Cuando los gatos duermen los ratones bailan. Un aforismo de antigua usanza que está adquiriendo carta de naturaleza como propósito de actuación en la actual etapa de la flamante Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) presidida por Cani Fernández. La nueva supervisora mayor del Reino ha llegado al cargo con el pecado original de esas incompatibilidades múltiples derivadas de su anterior reencarnación profesional como socia encargada del área de Derecho de la Competencia en el bufete Cuatrecasas. Fernández se las ha visto de todos los colores después de casi 25 años defendiendo los intereses empresariales, pero por eso mismo, no hay peor cuña que la de la misma madera, trata de sacudirse ahora el polvo de las sandalias para dotar con una impronta particular al organismo regulador y evitar que caiga secuestrado, como vulgarmente se sospecha, a manos de las poderosas entidades reguladas.
La actual jefa del organismo encargado de velar por el buen funcionamiento de la actividad económica accedió al cargo después de un flechazo profesional con Iván Redondo, quien la reclutó hace un año para su sanedrín de asesores en el gabinete de Pedro Sánchez. Cani Fernández se había postulado para dar el salto al principal cargo ejecutivo en Cuatrecasas pero su candidatura no obtuvo los apoyos necesarios para superar al aspirante oficial, Jorge Badía, actual consejero delegado del centenario despacho legal de origen catalán. Aunque la propia interesada no concede mayor atención a su fugaz paso por La Moncloa, que ni siquiera figura en su currículum oficial, lo cierto es que Cani Fernández se encontró en el momento justo y en el lugar apropiado cuando el Gobierno empezaba a estar harto de las batallas internas que condicionaron los movimientos y no pocas decisiones en la CNMC casi desde su creación en el año 2013.
Los complejos de pubertad propios de un organismo todavía joven dentro de la arquitectura administrativa del Estado, y en el que se amalgaman todos los colores del arco iris político, han quedado superados con el relevo del anterior presidente, José María Marín Quemada, y de su vicepresidenta a la greña, María Fernández. La llegada de los nuevos consejeros nombrados a instancias del actual Gobierno de coalición ha propiciado un remanso de paz que resultaba necesario, pero que no es ni mucho menos suficiente para que la entidad alcance la plena mayoría de edad que requiere todo regulador supuestamente emancipado de los grandes poderes públicos y privados. Una vez precintada la jaula de grillos es menester dotar a la institución de una autoridad real para que pueda cumplir eficazmente con su función de control y supervisión en el proceloso mundo de los negocios y sus multimillonarios intereses creados.
Cani Fernández se ha entrevistado con las grandes asociaciones de empresarios en un primer asalto de tanteo para enseñar las uñas de su nueva política de Competencia
Con la debida cortesía, pero marcando las distancias para no dar cuartelillo al pregonero, Cani Fernández y sus comisionados han emprendido un road-show con algunas de las grandes asociaciones patronales en lo que podría considerarse como un primer asalto de tanteo para calibrar el talante de la nueva CNMC a lo largo del presente mandato estrenado en junio. La presidenta ha aprovechado los contactos para mostrar sus poderes o, lo que es igual, enseñar las uñas de una estricta política de defensa de la competencia que habrá de sustanciarse partir de la trasposición al ordenamiento jurídico de la directiva ECN+ aprobada por la Comisión y el Parlamento Europeo hace más de tres años. Una oportunidad única para dar una vuelta de tuerca a la ley española vigente desde 2007 y que, a la luz de la experiencia, lleva tiempo pidiendo a gritos una buena mano de pintura.
El principal caballo de batalla al que se enfrenta la futura normativa de Competencia reside en el modelo sancionador del que depende, en última instancia, la potestad de la CNMC. Un asunto que tiene en un suspiro a las grandes corporaciones empresariales y especialmente a sus poderosos departamentos legales, acostumbrados a manejarse con gran soltura frente a una legislación como la actual de falsa apariencia coercitiva. La gravedad de las conductas ilícitas es penalizada ahora con multas que pueden llegar al 10% del volumen de negocio, un baremo que tendría verdaderos efectos disuasorios si no dejara de ser una baladronada, mucho ruido y pocas nueces, que nunca termina de aplicarse en la práctica. Es más, cada vez que el regulador ha sacado el látigo sancionador los tribunales de justicia se han encargado de bajarle los humos para mayor gloria y solaz de los supuestos infractores.
El Tribunal de Cuentas acaba de poner el dedo en la llaga con un informe mortal de necesidad para la labor fiscalizadora que ha heredado Cani Fernández. Después de una cruzada intensa de seis largos años contra todo tipo de cárteles que llegaron a motejar al antiguo presidente de la CNMC con el sobrenombre de José María Martín ‘Torquemada’, ahora resulta que más de 1.000 millones de euros de las multas impuestas durante los ejercicios de 2017 y 2018 todavía no han sido cobradas y, de las mismas, un 90% no pueden ser materializadas porque se encuentran suspendidas por orden judicial. Todo ello como consecuencia de más de 400 recursos que aún están pendientes de resolución y que ponen de relieve esa montaña de obstáculos que tienen que superar los vigilantes de la competencia para asegurar la eficacia de su labor.
La CNMC quiere que las futuras multas se calculen en función de la ventas obtenidas con las conductas ilícitas y teniendo en cuenta la duración en el tiempo de las infracciones
Las trabas jurídicas y administrativas a las que se enfrenta la CNMC podrían ser en buena parte soslayadas ahora con la reforma legislativa en ciernes, pero el anteproyecto preparado por el Ministerio de Economía no termina de convencer en el seno del organismo regulador. Algunos expertos del sector abundan en las críticas señalando que el borrador no está pensado en aras del interés general, sino que más bien parecería inspirado por algunas de las grandes entidades reguladas en todo aquello que concierne a las sanciones. La directiva comunitaria aboga por multas que prevengan la infracción y que retribuyan a la sociedad por el daño causado, lo que exige una modificación conceptual de todo el arco de bóveda que sustenta la defensa de la competencia en un país demasiado acostumbrado a vivir del oligopolio malamente regulado.
La CNMC invoca un régimen sancionador que garantice la seguridad jurídica en función a criterios conocidos y aceptados por el mercado, calculando las multas sobre el volumen de las ventas generadas mediante conductas punibles y teniendo en cuenta algo tan importante como es la duración en el tiempo de dichas prácticas anticompetitivas. De nada vale arbitrar palos de ciego en relación a la cifra total de negocio, como se hace infructuosamente ahora. Es preciso una regulación que determine castigos pecuniarios superiores a los beneficios ilícitos, de manera que ya no salga rentable la animosidad y perseverancia en infracciones habituales. Lo que se pide es una ley nueva que avive el dulce sueño de esa sagrada Competencia que en España sigue siendo lo más parecido a un queso de Gruyere. Ya se sabe, cuando los gatos duermen…
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