A través de un frío y lacónico whatsapp, como es propio en la actual era de internet, la ministra para la Transición Ecológica lanzó hace unos días su definitivo ultimátum al PP con vistas a la más que urgente renovación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN): “Si cambiáis de opinión dímelo y lo ponemos en marcha” era el mensaje enviado por Teresa Ribera a Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, ante la negativa del primer partido de la oposición a colaborar voluntariamente en una función destinada a desnuclearizar España con la participación de notables ecologistas en acción y la inestimable colaboración de Podemos en calidad de artista invitado.
Desde el cuartel general de Génova la instrucción es muy clara y pasa por evitar cualquier enjuague en una materia de máxima trascendencia energética. El reparto del botín que tradicionalmente han supuesto los organismos reguladores no es prioritario para la nueva dirección de los populares, que tampoco quieren convertirse en cómplices ocasionales de una estrategia preconcebida por el Gobierno para manejar a su antojo el supuesto organismo independiente encargado de desmantelar los siete reactores que todavía siguen funcionando en nuestro país: “Lo que nos faltaba ahora era asociarnos con Podemos para cerrar las nucleares”, asegura el secretario general del PP, Teodoro García Egea.
El PSOE tendrá que arreglárselas por su cuenta y riesgo en un nuevo y postrero ejercicio de poder tendente a exprimir como un limón sus últimos minutos de gloria legislativa. Con independencia del adelanto electoral que ahora lo puede todo, Teresa Ribera era consciente de que el Congreso nunca iba a aprobar la nueva alineación que pretende imponer en el CSN. Por eso la ministra ya tiene preparado el real decreto de marras para colocar a un valido del amigo Pablo Iglesias y a otros tres vocales filo-socialistas en la entidad. El PP quedará relegado y en franca minoría con un único representante, el catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, Javier Dies Llovera, a quien todavía le quedan dos años largos de mandato.
La renovación del Consejo de Seguridad Nuclear viene a ser el canto de ese cisne socialista transformado en pato cojo en este final amargo de legislatura. No se debe olvidar que el todavía presidente del Gobierno fue portavoz de Cambio Climático por el grupo parlamentario de su partido cuando en 2013 volvió al Congreso de los Diputados para sentarse en el escaño que dejaba vacante entonces la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona. El jefe del Ejecutivo necesita mantener encendidos los últimos rescoldos de una acción política que tiene uno de sus principales vértices en lo que podríamos llamar la ‘agenda ecologetista’, una estrategia claramente inviable desde el punto de vista energético pero que siempre ha tenido un especial atractivo electoral para el votante de izquierdas.
Ecologismo y feminismo en el mismo saco
Para no dar puntada sin hilos y con el fin de matar varios pájaros de un tiro la dirección socialista ha aprovechado los cambios para mostrar su faceta feminista, situando a dos mujeres en el organismo regulador, de las que una de ellas, previsiblemente Pilar Lucio, está llamada a ser la nueva presidenta. No en vano es la actual portavoz de Energía del PSOE en el Parlamento, un cargo político con el pedigrí necesario para mantener viva la deuda de gratitud con el partido durante los seis años que va a permanecer en el cargo. Con estos poderes, Sánchez dispondrá de una tarjeta de visita para viajar por Europa tocando la música y letra que tanto gusta en los ambientes energéticos de Bruselas, donde el predominio verde de la denominada economía sostenible parece haber conmovido las conciencias de los principales dirigentes comunitarios.
Poco importa ahora que el desarrollo tecnológico a diez años vista pueda garantizar una solución para el tratamiento de los residuos radioactivos ni que España se asiente sobre una isla energética que hace a nuestro país enormemente dependiente de fuentes de producción muchos más nocivas y contaminantes. El Gobierno socialista ha pactado con las empresas generadoras la senda del apagón nuclear después de asegurar condiciones previas que exigían las distintas compañías del sector en sus diferentes estrategias financieras de negocio. A partir de ahí, los cierres se imponen como una especia de legado a título póstumo de una política energética que, a la postre, se va a traducir en un recorte de producción equivalente al 30% de la actual demanda eléctrica.
Con el socorrido argumento de la descarbonización el Gobierno ha puesto en marcha una desnuclearización que será utilizada como arma arrojadiza de futuras campañas ideológicas. Los aires de grandeza que han inspirado la creación del Ministerio para la Transición Ecológica son propios de un PSOE que llegó a La Moncloa súbitamente, sin reparar en las condiciones que propiciaron su toma de poder ni el tiempo de maduración que exigen determinadas decisiones trascendentales para el desarrollo económico de un país. Todo ello ha dado lugar a un ejercicio de irresponsabilidad sólo comparable al grado de narcisismo con que Sánchez ha paseado por el mundo su emblema presidencial en este año al frente del Gobierno.
El jefe del Ejecutivo podrá consolarse pensando que ‘fue bonito mientras duró’ al tiempo que se prepara para una nueva etapa que no le es nueva como eventual jefe de la oposición. Inasequible al desaliento Sánchez tiene ahora que congraciarse con los propios deudos de su partido y salvar los muebles hasta donde le sea posible. De ahí que el Consejo de Seguridad Nuclear, como epicentro de la más dogmática planificación energética, constituya el nudo gordiano en la preparación artillera del programa electoral que ya ha empezado a desplegar el líder socialista. La transición ecológica de Teresa Ribera ha sido poco más que un simple brindis al sol, suficiente en todo caso para que su jefe puede seguir emborrachándose de poder en la resaca de una legislatura fallida.
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