El gobierno corporativo ¿incorrupto? y la milonga de los informes forensic

A los grandes emisores bursátiles no les ha gustado un pelo que la CNMV incluya la palabra maldita entre las futuras recomendaciones de lo que se considera una adecuada gobernanza empresarial. Sebastián Albella tiene ahora la patata caliente encima de la mesa porque a sus regulados más ilustres les genera aversión que la ‘corrupción’, sin mayores remilgos y con todas las letras, aparezca señalada por primera vez como uno de los principales lastres de sus soberanos modelos de gestión. Al parecer los innumerables avatares que están teniendo lugar en el vecindario del Ibex no han servido aún para crear una conciencia colectiva que reconozca los problemas por su verdadero nombre y no levante ampollas entre aquellos que todavía se creen con derecho a tirar la primera piedra.

El presidente de la Comisión de Valores se niega a ejercer un papel policíaco en los mercados y quiere que el futuro Código de Gobierno Corporativo, en su versión punto cero y después de todo lo que ha caído, sea metabolizado por las empresas como fruto de un consenso generalizado. Una intención más encomiable que efectiva, sobre todo si nos atenemos a las variopintas reacciones que ha recibido la reciente consulta pública lanzada por el regulador. Las empresas consideran que la corrupción se está utilizando en términos equívocos y no tiene, como tal, un significado técnico y preciso en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no debería incorporarse a la legislación de sociedades ni intimidar a la hora de adoptar recomendaciones que, a fin de cuentas, son de cumplimiento voluntario.

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Está visto que los poderes fácticos en nuestro país adolecen de serias dificultades para adaptarse al cambio y se resisten a salir de su zona de confort mientras no haya algún movimiento telúrico que les levante el privilegiado suelo que pisan. Es por ello que el único gobierno corporativo sólo se puede desarrollar a golpe de auto judicial, bien a partir de una condena que provoque escalofríos en el mercado o a través de una pena de telediario que genere temor de Dios a alguno de los santones que pueblan el olimpo empresarial en España. La autorregulación, entendida al estilo anglosajón, es una quimera, un brindis al sol en el que la CNMV y las grandes cotizadas terminan alzando la misma copa.

Desde hace tiempo los verdaderos supervisores bursátiles llevan puñetas y están al frente de los diversos juzgados de la Audiencia Nacional en los que se dilucidan los grandes escándalos protagonizados por empresas del Ibex. El origen de estos episodios nacionales se remonta casi a principios de siglo, cuando la magistrada Teresa Palacios se atrevió a sentar en el banquillo a Emilio Botín. Cerca de veinte años después es Manuel García Castellón, juez estrella del interminable caso Villarejo, quien se enfrenta a la terrible papeleta de poner patas arriba la reputación del mercado bursátil a poco que la riada judicial termine de manera traumática para alguna de las entidades inmersas en causas de delito que, se quiera o no, han adquirido por méritos propios la categoría de corrupción.

García Castellón ha tratado de ir con pies de plomo para evitar que la alarma social contamine las dos principales investigaciones abiertas al BBVA y a Iberdrola. La cortesía judicial no se  ha visto correspondida y la paciencia del instructor empieza a verse desbordada ante la estrategia de defensa planteada tanto por el banco que preside Carlos Torres como por la compañía eléctrica que gobierna Ignacio Galán. Ni uno ni otra han dado la más mínima muestra de contrición, más allá de justificar la escrupulosa estética de los correspondientes sistemas internos de control o de buscar algún chivo expiatorio dispuesto a inmolarse no se sabe muy bien por qué ni por cuánto.

El BBVA lleva un año largo mareando la perdiz tras la cortina de humo desplegada a partir de eso que se ha dado en llamar informe forensic y que no es más que un servicio comprado a una consultora de prestigio para que certifique un análisis interno realizado al gusto del contribuyente y bajo control exhaustivo de su equipo jurídico habitual. La naturaleza de este tipo de pesquisas no tiene nada que ver con la labor de auditoría que entraña una responsabilidad directa para la entidad encargada de verificar con su firma los estados de cuentas. La aparente grandilocuencia del forensic es engañosa como se ha demostrado en cuanto que los peritos de PwC han desfilado por el juzgado como testigos de cargo de una investigación que arroja muchas más dudas que certezas.

De momento lo único claro es la ruptura absoluta con Francisco González. A día de hoy FG se ha convertido en el principal cortafuegos con el que Torres pretende salvar al BBVA de la quema. El actual presidente pactó con el BCE un recorte de sus funciones que ha rebajado las tensiones con los reguladores de Fráncfort y ha conseguido después romanizar a todos los consejeros que fueron nombrados a dedo por su antecesor. A todos menos a José Manuel González-Páramo, cuyo pedigrí bancario le hacía acreedor a metas bastante más elevadas en la entidad. Torres ha entregado la gestión del banco a su consejero delegado Onur Genç y ha dado un paso atrás para guarecerse de un pasado con el que nadie que quiera seguir en el BBVA debe ser o estar identificado.

Más alambicada si cabe es la peripecia de Iberdrola, que ha concitado su defensa en la figura del que fuera responsable de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, un antiguo policía que viene trabajando para Galán desde los tiempos de Airtel, la actual Vodafone. García Castellón ha perdido su aplomo con Asenjo y éste se ha rasgado las vestiduras anunciando que pedirá la recusación del juez en una iniciativa que puede alterar de manera decisiva la actitud condescendiente mostrada en un principio por el magistrado. Iberdrola ha pasado de manera descarada al ataque, convencida de que nadie se atreverá a cuestionar la inocencia de la compañía como persona jurídica ni mucho menos la de sus altos cargos directivos como últimos y presuntos responsables de todo lo que ocurre en el seno de la compañía.

La primera compañía eléctrica del país, una clara historia de éxito estos últimos años, se ha puesto también esta semana la venda de su particular informe forensic como medida preventiva ante una eventual imputación directa que podría socavar la confianza inversora de sus grandes socios institucionales. Ese es el pánico que conmueve a Iberdrola y que induce a una estrategia judicial a la ofensiva, totalmente contraria a la más timorata y confusa desplegada por el BBVA. Eso sí, tanto en un caso como en otro se echa en falta un liderazgo de gestión capaz de trasladar a los mercados un mínimo reconocimiento de culpa y el consiguiente espíritu de redención. El peligro es que cuando llega el momento de comparecer ante el juez todo el mundo termina cantando hasta la Traviata. No se olvide que las dos causas están abiertas y sólo falta que García Castellón, harto ya de estar harto, se decida por entonar los coros de esta ópera bufa.