Dicen que no hay peor sordo que quien no quiere oír, pero el pathos emocional que marca la actual tendencia económica defiende que es mejor taponarse los oídos ante acontecimientos indeseables que pueden alterar el dictado de la ortodoxia doctrinal. La escuela dominante en el mundo desarrollado considera que la actividad económica se orienta principalmente mediante una narrativa enunciada sin fisuras a partir de un forzado consenso internacional. Superada la trágica experiencia de los ajustes fiscales impuestos tras la crisis de deuda de 2008 el péndulo de los tiempos actuales de la pandemia se ha desplegado hacia una política monetaria radical y exenta de contraindicaciones. De este modo los bancos emisores han afinado sus gritos de socorro propagando un alud de liquidez sin que ninguno de los consagrados arúspices que interpretan las señales del mercado se atrevan a admitir que la emergente derivada inflacionista ha venido para quedarse.
La escalada de los precios está siendo espantada a escobazos bajo el argumento de un relato perfectamente adecuado a la situación sobrevenida tras el coronavirus. Tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo (BCE) secundan su estrategia acomodaticia con la convicción de una profecía autocumplida que, según los análisis más voluntaristas, sitúan las actuales subidas de la energía y las materias primas en una dimensión estrictamente temporal. Detrás de los mensajes posibilistas de las autoridades supranacionales lo que subyace es una indicación a los responsables estatales para que impidan a toda costa los efectos de segunda ronda que históricamente suelen trasladar el incremento del coste de la vida a los salarios, dando lugar a una espiral tremendamente nociva para los objetivos de recuperación. Nada mejor que cerrar todas las puertas a la inflación para que la inflación no se escape ante el impulso del vendaval monetarista desatado a nivel global.
La conjura internacional contra el austericidio ha servido para inundar de dinero el sistema productivo, pero ni los más irredentos apóstoles del gasto público van a poder evitar la nueva devaluación interna que deberán afrontar más pronto que tarde las diversas y maltrechas economías dentro de la Unión Europea. En España la situación que se plantea adquiere caracteres dramáticos porque el Gobierno está ensalzando con un exceso de complacencia los borbotones de una mentirosa recuperación que solo se sostiene en su comparación elemental con el desplome del último bienio negro. Pedro Sánchez está obligado a vivir en el alambique de un equilibrio realmente inestable, abducido por la sensibilidad social que reclaman sus socios de coalición y atormentado por la responsabilidad fiscal que exigen sus padrinos comunitarios. Un escenario endemoniado que aboca a una economía sin rumbo bajo el único impulso de intereses políticos de muy corto plazo.
La subida del Salario Mínimo Interprofesional abre la puerta a esos efectos de segunda ronda que el BCE quiere evitar a toda costa para no provocar una espiral inflacionista
El jefe del Ejecutivo necesita darse prisa en sacar conejos de la chistera presupuestaria antes de que la Comisión Europea despliegue a sus hombres de negro para vigilar la gestión de la política fiscal en España. Los fondos europeos de la llamada Next Generation tienen un coste político directo por cuanto que serán habilitados de manera condicionada en orden a la voluntad manifiesta para abordar las reformas estructurales que exige Bruselas. Nadia Calviño deberá desplegar sus mejores oficios en la capital comunitaria para superar la reválida que sus colegas van a imponer a España, lo más parecido a una carrera de obstáculos gradualmente intensa y complicada a lo largo de los próximos meses.
El primero de los trucos de magia subrayados en la agenda presidencial con la línea roja de Podemos es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), destinado a callar la boca de Yolanda Díaz y sus camaradas de los sindicatos pero que abrirá el apetito de otros colectivos proclives a manifestar su más enérgica insumisión ante la pérdida de poder adquisitivo. Los funcionarios y los pensionistas no van a quedarse de brazos cruzados y terminarán por elevar el listón de exigencia sobre una economía que ha perdido los principales elementos de control adoptados con motivo de la gran recesión de la pasada década. La célebre desindexación del sistema productivo, construida como arco de bóveda de la recuperación emprendida en la última etapa de Mariano Rajoy, ha pasado a la historia justo cuando el IPC empieza a enseñar de nuevo sus garras más afiladas.
Mientras la teoría científica se esmera en inculcar la necesidad de reformas y ajustes fiscales como elementos sustitutivos del vigente programa de expansión cuantitativa, los políticos muestran su aversión a todo tipo de riesgos agarrándose al clavo ardiendo de un monetarismo en fase terminal que les permita dilatar lo más posible el duelo con la triste realidad. La vicepresidenta Calviño se ha doctorado en esta escuela de pensamiento tras negar sin ningún pudor los temores de la insurgente inflación que, según ella, obedece al crecimiento productivo y no va a suponer ningún deterioro de la competitividad estructural a medio plazo. Un análisis aventurado y a las alturas de su aquilatada experiencia macroeconómica pero que puede hacer del Gobierno un blanco fácil para todos aquellos que se vean arrastrados por esas tensiones de precios que son genéticas en una economía claramente dependiente del exterior.
En Alemania, a la puerta de elecciones, empiezan a surgir voces que defienden la inclusión del IPC como nueva variable en el futuro Pacto de Estabilidad y Crecimiento en Europa
La encargada de la recuperación en España se muestra confiada en su reputación comunitaria y espera que las autoridades europeas relajen los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que están suspendidos en virtud de la cláusula de salvaguardia activada tras el coronavirus. Es probable que los tecnócratas que habitan en Bruselas establezcan niveles de deuda y déficit menos exigentes de cara a 2023, pero la vicepresidenta debería considerar que la campaña alemana contra la inflación tomará carta de naturaleza tras las elecciones que se celebran en el país germano el 26 de septiembre. A partir de entonces van a cambiar muchos de los paradigmas económicos que se han prodigado desde el Tratado de Maastrich y no se puede descartar que entre los futuros criterios de convergencia se incluya un objetivo de inflación como asignatura de obligado cumplimiento para todos los que quieran permanecer en el gran club continental.
Es bastante comprensible que el choque violento de los precios en Europa y Estados Unidos responda a causas transitorias derivadas entre otros factores de los problemas que aquejan a las cadenas globales de suministro. Pero eso no significa que sus consecuencias sean efímeras y no vayan a verse agravadas a poco que los veraneantes de Jackson Hole empiecen a retirar el ‘soma’ de un mundo feliz que nunca fue ideado ad eternum. La estanflación es la nueva espada de Damocles que refulge sobre la cabeza de las economías más débiles y endeudadas, entre las que España se lleva la palma. Pedro Sánchez puede cometer un inmenso error de cálculo político si pretende jugarse su limitada credibilidad a la carta de una recuperación injusta que amplíe la brecha social de la desigualdad en detrimento de sus propias bases electorales. Por mucha Nadia que suponga Calviño, ese es el efecto que puede derivarse de una inflación más duradera de lo que algunos quieren hacernos creer.
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