La mano invisible de Iglesias, ‘papá Estado’ y sus hijos pródigos

Los grandes paradigmas sobre los que estaba asentado el mundo liberal, algunos que parecían inmutables con el desarrollo vertiginoso de la globalización, han sido declarados en cuarentena ante la psicosis de pánico desatada por el coronavirus. El Banco de Japón, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo se están saltando a la torera tabúes centenarios con objeto de adaptar sus regulaciones internas y dar vueltas a la manivela de sus poderosas máquinas de hacer dinero. Es la economía mundial la que está amenazada y nadie quiere exponerse a que el fantasma de Adam Smith saque a pasear su mano invisible repartiendo sopapos a esos incautos que algún día se creyeron aquello del poder de los mercados y la célebre fábula de la oferta y la demanda.

La fiebre proteccionista ha atacado también como un virus a los probos funcionarios europeos y en Bruselas están desempolvando añejas directivas orientadas a colocar puertas al campo aún a riesgo de provocar una infección de polilla en todo el Viejo Continente. Ni que decir tiene que algunos gobernantes están encantados de conocerse al abrigo de esta nueva doctrina económica que acredita su ideario populista aprovechando la crisis de identidad que padece el viejo catecismo capitalista desde la gran recesión de la pasada década. El drama de estos revolucionarios de clara con limón consiste en que su causa, por muy legítima que parezca, necesita una garantía de liquidez que ellos no están en condiciones de aportar más allá de esa invocación de caridad por la que tarde o temprano terminará entrando la peste.

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Podemos quiere entrar también en las empresas públicas y entes reguladores

El olor a naftalina ha embriagado con inusitados delirios de grandeza a las autoridades gubernativas de Podemos, deseosas de beber los vientos que ahora soplan por las cancillerías del Viejo Continente. Las opciones de una oleada de nacionalizaciones empresariales está siendo acariciada con especial interés por los burócratas comunitarios, desesperados como están por ofrecer alternativas que aseguren el control preventivo de servicios públicos que desde hace años son gestionados por sociedades privadas y generalmente cotizadas en bolsa. A los intendentes de Pablo Iglesias, que son los que parten el bacalao para que el presidente Sánchez pueda seguir en La Moncloa, se las han puesto como a Fernando VII en su empeño por entrar hasta la cocina de esos imperios corporativos, demasiado grandes para caer y a los que el Estado tendrá que prestar sus mejores auspicios como eventual colectivo vulnerable en la era del coronavirus.

La martingala para lanzar un programa de nacionalizaciones en los sectores estratégicos de actividad económica constituye uno de los grandes acuerdos no escritos del actual Gobierno de coalición. Los socios comunistas de Sánchez colocaron la primera piedra cuando el presidente accedió a reforzar el papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) como centro neurálgico de una futura banca pública. Un proyecto que los más sabidillos analistas financieros se tomaron a chacota en tanto que otros más suspicaces suspiraban aliviados al entender que, de esta manera, Bankia mantendría incólume su expectativa de destino hacia una privatización que Dios sabe cuándo podrá llevarse a efecto. A la postre, la crisis sanitaria y su estrepitosa mutación económica ha convertido al ICO en el protagonista invitado de la gran operación de socorro y salvamento empresarial con la que se hacen los dedos huéspedes muchos adláteres de Podemos.

Desde el incombustible Pepe Borrell, cuya incontinencia estatista desvirtúa su impostura diplomática como legado principal de la Unión Europea, hasta los líderes sindicales de UGT y CC.OO en su actual momento de gloria, todo amor y compañía con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la corriente favorable a un mayor intervencionismo público empieza a tomar cuerpo como si se tratase de un derecho de contrapartida que el Gobierno está obligado a ejercer en aquellas empresas que reciban aportaciones oficiales. La supervivencia tiene un precio y pasa por la tutela estatal de todos esos que se han visto impelidos a formalizar un ERTE o solicitar un aval crediticio para seguir respirando en medio de la pandemia. La condicionalidad a tamaño atrevimiento empezará por la supervisión y el control de la política laboral y financiera para terminar en la capitalización de deudas y, por qué no, la consiguiente nacionalización de empresas.

La hoja de ruta esbozada por Pablo Iglesias ante el estupor de Nadia Calviño no tiene desperdicio y se extiende como una hidra, regenerándose cada vez con mayor virulencia a medida que la vicepresidenta económica gasta sus fuerzas en los atrabiliarios Consejos de Ministros de cada martes. Hace falta bastante más entereza y un peso político muy superior para cortar las alas al jefe de Podemos y su pulsión por fagocitar de forma sucesiva todas y cada una de las parcelas de poder. La gran banca, las eléctricas, las telecomunicaciones y cualquiera de los principales agentes productivos sometidos a regulación deberán reverenciar sus planes estratégicos, sus históricas fusiones y hasta sus 'profit wanings', como súbditos complacientes de un Gobierno dispuesto, por acción y omisión, a trasladar a España de un estado de alarma indefinido a un estado de crisis permanente.

'Cuánto peor, mejor' es la consigna que, a modo de secreta contraseña, sintoniza el manual de resistencia de Pedro Sánchez con el vademécum doctrinal de Pablo Iglesias, siendo este último cartapacio el que contiene los principios fundamentales del nuevo movimiento orientado a reforzar los poderes coercitivos del Estado hasta donde las circunstancias y el silencio cómplice de la ciudadanía lo permitan. El líder de Podemos no remienda de viejo en su incansable labor de zapa, toda vez que ya ha conseguido auparse al flamante cargo de vicepresidente máximo del Gobierno. Tras reaparecer este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados no hace falta ser muy perspicaz para entender que el coronavirus ha desbancado a Carmen Calvo del plano secuencia que durante las últimas semanas ha escenificado la conexión directa que disfrutan los dos grandes paladines de ese cambio de régimen que se intenta promover en España.

Desde la trinchera conjunta abierta en el Palacio de San Jerónimo se divisa un horizonte ciertamente desolador para el armazón institucional que requiere cualquier intento de reconstrucción nacional. El panorama tras la batalla obligará al Gobierno a buscar elementos de apoyo en estamentos ajenos a la bronca parlamentaria. A partir de ahora, serán los empresarios; grandes, medianos y pequeños, los que van a ir apareciendo bajo el punto de mira del comandante Iglesias y esa bala en la recámara que es la SEPI. El célebre INI, que diera días de gloria como instrumento de política industrial durante los duros años de la autarquía franquista, es la ‘mano invisible’ de Podemos para alcanzar una posición de dominio sobre todos aquellos que necesiten pasar por el aro de las ayudas oficiales o que simplemente no quieran indisponerse con el poder establecido y emanado de eso que se entiende como la soberanía popular.

El viejo y aletargado holding empresarial público, el mismo que quedó arrumbado tras la política de privatizaciones de Aznar a finales del pasado siglo, volverá a reverdecer sus viejos laureles para atraer hasta su seno a esas entidades que llevan más de veinte años presumiendo de una exquisita gestión privada como herederas privilegiadas de antiguos monopolios. Los hijos pródigos de ‘papá Estado’ constituyen el oscuro objeto del deseo de Pablo Iglesias, convencido de la misión histórica que reclama al Gobierno como supervisor, regulador y accionista de referencia en el capital de los más importantes servicios públicos. El programa de reconstrucción económica y social es el señuelo para ir identificando a los simpatizantes de la causa o, en su defecto, meter en vereda a todos los que se rebelen. La ‘lista de invitados’ tiene nombres y apellidos. No hace falta más que echar un vistazo al Ibex.