OPINION

El 'corte inglés' de Ana Botín y los planes de pensiones de camuflaje

Ana Botín, durante su intervención en el Cop25
Ana Botín, durante su intervención en el Cop25
Europa Press

Con pequeñas variaciones porcentuales que medidas en términos absolutos podrían ser entendidas como un agravio por el común de los mortales, lo cierto es que la brecha retributiva que separa a la élite empresarial del empleado medio ha alcanzado estos últimos años en las sociedades cotizadas niveles muy parecidos a los que distinguían a los más eximios senadores del resto de la plebe en el Imperio Romano. Cien veces, o algo más incluso, es la diferencia proporcional que existe entre la alta dirección y la masa social de trabajadores que rellenan la nómina de las grandes corporaciones del Ibex 35. Se dirá que siempre ha habido clases, pero salvo odiosas comparaciones de veinte siglos atrás las diferencias salariales jamás habían alcanzado proporciones tan abismales.

La ‘americanización’ de la economía española, junto con la mayoría de edad que supuso la entrada en el euro, trajo a nuestro país una singular tendencia a enriquecer por vía rápida a las altas cúpulas ejecutivas de las grandes corporaciones bursátiles. La diversificación accionarial y la irrupción de los multimillonarios fondos de inversión en el capital de los llamados ‘blue chips’ propició la adaptación de nuevos y sofisticados sistemas retributivos justificados bajo la coartada de asimilar los intereses de los gestores con los de sus accionistas. Todo ello para legitimar sin remordimiento que aquellos pudieran forrarse a poco que los valores en bolsa recorrieran el camino previamente trazado a partir de los generosos descuentos aplicados a las principales ofertas públicas de venta (OPVs) de finales del pasado siglo.

“The limit is the sky” fue el mantra de aquella época acuñado por el entonces presidente de Telefónica, Juan Villalonga. Un adelantado a su tiempo que, aunque pocos admitan reconocerlo a día de hoy, se convirtió durante los escasos cuatro años que disfrutó del cargo en el modelo a seguir dentro de la endogámica y mimética comunidad financiera del país. Como todos los pioneros, Villalonga cayó víctima de su propia revolución cuando perdió la confianza de su antiguo amigo y principal valedor, José María Aznar. Sin embargo, sus ilustrados programas de remuneraciones corporativas, desde las golosas stock options hasta los blindajes de oro y brillantes, quedaron arraigados para los restos en la cultura de ese capitalismo salvaje de importación que fue desarrollado como si no hubiera un mañana y cuya purga no ha tenido escrúpulos a la hora de confundir a justos con pecadores.

Pero lo que Tío Sam les dio el Tío Sam se lo quitó. O, al menos, eso es lo que apuntan los nuevos cánones de gobierno corporativo implantados de un tiempo a esta parte en el mundo anglosajón y que están marcando también una pauta inicial de comportamiento en España. Influidos por el mismo proceso de depuración económica subyacente tras la gran recesión los principales operadores del mercado de capitales han abierto la veda contra las copiosas y extravagantes retribuciones que se embolsan los directivos de postín y los administradores de las sociedades cotizadas. De momento, la corriente es una simple gota de leche comparada con el río de tinta que anega las relaciones de convivencia en un país estigmatizado por una profunda e irredenta desigualdad social. Pero en todo caso los prebostes del Ibex 35 han empezado a ponerse colorados antes de pedir una subida multimillonaria de sueldo a sus accionistas.

Estudio de Georgeson y Cuatrecasas

Un botón de muestra que refleja bien a las claras las prevenciones con que los inversores observan todo lo concerniente a la política de retribuciones puede encontrarse en el pormenorizado estudio sobre la temporada de juntas de 2019 que han elaborado conjuntamente el gigante multinacional de asesoramiento corporativo Georgeson y el despacho Cuatrecasas. El informe pone de manifiesto que los planes retributivos constituyen, tras los nombramientos y reelección de consejeros, el segundo aspecto que mayor interés ha concitado en las asambleas generales de este año. Dicha atención se ha traducido en forma de abierta suspicacia pues no en balde una cuarta parte de los programas acordados en las empresas del denominado Top 40 del Mercado Continuo de Bolsa fueron penalizados con un voto negativo superior al 10% de la masa anónima de accionistas.

Los prebostes del Ibex han visto las orejas al lobo y como suele ser habitual en estos casos el Banco Santander se ha colocado al frente de una manifestación de cuello blanco con la que, esta vez sí, Ana Botín pretende emular a su padre en un alarde de lo que el mercado entiende como buena gobernanza. Emilio Botín fue el primero que se decantó por hacer públicas las remuneraciones individualizadas de sus consejeros hace quince años, cuando la denuncia penal por los pagos a Ángel Corcóstegui y José María Amusátegui le perseguía con bastante mala sombra en los juzgados de la Audiencia Nacional. La ahora presidenta no está acuciada por tales síntomas, pero el affaire provocado tras el frustrado fichaje de Andrea Orcel obliga necesariamente a un lavado de cara que puede sentar precedente en el modelo retributivo de las grandes corporaciones del país.

El Banco Santander se ha apresurado en recortar las aportaciones de los planes de pensiones de su consejero delegado en Reino Unido, Natham Bostock. El hachazo se estima en más de 400.000 libras a lo largo de los dos próximos años y responde al planteamiento que han adoptado ya otros bancos británicos, como son los casos de Standard Chartered, HSBC y Royal Bank of Scotland (RBS). También Lloyds y Barclays han anunciado que seguirán la misma estrategia, lo que supone una enmienda a la totalidad de esas enormes dotaciones que las entidades bancarias destinan en sus balances para asegurar el futuro generacional de sus privilegiados dirigentes. En España la operación tiene miga porque quien más y quien menos ha tratado de sacudirse el polvo de las sandalias eliminando los blindajes de la alta dirección a cambio de incrementar en la misma proporción las contribuciones a los planes de jubilación.

La confusión semántica con la que el sector privado ha usurpado términos propios del sistema público de pensiones alcanzó su máxima expresión durante la transición que llevó a España de la peseta al euro. De esa época datan las mentirosas prejubilaciones con cargo al erario público que hicieron las delicias de las grandes cotizadas hasta que la llamada ‘enmienda Telefónica’ puso término a los desmanes en 2011. Con el debate de la Seguridad Social echando fuego, los ‘parachutes’ camuflados de planes de pensiones que se pagan y cobran en el aristocrático índice bursátil constituyen todo un escándalo, pero además son una insensata desfachatez. Habrá que confiar en Ana Botín a ver si se atreve a imponer también en España el nuevo estilo de ‘corte inglés’ que está causando furor en el Reino Unido. La solidaridad empieza por una misma y el resto de colegas no tardarían mucho en sumarse a la moda.

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