De una forma abrupta y sin mayores miramientos, los empresarios catalanes agrupados en Fomento del Trabajo han rechazado la propuesta que estaba sobre la mesa de la institución para aumentar las cuotas y reforzar su presupuesto con vistas al desarrollo orgánico de los próximos años: “De eso nada; nosotros no estamos aquí para financiar el sueldo de Antonio Garamendi”, vino a ser la respuesta a modo de recriminación que recibió Josep Sánchez Llibre, presidente de la más importante patronal de Cataluña a la par que vicepresidente de la CEOE. La reacción, intempestiva para unos y perfectamente legítima para otros, pone de manifiesto un serio déficit de liderazgo al frente del entramado empresarial justo en un momento crítico, cuando Pedro Sánchez trata relanzar su contrarreforma laboral aprovechando los últimos coletazos de su efímero mandato.
Por mucho que Garamendi se obstine en disfrazar como si fueran dietas los 350.000 euros que va a cobrar en 2019, lo cierto es que el nuevo salario del flamante presidente de la CEOE ha levantado ampollas en el seno del movimiento patronal, debilitando la posición de fuerza de los empresarios ante el cambio de ese otro colchón que ha venido amortiguando las relaciones de los agentes sociales durante estos últimos años en España. El Gobierno necesita congraciarse con los sindicatos, compungidos como están después de que a más de uno se le hicieran los dedos huéspedes con la inopinada restauración del PSOE en el poder allá por junio. Los meses han transcurrido demasiado rápido y la feliz oportunidad de recuperar su ancestral predominio en la negociación colectiva se ha convertido en una promesa incumplida que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tratará de resarcir en las próximas semanas apelando al socorrido decreto-ley electoral.
El recurso manido y hasta presuntuoso de un mecanismo legal previsto exclusivamente para situaciones de crisis o de urgencia no se sostiene en un momento de clara interinidad política, pero el jefe del Ejecutivo no suele parar en barras a la hora de capitalizar electoralmente el resentimiento social que han deparado los ímprobos esfuerzos de recuperación económica. La política de austeridad, aunque haya sido determinante para sacar a España del pozo de la recesión, se ha cobrado un peaje muy caro en forma de desigualdad, generando un terreno abonado para que los progresistas de salón inflamen con el descaro de su primacía moral las más atávicas recetas económicas que ahora tratan de imponer por la fuerza que les otorga el uso y abuso del Boletín Oficial del Estado (BOE).
El proceso de involución de la reforma laboral puesta en marcha hace siete años tiene como único objetivo inmediato devolver a los sindicatos la iniciativa de las relaciones laborales en España, restaurando la reputación que las propias organizaciones sindicales perdieron como consecuencia de su incapacidad ante la crisis. UGT y CC OO naufragaron en el mar de contradicciones de una atípica función social que siempre ha estado supeditada al papel estelar de ambas organizaciones como correas de transmisión de un ideario socialdemócrata descafeinado y superado claramente por los tiempos modernos. Los sindicatos no han sabido ni han querido reciclarse al compás del desarrollo de los mercados y fueron quedándose paulatinamente descolgados de la realidad económica hasta que Rajoy les dio la puntilla en 2012.
Primeras críticas internas en la CEOE
Sánchez se ha comprometido a revertir la situación en una típica vuelta a las andadas de las que tanto gustan al jefe de filas socialista pero a día de hoy no ha encontrado todavía los indispensables apoyos parlamentarios de los nacionalistas catalanes y vascos: PDeCAT y PNV. De ahí que la célebre contrarreforma laboral tenga que abordarse tras la disolución de Las Cortes como un ejercicio de fuerza electoral que va a poner también a prueba el peso específico de una CEOE venida a menos en España. La cúpula empresarial lleva mucho tiempo peregrinando por el desierto, cuando no flirteando con las instituciones estatales y autonómicas o tratando de arreglar los males del país con posicionamientos políticos que siempre terminan encallando en las relaciones de camaradería con los poderes de turno.
Garamendi no ha sido ajeno a la tentación y a fe que algunos de sus principales compañeros de fatigas, sobre todo los que más le apoyaron en su campaña para la sucesión de Juan Rosell, han empezado a sentirse incomodados ante determinadas tomas unilaterales de decisión y los consiguientes guiños de compadreo con el Gobierno socialista. La propuesta formulada en enero a los sindicatos para subir los en 2019 los salarios hasta en un 3% levantó ampollas dentro de la junta directiva de la patronal, que ha estrechado en las últimas semanas el cerco sobre los movimientos de su hasta entonces aclamado presidente. Garamendi y sus 350.000 euros de vellón están ahora bajo el foco, sometidos al escrutinio de propios y extraños, por lo que el jefe de la CEOE deberá tentarse la ropa si no quiere patinar en ese terreno resbaladizo donde Pedro Sánchez suele moverse como pez en el agua.
El plan del presidente del Gobierno es muy simple y consiste en actuar como hombre bueno de un pacto con los agentes sociales para recuperar la primacía de la negociación colectiva sectorial sobre el acuerdo de empresa así como la ultraactividad de los convenios que, de esta forma, volverán a ser prorrogados automáticamente el año de su vencimiento. Con esto y poco más los sindicatos se darían con un canto en los dientes por cuanto que volverían a legitimar su capacidad de interlocución como representantes válidos de los trabajadores, tanto de los que están al corriente de la cuota de pago como de aquellos otros obligados igualmente a pasar por el aro por mucho que disientan de cualquier proposición de afiliación sindical.
La CEOE ha acariciado estos últimos meses la posibilidad de entrar al trapo de un enjuague más efectista que efectivo, pero llegados a este punto no parece que la cúpula empresarial pueda permitirse ningún devaneo al uso con un Gobierno amortizado y un Parlamento abierto exclusivamente en horas de guardia. Legislar en estas condiciones una contrarreforma laboral es un desafío ciertamente insolente por mucho que sirva como prólogo de esa carrera electoral que el jefe del Ejecutivo emprenderá contra reloj y a tumba abierta de aquí al 28 de abril. A pesar de lo que digan o mientan las encuestas de Tezanos, la patronal no puede hacer el caldo gordo al PSOE. Garamendi ha recuperado los conceptos salariales que solamente cobró José María Cuevas entre todos los antiguos presidentes de la CEOE. Con la misma debe ahora renovar también el espíritu del que fue considerado como el mejor representante de los empresarios en España.
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