El hechizo de las dos Españas y las campanadas de Bruselas

Puede que al legislador le haya traicionado el subconsciente, pero teniendo en cuenta el descaro con el que actúa este Gobierno es más fácil intuir que la exposición de motivos decretada para justificar el Ingreso Mínimo Vital (IGM) constituye el sello de identidad manifestado a sangre y fuego en el próximo plan nacional de desarrollo económico y social que debe conducir a un cambio de régimen en España. El nuevo fuero de los españoles queda patente en la división de los ciudadanos en dos categorías estructuradas a modo de vasos comunicantes en función de su capacidad económica, los unos; y de sus necesidades vitales, los otros. A partir de ahí los primeros deberán apencar como contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas mientras que los segundos actuarán en calidad de perceptores de ayudas, evitando redundancias, contradicciones e inequidades.

La doctrina que sustenta dicho modelo redistributivo de brocha gorda se ampara en “una visión integral de la Hacienda pública, comprensiva tanto de los tributos como de las prestaciones monetarias”, según reza el texto normativo de la futura renta que la Seguridad Social empezará a abonar a finales de este mismo mes de junio. El presidente Sánchez se ha apresurado esta vez a difundir la buena nueva antes de que su compadre Iglesias se apuntase el tanto. Lo que no ha precisado el Jefe del Ejecutivo es la derrama permanente que habrán de asumir los paganos llamados a filas para que María Jesús Montero deje de interpretar el antipático papel tradicional que le atañe como recaudadora mayor del Reino y pase a convertirse en flamante hada madrina de una nueva y sostenible justicia fiscal.

El encantamiento de la ministra de Hacienda requiere en primera instancia que el espejismo de la desescalada, con los presuntos brotes verdes germinados al término del confinamiento, se prolongue el tiempo mínimo suficiente hasta que el Consejo Europeo apruebe a finales de julio el fondo de reconstrucción, previsto inicialmente en 750.000 millones de euros. España aspira a un trozo del pastel comunitario equivalente a 77.000 millones en transferencias directas más otros 63.000 en créditos. No obstante, los técnicos del Ministerio de Economía, expertos en estas lides, han aleccionado a sus mayores para que no se hagan la boca agua con una tajada tan imponente porque, a pesar de los buenos auspicios de Ángela Merkel y Emmanuel Macron, la tarta final será rebanada al peso siguiendo la dieta impuesta por Austria, Holanda, Suecia, Dinamarca como exponentes de lo que ahora se denominan los Estados ‘frugales’ del norte de Europa.

En Europa aseguran que "nadie ata perros con longaniza", lo que viene a decir que España tendrá que asumir nuevos ajustes si quiere nuevas ayudas

El rimbombante programa Next Generation de la Unión Europea (NGEU), como ha sido bautizado, no puede entenderse en ningún caso como una mutualización de deuda en el sentido de establecer un mecanismo que permita utilizar bonos europeos como medio de financiación regular, sino que constituye un instrumento puntual y extraordinario de suministrar liquidez con un periodo de duración de cuatro años. Además entraña una condicionalidad de carácter ideológico por cuanto que sus recursos deben destinarse a impulsar objetivos prioritarios de la Comisión Europea, principalmente orientados a la lucha contra el cambio climático, pero nunca a tapar libremente otro tipo de agujeros presupuestarios y mucho menos a sufragar nuevos programas de gasto público que ensalcen las tentaciones populistas de los Estados miembros.

La ministra Montero, la de Hacienda, va a tener que buscar otra pócima donde engrasar su varita mágica para que España pueda presentarse al banquete de la recuperación económica sin los harapos de una triste y solitaria Cenicienta. Las ayudas propuestas desde la Comisión Europea no valen para conjurar el hechizo porque, en resumidas cuentas y como dicen en los cenáculos de Bruselas “nadie por estos pagos está dispuesto a atar los perros con longaniza”. La cancerbera de la caja pública dispone de argumentos sobrados a la hora de victimizarse por los achaques que ha dejado la pandemia, pero al mismo tiempo deberá esmerarse en presentar una tarjeta de visita decente a ojos de la ortodoxia comunitaria, más si cabe ahora que su compañera de fatigas, la vicepresidenta Nadia Calviño, cuenta con una oportunidad de oro para hacerse con la presidencia del Eurogrupo.

Las dos damas de honor encargadas de llevar las arras del matrimonio político de conveniencia que gobierna España han superado sus antiguas rencillas y comparten ahora el objetivo común de una estrategia canónica en materia fiscal que permita a Pedro Sánchez pasear su palmito por Europa. Para ello se impone la imperiosa necesidad de aprobar unos nuevos Presupuestos que sirvan como ejemplo de coordinación dentro del conjunto del Estado, alineando a todas las comunidades autónomas en un objetivo común de estabilidad. No se olvide que la coalición social comunista sigue viviendo del cuento económico y financiero gracias a las cuentas públicas que dejó en herencia el denostado Cristóbal Montoro, probablemente el ministro de Hacienda con mayor trascendencia de la historia democrática, por encima incluso de figuras míticas como 'Paco' Fernández Ordóñez o Miguel Boyer, entre otros.

 Sánchez quiere romper el status quo de sus compromisos de investidura para convencer al comandante Iglesias de que no todo el monte es orégano

El antiguo comisario europeo Joaquín Almunia ha puesto el dedo en la llaga del gran desafío que tiene España recordando que “la generosidad de la Unión Europea depende de la existencia de un Presupuesto mayoritariamente aceptado por los grupos parlamentarios”. El que fuera ministro en sucesivos gabinetes de Felipe González trata de aportar su granito de arena a beneficio del inventario socialista con un aviso a los navegantes de la oposición como sospechosos de cualquier desafección que impida a la ministra de Hacienda aprobar, de una vez por todas, su gran asignatura pendiente. No en balde, por muchas lecciones de geometría variable y demás cursillos en gramática parda a cargo de Iván Redondo, la legitimación efectiva de un Gobierno depende en última instancia del ejercicio aritmético que garantiza una senda fiscal de actuación, acorde con un programa político previamente establecido.

La triste paradoja reside en que las guías del nuevo Presupuesto están determinadas en el pacto contraído por el PSOE con Podemos antes de los estragos de la pandemia. De ahí que el líder socialista quiera romper el estatus quo de sus compromisos de investidura incluyendo en sus planes a nuevos socios ocasionales. Es el caso de Ciudadanos, una vez que Inés Arrimadas ha decidido apuntarse a cualquier bombardeo aún a riesgo de convertir a su agrupación en un cero, a la izquierda por supuesto, del mapa parlamentario. El llamado partido útil no es más que la agarradera del jefe del Gobierno para convencer al comandante Iglesias de que no todo el monte va a seguir siendo orégano. Sánchez debe actuar raudo porque el sortilegio de una Hacienda dividida entre contribuyentes y perceptores del IRPF se desvanecerá en cuanto suenen las campanadas en Bruselas. El manido juego de las dos Españas da para mucho, pero no para tanto.