La CNMV acaba de elevar al 40% el umbral de consejeras en las sociedades cotizadas como recomendación de buen gobierno corporativo. El dato frío y ramplón es un placebo para el rutilante feminismo que nos invade, pero no debería distraer al observador más avezado del lamento manifestado por el propio organismo regulador con la evidencia de que tan solo un 5% de las mujeres que pueblan los órganos de gobierno de las grandes compañías lo hacen en calidad de ejecutivas. Sebastián Albella ha puesto el dedo en la llaga de la gobernanza cavernaria que, en materia de igualdad y diversidad de género, sigue caracterizando al Ibex, lo que supone un argumento imbatible para que Iván Redondo y su ejército de asesores en Palacio empiecen a remover las plantas nobles de las principales empresas bursátiles en España.
El nuevo zar de Moncloa es consciente de que el poder se demuestra ejerciéndolo y ha empezado a lanzar los primeros anzuelos entre sus allegados del mundo de los negocios para configurar un grupo selecto de candidatas de reconocido prestigio, a poder ser socialista, que puedan incorporarse a los consejos de administración de las más importantes entidades del país. La relación debería incluir, de partida, un mínimo de diez nombres para un total de diez compañías y el surtido tendría que materializarse aprovechando la temporada de juntas generales que ahora comienza. La urgencia del proceso es clave para anticipar cualquier riesgo de injerencia que pueda tentar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, dado el afán de Pedro Sánchez por evitar que los ministros de Podemos tomen vela en materia económica.
La alianza de conveniencia que mantienen los dos socios preferentes de legislatura va a enfrentarse en las próximas semanas a una nueva prueba de resistencia, toda vez que llega el momento de abordar los nombramientos de segunda generación, los verdaderos premios gordos en la lotería de altos cargos a repartir dentro de las empresas públicas. El Gobierno socialista no remendó de viejo cuando accedió al poder tras la moción de censura y las huestes de Sánchez no dejaron títere con cabeza en ninguna de las grandes marcas que configuran el mapa corporativo de servicios públicos a cargo del Estado. Es de prever que la mayor parte de los agraciados y agraciadas de entonces permanezcan en sus puestos, pero aun así existen todavía algunas oportunidades muy golosas que tanto sirven para pagar antiguos favores como para vender futuras servidumbres.
El primer nombramiento en ciernes es la presidencia de Red Eléctrica, vacante tras la espantada de Jordi Sevilla. La vicepresidenta Teresa Ribera desea cerrar rápidamente la crisis con la designación de una mujer que además de orientar la estrategia de la compañía al ideario ecologista contribuya a fomentar el feminismo en la alta dirección de las empresas en bolsa. Las dos religiones seculares de los tiempos modernos se dan cita en un mismo cargo para mayor gloria del nuevo Gobierno progresista de izquierdas. El exministro de Zapatero se ha marchado por la puerta falsa desahogando sus penas con todo aquel que ha querido servirle de altavoz, pero lo cierto es que nunca una dimisión ha dado tanto juego a una causa política porque Sevilla, probablemente sin quererlo, ha hecho un gran favor a todos los que han tratado de condicionar su poder absolutista en la operadora del sistema eléctrico.
Otro que hizo un servicio impagable a su ministra fue Vicente Fernández, obligado a abandonar el balneario de la SEPI por su implicación en la venta de la mina de Aznalcóllar cuando trabajaba para la Junta de Andalucía. El expresidente del holding público fue una de las personas de máxima confianza que se trajo María Jesús Montero a Madrid cuando fue designada titular de Hacienda. Su salida fulminante ha dejado al antiguo INI sumido en un letargo invernal, muy propio de la función eminentemente burocrática que realizan sus veteranos funcionarios. La ministra quiere reverdecer sus galones ahora que ha sido ratificada en el Gobierno y cubrir la vacante antes de que surjan candidatos/as de otras latitudes en busca de un puesto que, no en balde, tiene fama de ser el mejor retribuido de todo el sector público empresarial.
Aena y el amigo de Rajoy
El gobierno corporativo de las empresas estatales no ha alcanzado los mínimos estándares que rigen en el sector privado y da mucho de sí a la hora de abordar movimientos terrenales para recuperar a buenos feligreses o meros simpatizantes de la causa que quedaron descolocados de anteriores seísmos. Un caso muy ilustrativo es Aena, sociedad cotizada bajo control gubernamental del actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Una terminología que viene al pelo para justificar el trasiego de nombramientos políticos en el consejo de administración de la compañía que preside Maurici Lucena y al que se han incorporado en el último año el antiguo alcalde socialista de Barcelona, Jordi Hereu, o el más célebre expresidente de la extinta Unió Democrática de Catalunya (UDC), Josep Antoni Durán i Lleida.
Ambos consejeros han sido designados con la misma naturalidad y la misma condición de independientes, ahí es nada, con que fueron nombrados la mayor parte de sus antecesores en febrero de 2015, cuando José Manuel Vargas consiguió a trancas y barrancas que el Partido Popular le dejase sacar la empresa a bolsa. De aquella época se mantienen a día de hoy en el máximo órgano de gobierno de Aena el que fuera presidente de Caja Madrid, Jaime Terceiro; el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet y el dueño de Hotusa, Amancio López, amigo personal de Mariano Rajoy. Los tres acaban su mandato este año y sus respectivos sillones son de los más cotizados en la rifa de consejeros/as que sortean los asesores monclovitas.
La llamada ‘lista de Iván’ servirá de paso para blanquear la compleja situación de algunos valores de rancio abolengo que han sido atacados por el virus de Villarejo y sus delirantes espionajes de toda la última década. El nuevo BBVA de Carlos Torres y la antigua Iberdrola de Ignacio Galán figuran en el ojo avizor del que está considerado como el genuino vicepresidente en la sombra de Pedro Sánchez. Si alguien necesita darse ahora un baño de responsabilidad social corporativa no tiene más que llamar al fontanero en jefe de Moncloa que estará encantado de enviar a sus distinguidas ‘Kellys’ para limpiar, pulir y abrillantar los consejos de administración de cualquier imperio empresarial que se precie. En nombre del buen gobierno y de la diversidad de género pero, sobre todo, como Iván manda.
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