a qué atenerse, incluyendo en el mismo ticket a la vicepresidenta Ana Martínez-Pina, cuya mandato, al igual que en el caso de su jefe, vence el 26 de noviembre. Durante este periodo la consigna dentro de la CNMV se interpreta manu militari: “No preguntes, no contestes; solo el mando debe saberlo”. Es así como se ha desplegado la alfombra roja para que Criteria pueda comprar nuevas acciones de CaixaBank sin plantearse ni por asomo la obligación legal de lanzar una oferta pública como establecen los cánones. Isidro Fainé no tendrá ni que pedir la preceptiva dispensa formal de OPA y si algún minoritario se siente damnificado la Comisión de Valores ya dispone de arsenal jurídico ad hoc para espantar a cualquiera que tratase de tocar la moral poniendo palitos en la rueda de la gran operación bancaria.
El único obstáculo que podría entorpecer la creación del flamante líder del sistema financiero reside en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) aunque después de que Nadia Calviño haya dictado sentencia está claro que el acuerdo de concentración superará el trámite por vía de urgencia y sin mayores inconvenientes. La vicepresidenta económica ha dejado patente a sus subordinados de la CNMC que la gran fusión debe contextualizarse dentro del marco más amplio de actuación bancaria que comprende a todas fintech, las plataformas de crowdfunding y demás especímenes que pululan por el mercado crediticio. La ministra se ha entrometido con descaro en la labor del organismo supervisor, de manera que los defensores de la sagrada competencia tendrán que hacer de tripas corazón para favorecer la complicada digestión de Caixabank una vez que se meriende a Bankia.
Los conflictos de interés que aquejan a los jefes de los llamados reguladores 'independientes' facilitan el afán del Gobierno por controlar todas las parcelas de supervisión económica
La presidenta de la CNMC tampoco está para muchos trotes después de que ella misma se haya colocado una soga al cuello admitiendo que sus eventuales conflictos de interés por su anterior labor profesional al servicio del despacho Cuatrecasas se resolverán mediante la inhibición permanente en todos aquellos asuntos donde exista la más mínima sombra de duda. Está por ver si el expediente bancario en ciernes figura dentro del capítulo de abstenciones que han sido invocadas como ejemplo de transparencia, pero que en ningún caso sirven de coartada para garantizar la eficacia de su nueva función pública. Cani Fernández ha accedido a su actual desempeño con el mismo pecado original que marcó la llegada de Albella a la CNMV y, al igual que su colega, deberá mantenerse en primer tiempo de saludo ante los requerimientos del Gobierno que la ha encomendado para el cargo.
La teórica supervisora mayor del Reino bastante tiene además con ordenar la casa por dentro tras la reforma del pasado mes de junio a fin de asegurar un mínimo liderazgo en estos primeros asaltos de tanteo. El principal objetivo es aplacar las tensiones que se hicieron célebres durante la etapa de su antecesor José María Marín Quemada, evitando cualquier conato de enfrentamiento con los pesos pesados procedentes de la antigua CNMC. La prueba de fuego para Cani Fernández está en el control de la Sala de Regulación, donde Mariano Bacigalupo, el marido de la ministra Teresa Ribera, goza de un especial relumbrón frente al más académico y menos combativo Ángel Torres, el vicepresidente designado de forma especial por Nadia Calviño para pastorear a los poderosos lobbys sectoriales de los mercados sometidos a regulación.
La parodia de los organismos de control económico ha terminado por aturdir la soberanía de unas entidades nacidas para actuar de contrapoder ante las arbitrariedades políticas, pero en cuya constitución no se tuvo en cuenta la gran influencia que ejercen en España los diferentes grupos empresariales de interés. La independencia de un comisionado no depende solo de su vinculación directa con el Gobierno de turno, algo que puede superarse mediante la adopción de mandatos únicos no renovables y por un periodo que trascienda los teóricos cuatro años del ciclo político. El problema de fondo, como se está demostrando, no es solo que un ministro pueda llegar a la presidencia de una entidad supervisora, sino que un regulador sea nombrado ministro sin solución de continuidad. O que un profesional, que se dice independiente de la política, pueda verse con las manos regulatorias atadas por un historial inconmensurable de servicios a entidades reguladas.
