Buena parte del maldito Covid-19 entró en España a raíz del contagio ideológico del 8-M y no son pocos los que creen que nuestro país saldrá de esta crisis infectado igualmente por la carga viral de un populismo doctrinal que no tendrá mayores reparos en recortar las libertades económicas y civiles en defensa de la seguridad ciudadana. Nada será igual después de ese mal llamado estado de alarma, adoptado como ejercicio táctico de un verdadero estado de excepción y que está adquiriendo, poco a poco, carta de naturaleza en forma de prerrogativa corriente de uso a disposición de los poderes públicos. Si el binomio Sánchez & Iglesias supera la fiebre de la pandemia nada impedirá tampoco que el Gobierno de coalición se sienta reforzado en su velado proyecto político de convertir España en un Estado socialcomunista. Lo que no mata, engorda.
La fragmentación parlamentaria ha expedido el certificado de defunción de la política como mecanismo de redención para expiar los pecados que, por acción, omisión o incapacidad técnica, están conduciendo a nuestro país a una especie de darwinismo social en esta trágica y demoledora catarsis mundial. Son nuestros mayores, los que con su esfuerzo abnegado sacaron al país de la gran cuarentana de la oprobiosa, los que están pagando con sus propias vidas el desgarro de una ciudadanía desesperada en su confinamiento, pero también en la necedad de unos dirigentes empequeñecidos ante la gravedad de los acontecimientos. Más allá del coro plañidero que acompaña los sermones sabatinos del presidente Sánchez y de los tiernos mensajes misericordiosos de los que parece que no tienen otra cosa que decir, España transmite hoy el grito sordo de un lamento ante el zarandeo mortal del coronavirus.
La peste moderna ha terminado de desenmascarar las sospechas, cada vez más elocuentes, que pesaban sobre la clase política pero, al mismo tiempo, ha encendido las alarmas acerca de la incapacidad que la sociedad civil está mostrando para rebelarse contra los despropósitos que la falta de pericia y la improvisación están provocando en toda la gestión administrativa de esta insufrible crisis. La plaga que nos invade representa también el reflejo letal de la degradación institucional que padece España como consecuencia de la autocomplacencia y molicie en que se viene desarrollando la vida pública durante las últimas décadas. La reinstauración de las libertades se convirtió en una terminal de llegada que permitió a los más conspicuos padres de la patria alcanzar su particular Arcadia multimillonaria y feliz cuando lo que se imponía era la remodelación de una estación de salida para la vertebración efectiva de todo el país.
El edificio del llamado proyecto común fue levantado bajo los cimientos de una Constitución perfectamente válida para su época, pero sin una adecuada rehabilitación de la estructura original el enorme crecimiento económico experimentado a raíz de la incorporación a Europa, exacerbado con la irrupción del mercado global en este siglo XXI, creó una especie de espejismo nacional que ha terminado por derrumbar las falsas expectativas de la gran parte de la población. La recesión financiera de la pasada década despertó abruptamente a España de un sueño placentero dejando una huella de resentimiento en todos aquellos que fueron sacudidos con un descomunal jarro de agua fría. La futura depresión que se barrunta amenaza ahora con esquilmar las esperanzas de una recuperación todavía inacabada, ahondando en una división social que pondrá a prueba la calidad del Estado liberal y democrático.
El Gobierno de coalición que nos dirige ha invocado una vez más al ángel de la guarda europeo presumiendo que la magnitud de la crisis ablandará el corazón de piedra de los paladines comunitarios, encabezados por Alemania y sus lugartenientes de los Países Bajos, Austria y Finlandia. Sánchez se ha arropado en la bandera del victimismo, muy natural por estos pagos, para hacerse fuerte en una causa que difícilmente va a conmover la conciencia del ejército nordista. No se olvide que la flamante Unión Europea de hoy en día es la heredera de una conflagración que dejó el continente rezumando de sangre, sudor y lágrimas y que la acomodaticia burocracia instalada en Bruselas es la fiel representación de un decorado diseñado para recordar el escarmiento sufrido, pero nunca para impulsar nuevas alianzas guerreras y menos contra un enemigo furtivo.
Lo más que los Estados miembros principalmente atacados por el coronavirus pueden conseguir es el respaldo de las líneas de crédito habilitadas por el Banco Central Europeo (BCE), una invitación directa para reforzar el dogal de la colonización económica que late sobre España. El síndrome de la cigarra ha infectado también al líder socialista que en sus dos años de mandato ha hecho caso omiso e incluso insolente de la estrategia de consolidación fiscal, anteponiendo las ambiciones de su inopinada carrera política a cualquier otra aspiración por sanear las cuentas públicas. Los célebres ‘viernes sociales’, cebados para impulsar las distintas campañas electorales durante todo el pasado año, han sido ruinosos en términos de contabilidad nacional como demuestra bien a las claras la cifra de déficit público registrada en 2019.
Un Estado ahogado en un océano de deudas
La ministra Montero ha desvelado finalmente la carta que Hacienda ha estado manteniendo en secreto desde hace meses y que ahora ha dejado al pie de los caballos a la vicepresidenta Calviño en sus relaciones de influencia con los colegas de Bruselas. España ha elevado los números rojos en el conjunto de las Administraciones Públicas a un 2,6% del PIB, seis décimas por encima de la previsión oficial del Gobierno y que fue secundada también por el actual ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando apuraba sus días como presidente de la Autoridad (Independiente) de Responsabilidad Fiscal. Una vez más se evidencia que el cuadro macroeconómico se ha sustentado años atrás gracias al confinamiento del bolsillo de los contribuyentes en un intento por superar los viejos desequilibrios estructurales, pero la maldición de la enfermedad que nos invade ha dejado a la intemperie la patología de un país obstinado en vivir por encima de sus posibilidades.
Las tensiones del ingobernable y oneroso modelo territorial, unidas con una gestión política desleal que no ha tenido muchas veces el más mínimo reparo en fomentar de manera torticera la disgregación entre los españoles, han debilitado sobremanera la salud de un Estado que se ve condenado a bracear contra la nueva crisis ahogado en un océano de deudas. La España salvada in extremis del rescate financiero en 2012 ha sido devuelta a la escena del crimen en lo que se presenta como una nueva y terrible pesadilla económica. La intervención pura y dura a manos de nuestros socios del euro es una espada de Damocles que se cierne sobre el futuro más inmediato a poco que las obligaciones pendientes de pago en los mercados de capitales se disparen en lógica proporción con la hibernación productiva decretada por el Gobierno.
Con la socialdemocracia desarraigada desde hace tiempo, el país alejado de Europa y la crispación anidando el alma de la nación, el manual de resistencia que enarbola Pedro Sánchez para agarrarse al poder constituye un peligro público una vez se vaya superando la crisis sanitaria. Los populistas que cohabitan en La Moncloa no van a reprimir su añejo gusto por abrir de par en par la llamada ventana de Overton, en virtud de la cual se definen esas oportunidades políticas que en circunstancias extremas permiten llevar a la práctica lo que en situaciones de normalidad serían verdaderas aberraciones sociales. Pablo Iglesias se ha apresurado a descorrer los visillos invocando el artículo 128 de la Constitución para proclamar que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Un llamamiento a la colectivización por parte del nuevo Lenin español, ansioso por replicar en nuestro país el modelo de sus cuates bolivarianos. El coronavirus no es sólo el Covid-19.
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