Viernes, 20.09.2019 - 17:15 h
Capital sin Reservas

El tribunal del santo oficio auditor que pone de los nervios al Ibex

En los cuarteles generales de las grandes firmas de servicios profesionales hace ya un tiempo que se ha agotado toda capacidad de resistencia ante la presión de los organismos reguladores estatales. Las incombustibles ‘Big Four’ van a ser forzadas por tierra, mar y aire a separar sus primitivas funciones de auditoría del resto de contratos multimillonarios vinculados con la consultoría estratégica y demás negocios afines. Deloitte, PwC, EY y KPMG han perdido el glamour de sus mutantes marcas multinacionales para convertirse en reclutas de una llamada a filas que les obliga a competir en batallas campales dentro de sus distintos mercados locales. Todo ello a costa y riesgo de provocar graves daños colaterales en una cartera de clientes compuesta por las más importantes sociedades cotizadas del país.

En España la Ley de Auditoría de Cuentas aprobada en 2015 ha supuesto un disparo a la línea de flotación de un sector elevado a los altares durante los años de la añorada transición política como elemento indispensable para la modernización del tejido empresarial y el desarrollo de los mercados de capitales. Las grandes auditoras alcanzaron pronto una posición de privilegio que las situaba au dessus de la mêlée ante cualquier contingencia desgraciada que pudiera alterar el orden económico. Hasta que llegó la gran recesión y el ex ministro Luis de Guindos decidió que se acabó lo que se daba, impulsando una normativa de claro corte disruptivo como dicen los modernos y que para los más viejos del lugar constituye lo más parecido a un tribunal del santo oficio ejercido de manera implacable por el ICAC.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se ha abrazado a la ortodoxia de la legislación vigente para erigirse en el martillo pilón de las cuatro grandes entidades incumbentes que desde hace años se reparten los más jugosos contratos del Ibex 35. La ofensiva emprendida en 2016 con el multazo de más de 10 millones de euros impuesto a Deloitte por la auditoría de la salida a bolsa de Bankia ha desatado el furor inquisidor de un organismo que, a diferencia del resto de reguladores teóricamente independientes, está cosido a la trabilla del Ministerio de Economía como un apéndice funcional de la Administración del Estado y al servicio, por tanto, del color político que toque en cada turno.

Inducido con la misión de no dejar títere con cabeza, el ICAC ha lanzado a discreción su artillería sancionadora, provocando una verdadera refriega que tiende a socavar la credibilidad de las firmas auditoras a la vez que despierta también sombras de duda sobre las cuentas de las empresas auditadas. Ana Botín se vio obligada a cambiar de auditor antes de lo previsto para otorgar carta de naturaleza a los nuevos requerimientos que establecen la rotación de proveedor cada diez años. El Banco Santander no estaba exigido por la norma pero cedió a los designios oficiales y contrató a PwC en lugar de Deloitte a mediados de 2015, nada más entrar en vigor la nueva legislación.

Más tarde, en octubre pasado, el ICAC la emprendió con la firma que preside Gonzalo Sánchez por sus labores en el Banco Popular, intentado que el Santander buscara de nuevo otro auditor, pero esta vez la presidenta del grupo cántabro se negó a seguir el juego. Para entonces PwC había sido multada con otros 10 millones largos de euros por su antigua labor como auditor de la OPV de Aena. El Gobierno entendió que la firma incurría en conflicto de interés dado que ya venía trabajando para el gestor aeroportuario en su análisis ordinario de cuentas. La denuncia de incompatibilidad en noviembre de 2014, cuando Aena se encontraba en la pista de su despegue en bolsa, hizo que el emisor tuviera que contratar de urgencia a EY para realizar una auditoría exprés y retrasar lo menos posible su estreno en el parqué, que tuvo lugar en febrero de 2015.

Multa de la SEC a KPMG

​Los tentáculos del ICAC se extienden por el Ibex como una mancha de aceite que ha llegado a salpicar incluso al inmarcesible Florentino Pérez, obligado a sustituir a su auditor de cabecera un año antes del plazo legal previsto. La mudanza ha sido consecuencia de la enésima sanción contra Deloitte, relacionada esta vez con una supuesta infracción por trabajos vinculados con la célebre y fallida batalla que ACS libraba en 2011 para hacerse con el control de Iberdrola. Además de la pertinente multa, esta vez de menor cuantía, el regulador determinó la incompatibilidad de la relación profesional entre la firma y el grupo constructor, que finalmente ha elegido a KPMG como nuevo auditor.

Esta última entidad ha sido uno de los grandes beneficiarios del movimiento de tierras registrado en el sector. KPMG está viviendo una etapa dorada en España, cuando menos en el segmento de auditoría, que contrasta con las tribulaciones que viene padeciendo de un tiempo a esta parte en Estados Unidos. La SEC ha acusado a la firma de mala conducta en el uso de información confidencial empleada para obtener contratos con empresas cotizadas en la Bolsa de Nueva York. De momento, los actuales auditores entre otros del BBVA han tenido que pagar 50 millones de dólares al regulador de Wall Street para purgar responsabilidades de antiguos socios, dejando a la intemperie un eventual riesgo reputacional que puede traducirse en un problema, máxime teniendo en cuenta cómo se las gasta el ICAC en nuestro país.

El temor es generalizado en todo el sector de auditoría y, por ende, en el mercado bursátil. Hasta el punto de que algunos embajadores de grandes sociedades cotizadas han hecho llegar su protesta a los edecanes de Moncloa para que refresquen la memoria de Pedro Sánchez antes de que puedan ser convocadas nuevas elecciones en España. El presidente del Gobierno y su ministra de Economía, Nadia Calviño, han recibido el mensaje, recordando que al frente del regulador figura Enrique Rubio, designado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Uno de los pocos supervivientes de la moción de censura que no es tributario de la actual Administración socialista y que por eso mismo puede ejercer su poder con pleno mando en plaza. A saber hasta cuándo porque los grandes empresarios están de los nervios con el ICAC.

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