Bajo el pretexto de buscar protección contra la plaga de atentados que asolaba entonces a España, muchas grandes compañías decidieron incorporar hace veinte años en sus estructuras corporativas a destacados altos mandos policiales con probada experiencia en materia de seguridad y orden público. Fue así como se configuró lo que algunos denominan a día de hoy ‘la cooperativa de los comisarios del Ibex’, un grupo más o menos cohesionado y que maneja a su antojo los servicios de inteligencia de las principales sociedades cotizadas, así como de otras entidades empresariales que han sufrido especialmente el azote del terrorismo en nuestro país.
Uno de los pocos que prescindió de tan exquisita colaboración fue Manuel Pizarro, a la sazón presidente de Endesa, inmerso por aquel entonces en la célebre batalla de opas que terminó por convertir a la primera empresa eléctrica española en una filial del Estado italiano. Pizarro se enfrentó a pecho descubierto contra el Gobierno de Zapatero y por eso lo primero que hizo cuando comprobó que agentes identificados del CNI vigilaban de cerca sus movimientos no fue sino llamar a su amigo Alfredo Pérez Rubalcaba a pedir explicaciones. El recientemente fallecido dirigente socialista aseguró que el Ministerio del Interior no tenía nada que ver en el asunto y Pizarro tuvo que contentarse con una condena en los tribunales para sus siniestros espías, pero sin conocer el alcance, origen y motivación que los indujo a seguir sus pasos.
Todo ello hasta que se ha puesto en evidencia hace unos días que Iberdrola estuvo investigando la vida privada de Pizarro a través del célebre comisario José Manuel Villarejo. Los contactos con el policía ahora en prisión se establecieron por medio de su colega Antonio Asenjo, hombre de personal y antigua confianza del presidente Ignacio Galán y director de seguridad de la eléctrica vasca, que ha sido obviamente el primero en pagar el pato por lo ocurrido. Iberdrola no ha tenido por menos que sacrificar al chivo expiatorio de marras y en un alarde de eso que llaman responsabilidad social corporativa se ha cubierto las espaldas con una tercera investigación, interna por supuesto, aunque esta vez dicen, ahí es nada, que con carácter exhaustivo.
Es de esperar que los resultados de las nuevas pesquisas sean más positivos que en las dos anteriores, sobre todo teniendo en cuenta que los audios de las escuchas efectuadas por Villarejo son de dominio público y, según los iniciados en la materia, esto no ha hecho más que empezar. En los mentideros de la Villa y Corte existe la certeza de que en los próximos días aparecerán detalles más o menos escabrosos de nuevas conversaciones privadas arrancadas de mala manera a otros damnificados, pues no en vano Iberdrola ha reconocido servicios de su espía de cabecera que se prolongan entre 2004 y 2017.
A este paso las andanzas del agente secreto más propenso a indagar en los dicharachos del Ibex van a terminar con la reputación de toda la comunidad financiera y empresarial del país, propiciando un juicio mediático que amenaza con llevarse por delante a justos y pecadores en el mismo saco. Todo ello como consecuencia de eso que Edward Snowden, el espía arrepentido de la CIA, califica en su reciente libro autobiográfico como el capitalismo de vigilancia. Una práctica que se resume en la utilización malsana de los grandes y constantes avances tecnológicos que hacen los más poderosos para violar de manera sistemática la privacidad de cualquier hijo de vecino que tenga un smartphone y una cuenta de correo electrónico.
El juez García-Castellón y los 'receptadores'
Los dirigentes corporativos más preocupados, algunos de los que temen aparecer en la lista inacabada de escuchas ilegales, han empezado a trasladar al viento sus quejas confiados en que el impulso del céfiro las conduzca de forma sutil y conveniente hasta la Audiencia Nacional. El objetivo es meridiano y consiste en que el juez García-Castellón, en su papel de instructor de la causa, tenga a bien invocar a los presuntos ‘receptadores’ que vienen manejando con especial cuidado el supuesto material delictivo. Eso sí, Iberdrola no parece que vaya a librarse de protagonizar una nueva pieza separada en los tribunales y, en todo caso, su rutilante gobierno corporativo, modelado durante años por el secretario del consejo, Julián Martínez-Simancas, se ha roto en añicos como esos jarrones chinos con los que las grandes sociedades cotizadas decoran sus plantas, y sus intenciones, más nobles.
La epidemia desatada por el ‘caso Villarejo’, no hay mal que por bien no venga, otorga curiosamente una oportunidad pintiparada a la CNMV para demostrar el valor que se le supone al regulador del mercado bursátil. La entidad que preside Sebastián Albella es la principal interesada, o al menos debería serlo, de erradicar unas prácticas que atentan flagrantemente contra el buen funcionamiento de los mercados. Es verdad que la reputación no tiene por qué afectar a la estabilidad económica y que a uno pueden descalificarlo en su trabajo sin que la empresa deje de pagarle la nómina. El problema viene cuando el empleador confirma que las desacreditación tiene una base real y decide poner en la calle al interfecto.
La Comisión de Valores puede esta vez adquirir el marchamo que viene persiguiendo desde hace tiempo para dejar de ser la ‘hermana pequeña’ del Banco de España dentro de la gran familia de entidades de regulación y supervisión económica. Ahora o nunca, porque la acumulación de episodios tan sórdidos como los habidos y por haber refuerza la importancia de asegurar unos niveles de conducta tanto o más estrictos que los impuestos para calibrar la solvencia de los emisores. Albella tiene en su mano la llave para apretar las clavijas del buen gobierno, ejerciendo su papel como verdadero comisario del Ibex y reclamando un sistema de sanciones capaz de disuadir la impunidad de actuaciones claramente perversas. El presidente de la CNMV se la juega en el envite, pero a un año vista del término de su mandato no debería perder la ocasión de intentarlo. En el peor de los casos siempre le quedaría el consuelo de salir del cargo por la puerta grande. Algo que también tiene su mérito.
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