Quizá Pablo Casado se apresuró cuando hizo público su radical voto contrario a la contrarreforma laboral pactada por Yolanda Díaz con sus amigos de los sindicatos y con la CEOE. En la súbita decisión influyó a buen seguro que las dos principales organizaciones territoriales de la cúpula empresarial, como son la CEIM de Madrid y Foment en Cataluña, hicieron llegar por vía de apremio a la dirección del Partido Popular su total discrepancia con la propuesta que en aquellos momentos estaba formulando Antonio Garamendi ante el comité ejecutivo confederal para refrendar la iniciativa de la ministra comunista de Trabajo. El mismo y frontal rechazo fue también compartido por otras agrupaciones sectoriales seriamente damnificadas como son las que representan a los agricultores de ASAJA y a la industria de la automoción integrada en ANFAC.
Los empresarios replicantes se movieron de una manera mucho más rápida y efectiva a la hora de trasladar su frustración a la sede de Génova de lo que pudieron hacerlo los propios medios oficialistas de la patronal, encabezados en esta ocasión por el actual vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa. El que fuera secretario de Estado de Economía en la época en que se aprobó la anterior regulación del mercado de trabajo en España no era, desde luego, la persona más apropiada para persuadir ahora a los actuales responsables del Partido Popular de la conveniencia que puede tener una ley que ha sido auspiciada como una enmienda, otra más, contra la gestión llevada a cabo por el censurado Gobierno de Mariano Rajoy.
Vale que la alternativa podría haber sido peor a poco que la Comisión Europea hubiese relajado su vigilancia sobre la involución de la llamada reforma Báñez, pero el mal por venir suele ser la excusa que emplean los perdedores para borrar el fracaso de su rendición. Los empresarios han renunciado al control de aspectos básicos de la negociación colectiva con la garantía de asegurar la reducción de los costes de despido, lo que supone un triunfo económico sobre los intereses del trabajador a cambio de una derrota política a manos de los dos principales sindicatos de clase. Como dirían los más allegados a Garamendi, el que no se consuela es porque no quiere. Otra cosa es que la componenda pueda ser bendecida desde la bancada de un grupo de oposición con experiencia y aspiración de gobierno.
En el PP consideran que el rechazo a la contrarreforma laboral es un ocasión propicia para cerrar debates internos y enviar un mensaje inequívoco a las grandes corporaciones empresariales
Sea como fuere el presidente del PP está obligado a mantener a ultranza su posición como esos árbitros conscientes de haber pitado un penalti dudoso pero que ya no pueden rectificar su primera decisión. La revisión de la jugada que ha sugerido el VAR de la Fundación FAES no es suficiente para motivar la marcha atrás de Pablo Casado porque cualquier arrepentimiento sería interpretado como un signo de debilidad que no haría sino minimizar la triste figura de ese alevín aventajado al servicio de José María Aznar, que fue en sus orígenes el actual jefe de los populares. Un cordón umbilical que actúa como una atadura demasiado fuerte y que en las actuales circunstancias tampoco parece el mejor aval para afrontar un combate a vida o muerte política por el trono de La Moncloa.
El singular debate parlamentario que se avecina sobre la contrarreforma laboral brinda una extraordinaria coartada para cohesionar el discutido liderazgo del presidente nacional del PP. Al menos así lo creen en la alta dirección del partido, donde están convencidos de la oportunidad que se les presenta para disipar de un plumazo las batallas internas que vienen socavando el mando electo y enviar también un serio aviso a todos los poderes fácticos que tienden históricamente a navegar entre dos aguas. Ha llegado la hora de unir fuerzas y nada mejor que una regulación especialmente sensible en el mundo económico y social para identificar el verdadero sentido del voto de las grandes instituciones empresariales y financieras que, obligadas o devotas, rinden culto al Gobierno social comunista mientras reclaman un paño de lágrimas cada vez que visitan la sede de Génova.
Los Goliats del Ibex se han curado en salud ante el empecinado afán de modificar la normativa laboral en España y han orientado buena parte de su gestión durante el pasado año a la puesta en marcha de planes de ajuste de plantilla aprovechando eso que se ha dado en llamar sinergias de costes. Una forma de poner a buen recaudo las cuentas de resultados de las que dependen los multimillonarios bonus que perciben los altos directivos de las sociedades cotizadas. La gran banca y Telefónica han competido en una carrera por reducir los gastos laborales antes de que fuera demasiado tarde y resultase mucho más oneroso, lo que por otra parte evidencia la escasa confianza que el mundo de los negocios concede a un proyecto legislativo que ahora tendrá que ser pasteleado con los distintos socios políticos del Gobierno de coalición.
Los Goliats del Ibex han mostrado con sus ajustes laborales la poca confianza que tienen en una ley que el Gobierno deberá pastelear ahora con sus diferentes socios de legislatura
La compañía que preside José María Álvarez-Pallete se ha lanzado en plan clavadista renovando un programa de bajas voluntarias que costará 1.500 millones de euros para conseguir un ahorro anual de 230 millones. El payback o plazo de recuperación de la supuesta inversión es de seis años y medio, más del doble de tiempo que deberán aguardar las principales entidades financieras para recuperar el coste de sangrar sus plantillas en 2021. El Banco Santander, como referente del sector, otea un horizonte aproximado a los tres años para saldar sus gastos de reestructuración, si bien el grupo de Ana Botín extiende sus recortes en diversos mercados europeos, aparte de España, con diferentes niveles de amortización. Más claro, pero también más caro, lo tiene el BBVA, con un periodo de espera de 3,8 años, derivado de unos costes de 960 millones que posibilitarán un ahorro anual de 250 millones a partir de este año.
El Banco Sabadell ha sido el más eficiente tras pagar 264 millones de euros en su empeño por echar gente a la calle, con un ahorro estimado de 100 millones anuales, lo que permitirá la liquidación en menos de 2,7 años. Más tiempo tardará Caixabank en recuperar el importe de los ajustes realizados a cargo del fondo de comercio de Bankia. A nivel contable son 2.400 millones para unos ahorros anuales de 770, lo que supone poco más de tres años. En este capítulo el banco que se lleva la palma es Unicaja con su reciente ERE, presupuestado en 368 millones para un ahorro de 97 millones anuales. Al cambio, el retorno se eleva a casi 3,8 años, lo que demuestra el interés de la actual dirección del banco en asegura a buen precio la paz social ante las tensiones que la fusión con Liberbank están generando en Andalucía. Como se ve, Pablo Casado no es el único al que se le puede reprochar su precipitación por la controvertida 'ley Díaz'.
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