El presidente del comité de expertos para la reforma fiscal, Jesús Ruiz-Huerta, ha remitido una carta a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas para que todos aporten sus planteamientos y observaciones en la materia, de manera que nadie pueda sentirse o manifestarse discriminado en la elaboración técnica del futuro sistema tributario que se anuncia para 2023. La misiva no supone ninguna garantía, claro está, acerca del grado de consideración con que serán acogidas las diferentes propuestas dado que el Gobierno se reserva plena discrecionalidad en la orientación política de la futura estrategia impositiva en España. La mascarada se organiza de manera solemne y con tiempo suficiente para que cada cual ejerza su recurso al pataleo o, si lo prefiere, pueda desvelar sus mejores cartas populistas sobre una de esas cuestiones que afectan a la fibra sensible de la ciudadanía, entendiendo por tal el bolsillo del contribuyente.
Los gobiernos regionales controlados por el Partido Popular aprovecharán la ocasión para lanzar un brindis al sol en defensa de una bajada descarada de impuestos que satisfaga la ilusión de sus electores frente a las tensiones de una Hacienda pública reconvertida en paño de lágrimas de los distintos centros ministeriales de gasto y con serios problemas de recaudación. Las autonomías socialistas lanzarán sus invectivas contra el presunto dumping tributario de la Comunidad de Madrid como pretexto político para atizar un incremento de la presión fiscal atendiendo a los objetivos de consolidación presupuestaria que exigirá Bruselas. La revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en Europa supondrá un respiro para los Estados más endeudados, pero eso no evitará que España someta sus deterioradas cuentas públicas a un nuevo ajuste de caballo.
Los agrios debates técnicos sobre las dos visiones antitéticas del modelo tributario quedarán una vez más sometidos al designio de otros asuntos de Estado directamente vinculados con los intereses del partido gobernante y sus socios de legislatura. A la postre cualquier discusión multilateral entre los órganos colegiados territoriales está abocada a un sarcasmo indignante habida cuenta de la jerarquía que el Pedro Sánchez acaba de otorgar a la nueva convivencia con Cataluña. Bajo este ideario básico de conveniencia política se puede entender que la Generalitat tiene la sartén por el mango para exigir lo que no está en los escritos del llamado Consejo de Política Fiscal y Financiero, una institución creada con todos los predicamentos legales hace cuarenta años y que sólo ha servido para ilustrar esa torre de Babel incapaz de traducir en términos económicos la singularidad española del Estado de las Autonomías.
El referéndum es una meta previa en la carrera por la autodeterminación. Pero la mesa de diálogo bilateral negociará antes las bolsas de avituallamiento que exige la Generalitat
Una vez promulgados los indultos a los cabecillas del ‘procés’ se abre un periodo realmente convulso para el equilibrio territorial del Estado, con un presidente del Gobierno que va a poner toda la carne en el asador de su tocayo, el molt honorable Pere Aragonès. La mesa de negociación bilateral que será reactivada a la vuelta del verano constituye un desaire para el resto de comunidades autónomas, incluyendo también algunas de vieja raigambre socialista, en la medida en que las fuerzas independentistas van a disponer de un terreno abonado para sus propias e intransferibles reivindicaciones económicas. La amnistía y el referéndum de autodeterminación marcarán sin duda la agenda negociadora, pero es de suponer que los acólitos de Junqueras disponen a estas alturas de un trazado en el que no faltarán las metas volantes de avituallamiento financiero antes de alcanzar la lejana pancarta, que todo se andará, del final de carrera.
Ahora que Sánchez trata de volver a la casilla de salida de una flamante camaradería con las fuerzas vivas de la región es el momento de refrescar la memoria y recordar que el camino empedrado que condujo hacia la suprema exigencia de la delirante república catalana tuvo su inicial arrebato, su estación de partida, en la demanda de un pacto fiscal equiparable al concierto económico del País Vasco. De aquello hace ahora nueve años, cuando en Moncloa residía Mariano Rajoy y en la Plaza de San Jaime lo hacía Artur Mas. La reclamación, urdida y planteada en el momento cumbre de la gran recesión de 2012, fue rechazada por el entonces Gobierno del Partido Popular al considerarla incompatible con la Constitución. Una rotunda negativa que desató la cólera de la Generalitat y el estrépito de un relato de confrontación abanderado bajo el ofensivo “España nos roba” como principal y ferviente grito de guerra.
Pero los tiempos, y el cuento, han cambiado diametralmente en la España de los flamantes truchimanes políticos. El más genuino de todos, a quien los suyos se parece honra merece, es el líder socialista, quien no suele remendar de viejo en sus labores de filantropía con aquellos interlocutores que le han servido para impulsarse hasta la cima del poder. La política de apaciguamiento formulada como bálsamo de reconciliación con los principales disidentes de la unidad nacional no tendría ningún efecto si no estuviera respaldada por la generosidad que ofrece el manejo del BOE vía real decreto y la incuria que la pandemia ha contagiado en la política monetaria del mundo desarrollado. Los cabecillas secesionistas se encuentran en una posición ideal para sacarle al jefe del Ejecutivo hasta el tuétano, siempre y cuando sean capaces de edulcorar su fanático discurso ante las bases y acomoden la estrategia reivindicativa de una manera secuencial y progresiva.
Iván Redondo y el consejero catalán de Economía, Jaume Giró, son los dos grandes 'engrasadores' del nuevo pacto fiscal que Sánchez ofrece a su tocayo, Pere Aragonès
Si el soberanismo excluyente y rampante ha aprendido la lección, lo que no tiene sentido es empezar de nuevo la casa por el tejado en un ejercicio reflejo de ansiedad anímica muy poco edificante. El nuevo Govern dispone de tiempo de sobra para construir su ideal Estado catalán sobre unos cimientos de hormigón armado a base de concesiones fiscales y financieras. Ese es el objetivo compartido por el sanedrín de Moncloa que encabeza Iván Redondo y el nuevo consejero catalán de Economía, Jaume Giró. Los dos grandes y verdaderos ‘engrasadores’ encargados de controlar, partir y repartir los fondos europeos, aparte de asegurar nuevas infraestructuras para la comunidad autónoma y hacer realidad de una vez para siempre la ancestral aspiración de una Hacienda propia catalana que recaude y gestione todos los impuestos autóctonos.
Ganada la batalla de las emociones llega ahora el imperio de la razón pura y dura, que consiste en asegurar la independencia de Cataluña a partir del troceo de España, haciendo saltar antes que nada la caja única de la unidad tributaria que sostiene financieramente al país. Al mismo tiempo se invocará la armonización fiscal como elemento vertebrador de la Hacienda Pública con el fin de que nadie se salga del redil. Cualquier argumento, por contradictorio que resulte, es válido para dar ‘nivea’ a la autodeterminación, por lo que no parece que el grupo de trabajo encargado de asistir a la ministra María Jesús Montero pueda elaborar una reforma fiscal inmune a las interferencias que orientan los nuevos principios del Movimiento de Secesión. Como no podía ser de otra forma, Cataluña será bona si la bossa sona.
