OPINION

En busca de la CEOE perdida: ¡Garamendi, ahora o nunca!

Pablo Iglesias y Antonio Garamendi
Pablo Iglesias y Antonio Garamendi

Si la crisis financiera de la pasada década, con su saldo de cuatro millones largos de parados, deslegitimó la capacidad de los sindicatos como agentes válidos para representar a los trabajadores, los estragos que va a dejar el coronavirus suponen un punto de inflexión que puede erosionar la identidad de la CEOE como principal estandarte de los empresarios en España. Las asociaciones sectoriales, que son las que configuran el núcleo duro de la organización matricial, se sienten despreciadas por el Gobierno en la catarata de unas actuaciones económicas claramente inspiradas por el ideario populista de Podemos. La base que da soporte al tejido empresarial del país se ha convertido en el patito feo de la política anticrisis y los más damnificados entienden que Antonio Garamendi no ha tenido el suficiente arrojo para hacer valer la posición de influencia que se requiere de la máxima institución corporativa del país.

Cuando Pedro Sánchez anunció el decreto inicial de medidas extraordinarias tras el estado de alarma, la primera y más instintiva reacción de la plana mayor de CEOE no fue otra que consultar al oráculo de los grandes banqueros y banqueras del país con objeto de formar una opinión con poderoso respaldo colectivo ante la opinión pública. Lógicamente, y como no podía ser de otra manera, Ana Botín, Carlos Torres y Jordi Gual mostraron su pleno y formal apoyo al Gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que los nuevos modelos de financiación con respaldo del Estado constituyen también un dulce caramelo para que los bancos puedan reactivar su deprimido negocio crediticio. No en balde, antes incluso de que el ICO hubiera firmado los preceptivos convenios con las entidades financieras, tanto el Banco Santander como Caixabank se apresuraron a captar clientes necesitados en un intento absurdo de ganar por la mano al resto de sus competidores.

Pulsar el estado de ánimo de las grandes entidades financieras ha sido una constante en la CEOE desde que Gerardo Díaz Ferrán tomó el testigo del mítico José María Cuevas allá por el año 2007. La pujanza de la patronal bancaria AEB en el seno de la cúpula patronal no se ha puesto nunca en duda, pero los padres fundadores de la organización confederada mantuvieron un especial empeño ecuménico para que nadie se sintiera discriminado cada vez que pisaba la sede de Diego de León. El juego de equilibrios entre las diferentes sensibilidades de unos y otros socios es uno de los grandes valores históricos de la CEOE, un sello de calidad que ahora puede saltar por los aires habida cuenta del conflicto natural que en una crisis como la que se viene encima enfrenta a los poderosos prestamistas del país con los más débiles prestatarios, angustiados por mantener a flote sus pequeños negocios.

Antonio Garamendi supo esperar su momento para dar el salto a la fama empresarial después de establecer un acuerdo de mutua no agresión con su antecesor y principal rival, Joan Rosell. El ánimo pactista de los dos últimos presidentes se ha instalado desde entonces en el ADN de la CEOE, que muestra actualmente un especial instinto de acercamiento hacia los poderes, tanto reales como fácticos, que dominan la actividad económica en nuestro país. En momentos de cierta abundancia esta desviación genética ha provocado pequeñas escaramuzas internas entre las principales organizaciones territoriales, pero es ahora, ante el azote salvaje del coronavirus y sus fatales consecuencias, cuando las críticas de las patronales sectoriales se han convertido en un clamor que puede dejar una profunda herida en la estructura funcional de la CEOE a poco que la crisis sanitaria mute en una profunda recesión económica.

La credibilidad de la más importante organización empresarial del país está amenazada de muerte si sus dirigentes se obstinan por salir corriendo en auxilio del vencedor. La política de apaciguamiento con Pedro Sánchez ha superado la fase inicial del estado de alarma y será castigada de manera implacable por esa legión de pequeños emprendedores y trabajadores por cuenta propia que se sienten cada vez más discriminados ante el triaje de dádivas y prebendas con que el Gobierno reparte las ayudas oficiales en favor de sus principales grupos de interés electoral. A los demás, ajo y agua como dice el dicho y reafirma la ministra de Hacienda cuando se empeña en exigir el pago inmediato de impuestos a los sectores más damnificados por la paralización draconiana de la actividad económica. Bares, talleres, concesionarios, comercios y un sinfín de Pymes confinadas se disponen a echar el cierre ante la imposibilidad de hacer frente a sus necesidades de circulante y la inquebrantable voracidad fiscal del Estado.

Recurso al pataleo tras el desprecio de Pablo Iglesias

Asumida la emergencia de la situación, y una vez decretada la hibernación radical de la economía española, los máximos dirigentes empresariales rompieron hace unos días su voto de silencio para hacerse oír en los medios de comunicación con una serie de críticas más o menos aseadas de cara a la galería. Parca respuesta teniendo en cuenta el ninguneo y la manipulación con que Pablo Iglesias ha tratado a las principales organizaciones empresariales del país, incluida Cepyme, para la puesta en marcha de la futura renta mínima vital. Las protestas de la CEOE suenan así como un recurso al pataleo ante el desarrollo de unas medidas de alivio, que no de estímulo, salpimentadas con las recetas de los dos grandes sindicatos de clase. Unai Sordo y Pepe Álvarez campan por sus respetos por el Ministerio de Trabajo para dar rienda suelta a las reivindicaciones de Comisiones Obreras y UGT mientras Garamendi trata de obtener un mínimo reconocimiento de la vicepresidenta Calviño, más ocupada en contrarrestar el frenesí de Podemos y evitar que los costes sociales de la crisis se carguen contra los antiguos monopolios públicos que habitan en el Ibex 35.

La única gran operación de rescate empresarial se ha diseñado a partir de un quiero y no puedo, con una línea de avales públicos del ICO por valor teórico de 100.000 millones de euros cuya materialización efectiva deja mucho que desear. El Ministerio de Economía ha decidido comprometer estas ayudas en cómodos plazos dadas las penurias de Hacienda y así las cosas el prometido balón de oxígeno está resultando en la práctica demasiado escaso para las necesidades que acucian a los sectores más vulnerables. Todo ello sin olvidar que la intubación de muchos pequeños empresarios y autónomos depende de los equipos de respiración asistida que generosamente quieran habilitar las grandes entidades de crédito. En otras palabras, son los comités de riesgo financiero los que tienen la última palabra porque, entre otras razones, nadie en el Gobierno se ha encargado de establecer mecanismos que garanticen la liquidez al sistema económico sin pasar por la horca caudina de la gran banca.

La falta de un mercado de capitales realmente efectivo en nuestro país constituye un grave hándicap para ese plan de reconstrucción económica y social que invoca solemnemente Pedro Sánchez en su perorata semanal por las televisiones amigas. Un proyecto que el presidente trata de cimentar en la añoranza de unos segundos Pactos de la Moncloa realmente inviables en la España de hoy. No comprende el líder socialista que los políticos que nos han metido en la crisis sanitaria no serán capaces de sacarnos de la recesión económica si no cuentan con los empresarios como principal fuerza choque. Entendiendo por tales no sólo aquellos que olfatean la lluvia mojada desde su confortable Arca de Noé sino de todos los que están a punto de caer por el sumidero del diluvio que viene. La memoria histórica es la mejor aliada de la CEOE pero también es el último cartucho para sacar del letargo a todo el movimiento empresarial en España. ¡Garamendi, ahora o nunca!

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