Capital sin Reservas

Dícese de la inflación: el precio que paga Sánchez para seguir en Moncloa

La inflación ha venido para quedarse, por lo menos mientras Pedro Sánchez se muestre dispuesto a pagar, a costa de todos los españoles, el precio que le pidan sus socios de legislatura para seguir en La Moncloa. 

Pedro Sánchez mantiene dopada la economía española con la política acomodaticia del BCE que dirige Christine Lagarde
Pedro Sánchez mantiene dopada la economía española con la política acomodaticia del BCE que dirige Christine Lagarde
EP

Decía John Lennon que la vida es todo lo que te ocurre mientras estás haciendo otros planes. Parafraseando al mítico beatle se podría decir que la inflación es todo lo que te está subiendo la cesta de la compra mientras los bancos centrales dilucidan si existe una verdadera espiral de precios en la economía mundial. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo no terminan de abrir los ojos ante el acecho de la realidad, quizá porque andan todavía más preocupados planificando la salida de la crisis. Cierto es que una retirada de estímulos precipitada para contener el coste de la vida puede tener repercusiones muy negativas en la recuperación, pero la solución al dilema no puede fundamentarse dibujando un escenario inflacionista meramente coyuntural porque no hace falta ser experto en cabañuelas monetarias para determinar que todo efecto transitorio, extendido en el tiempo, acaba convirtiéndose en permanente.

Las formulaciones académicas que justifican las tensiones de precios por efecto de un inoportuno y puntual shock de la oferta energética suenan con fuertes estridencias a oídos del contribuyente de a pie, que sabe de sobra lo que ha subido el recibo de la luz desde que el Gobierno tuvo en junio la ‘luminosa’ idea de modificar la tarifa eléctrica. A Noé no conviene hablarle de agua y menos si es con falsos consuelos acerca de lo poco o mucho que puede durar el diluvio. El fantasma de la inflación ha escalado a niveles del 5,5% en octubre, lo que supone un grave quebranto en la renta de las familias dentro de un país como el nuestro, que registra nada más y nada menos que 11 millones de personas en situación de exclusión social, según los últimos datos de Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociologías Aplicada).

Extraña al mismo tiempo que haya pasado desapercibido a los grandes analistas internacionales un factor trascendental para considerar los efectos de base inflacionistas. Nadie ha reparado en que los pesos de la cesta manejada por la oficina estadística europea Eurostat se modificaron en 2020 para adaptarlos a la especial situación de pandemia, lo que rebajó la incidencia del sector servicios en el IPC de la eurozona. En aquellos momentos lo que preocupaba era más bien la amenaza de deflación ante la parálisis económica, de manera que tampoco pasaba nada por inyectar algo de inflación al sistema. El problema es que el índice no se ha recompuesto ahora en su justa medida y la emergente recuperación del sector servicios no figura como debiera en la hoja de cálculo. En otras palabras, la radiografía real de la subida de precios es superior a la fotografía que revela Bruselas mes a mes.

Los datos reales de inflación en Europa son todavía más altos que los oficiales ya que Eurostat ajustó hace un año los pesos de la cesta para rebajar el coste del sector servicios por la pandemia

Las autoridades comunitarias intentan edulcorar a trancas y barrancas sus mensajes institucionales para no dar rienda suelta a las pulsiones de los Estados miembros, más volcados al cuidado de evitar tensiones sociales que puedan alterar la estabilidad de sus respectivos gobiernos nacionales. España, con su singularidad territorial, su secular confrontación parlamentaria y su alambicada estructura de mando en coalición, canaliza buena parte de las inquietudes de Fráncfort, que es donde realmente se ventila la gran operación de socorro y salvamento desplegada a nivel continental. Christine Lagarde ha repetido hasta la saciedad el compromiso inquebrantable de su institución con una política monetaria de rescate que empieza a tener cada vez mayores detractores, por lo que necesita disponer más que nunca de interlocutores válidos en los países beneficiarios que garanticen el uso correcto y eficiente de la ingente financiación que reciben.

La desazón que aqueja al regulador continental se observa fácilmente cada vez que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sale a la palestra para transmitir sus certeras amonestaciones contra las erráticas decisiones económicas del Gobierno. Lo que irrita especialmente a los rectores del BCE es la incapacidad de traducir de forma inteligible el doble lenguaje, so y arre, con que se maneja Pedro Sánchez. El líder socialista no pierde ripio en regalar los oídos de sus fiadores internacionales cada vez que vuela con su Falcon al otro lado de los Pirineos, pero ese discurso institucional y ortodoxo se desvanece en cuanto que vuelve a poner los pies en suelo español, consciente de los múltiples aliados tóxicos con los que ha de transar su programa de Gobierno y a los que debe su imponente cargo como jefe del Ejecutivo.

En el BCE existen dudas razonables acerca de la capacidad real que tiene Nadia Calviño para hacer valer los compromisos adquiridos con Bruselas

En los predios europeos existen justificadas dudas acerca de la capacidad que verdaderamente atesora Nadia Calviño para imponer en el Consejo de Ministros los criterios que emanan de la hoja de ruta comunitaria. Los críticos más mordaces empiezan a sospechar que la capacidad de influencia de la vicepresidenta en nuestro país es parecida a la que podía ejercer Jens Weidmann antes de tirar definitivamente la toalla en el Bundesbank. Por eso también que Sánchez intente trasladar a menudo un mensaje público de respaldo a la responsable nominal de la política económica antes de que los tecnócratas comunitarios comprendan que no se pueden pedir peras reformistas ni liberales de un olmo que ha sido plantado con una semilla social-comunista. Calviño ya hizo todo lo que pudo, incluyendo la opción de levantar el vuelo hacia algún organismo de carácter supranacional donde poner en valor sus años de experiencia al servicio de la burocracia europea.

A partir de ahí y teniendo en cuenta que en España nadie dimite motu proprio sólo queda pedir que la ministra de Economía haga honor a su función como enviada especial de la Unión Europea en España y ofrezca algo de resistencia a las mesnadas que acaudilla Yolanda Díaz, embajadora de esa izquierda montaraz en la que se coaligan los antiguos marxistas, los modernos podemitas y los incombustibles sindicalistas. Todos ellos, junto a los sediciosos nacionalistas, tienen tomado por la pechera al presidente del Gobierno en una lucha de poder tortuosa e infatigable, de la que lo último que se presumen son buenos augurios para la economía patria. Siguiendo el aforismo del músico se podría decir que la inflación es también el precio que tenemos que pagar todos los españoles para que Sánchez se haga fuerte en su residencia palaciega de La Moncloa.

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