El poderoso influjo de las eléctricas y el ‘niño de azotes’ de la banca

La crisis de deuda de la pasada década supuso el principio del fin en el reinado incontestable que disfrutaba la gran banca sobre la actividad productiva en toda Europa. La globalización y la consiguiente liberalización de los movimientos de capital favoreció la jerarquía de las entidades de crédito con su inmarcesible reputación para garantizar el papel del euro como elemento vertebrador de la Unión Monetaria, lo que terminó por inflamar una desbocada exuberancia en los mercados del dinero. La codicia rompió el saco y provocó la caída del antiguo imperio financiero, induciendo la aparición de otros poderes económicos que se han ido concentrando en torno a los grandes oligopolios del sector eléctrico, cuya capacidad de influencia se está haciendo notar en los bizantinos debates que se suceden ahora dentro del Viejo Continente para poner coto a la imparable escalada de los precios.

Los ursulinos funcionarios comunitarios viven su odisea particular dentro de un callejón sin salida y convencidos de que la crisis energética desembocará más pronto que tarde en un colapso social si antes no se arbitran soluciones de emergencia que darán lugar a muy graves quebrantos en las ya de por sí deterioradas cuentas públicas de los distintos Estados miembros. La presidenta Von der Leyen capotea en medio de la tempestad atrapada como Ulises entre Escila y Caribdis, a la espera de que las grandes locomotoras nacionales resuelvan un dilema que ha superado la capacidad de respuesta de la Comisión Europea. Los jerarcas de Bruselas han reaccionado cuando el shock de oferta energética se ha demostrado imparable, evidenciando una vez más la escasa capacidad prudencial para anticipar los riesgos que acechan la integridad del gran proyecto europeo.

El debate energético no ha sido nunca uno de los puntos fuertes en Bruselas dado el antojo de las políticas con que los países de la Unión han ventilado sus particulares necesidades de suministro eléctrico. De ahí que el modelo seguido por Alemania, basado en las importaciones del gas de Rusia, no tenga nada ver con el adoptado en la Península Ibérica y su singular isla energética, o que Francia haya tomado las de Villadiego regando su territorio de centrales nucleares, buena parte de las cuales se encuentran ahora paradas por deficiencias tecnológicas de sus reactores de fabricación casera. Esta dispersión de estrategias ha impedido la existencia de un organismo potente de regulación capaz de hacer frente a los intereses creados de los ‘national champions’ del sector, que campan por los respetos comunitarios con el escudo de sus respectivas titularidades estatales.

La medida estrella que ahora quiere aplicar Bruselas a las eléctricas para minorar sus beneficios es la misma que Teresa Ribera planteó hace un año y fue rechazada por la Comisión Europea

Teresa Ribera puede dar fe de la experiencia sufrida hace ahora justo un año cuando planteó en España una solución equivalente a la que ahora están manejando los padres de la patria energética en Europa. La célebre minoración de los mal llamados beneficios caídos del cielo provocó la airada protesta en Bruselas de los primeros espadas del sector, con Ignacio Galán como máximo cabecilla de una rebelión que finalmente obligó al Gobierno a tragarse el sapo rectificando el decreto elaborado desde la CNMC para bajar la crecida del recibo eléctrico. En aquel entonces el megavatio había empezado a superar la barrera psicológica de los 100 euros y ahora está tres veces más caro, lo que ha motivado por fin a los ministros de los 27 a reconocer que “Europa tenemos un problema” porque el precio de la luz, valiente descubrimiento, se ha salido de órbita y de madre.

La Comisión Europea ha lanzado un falso albricias mientras gana tiempo en la búsqueda de algún parche al uso que ponga coto a esos márgenes impensables con que muchos operadores, traders pero también compañías generadoras, se están haciendo de oro vendiendo los boniatos a precio de caviar. La intervención del sistema eléctrico de la que hablan los altos funcionarios comunitarios no supone realmente ningún cambio estructural del mercado marginalista por el que las tecnologías más baratas como las renovables y la hidráulica obtienen réditos extravagantes al beneficiarse de la cotización estratosférica del gas en los mercados internacionales. Bruselas no quiere tampoco generalizar la excepción ibérica al resto del continente porque eso supondría un estímulo insensato en el consumo de combustibles fósiles y lo único que pretende es adoptar una minoración de los ingresos extraordinarios que están obteniendo ahora las citadas tecnologías inframarginales.

La vicepresidenta ecológica tiene motivos para solazarse cuando pisa la capital europea porque, al margen de los impuestos a las petroleras, la medida estrella en materia eléctrica que plantea en estos momentos la Comisión Europea es la mismo que ella propuso hace un año con estrepitoso fracaso de crítica y público. Para más inri y con el fin de no irritar al respetable, los encargados de poner en negro sobre blanco la feliz ocurrencia otorgan ahora amplia manga ancha a las empresas generadoras para que puedan referenciar sus facturas hasta un techo de 180 euros por megavatio hora, casi tres veces más que los 67 euros de límite fijado en España. Se entiende que de esta forma los operadores dispondrán de suficiente recorrido para mantener pingües beneficios si el gas sigue subiendo a instancia de Putin y los ciudadanos europeos, como paganinis del desastre, tendrán el consuelo de que sus recibos no se multiplicarán hasta el infinito y más allá durante el próximo y duro invierno que se avecina.

Los bancos consideran que sus nuevas exacciones tienen por objeto suavizar las tensiones con los sindicatos de cara a facilitar un pacto de rentas que se plantea cada vez más complicado

El sanedrín de Bruselas se ha demostrado bastante más dócil y delicado con las empresas eléctricas de lo que sus homólogos de Fráncfort lo han sido con las entidades financieras. Durante once largos años el BCE ha mantenido su estrategia acomodaticia de dinero gratis para que los grandes Estados miembros siguieran gastando como si no hubiera un mañana en aras de asegurar la estabilidad institucional en el seno de la Unión. A cambio, la banca ha sido marcada con la letra escarlata de las autoridades monetarias hasta convertirse en el ‘niño de azotes’ de un tratamiento de choque que ha atacado la esencia del puro negocio crediticio. Ni siquiera el baño de realidad con que el fantasma de la inflación ha despertado de su letargo a los más diletantes políticos europeos va a impedir que los bancos vuelvan ahora a pasar por la horca caudina de las nuevas exacciones adoptadas por los Gobiernos para expurgar las culpas ante el apocalipsis energético.

La similitud entre la escasa regulación de los precios eléctricos y la deficiente supervisión de la crisis de 2008 ha mezclado en el mismo saco de golpes a las entidades de crédito con los operadores energéticos. En España Pedro Sánchez no ha desperdiciado la ocasión de establecer de acuerdo con sus aliados fundamentalistas en el Parlamento nuevos tributos orientados a exprimir la capacidad recaudatoria del Estado, pero sobre todo a prevenir eventuales episodios de crispación social que, en su caso, tratarán de ser desviados en contra de los empresarios y, especialmente, de las sociedades cotizadas del Ibex. El deseo frustrado de revancha frente a las eléctricas y la urgencia de fomentar una campaña electoral que vuelque los resultados de las encuestas han forzado al líder socialista a lanzar de nuevo sus invectivas contra la banca.

Las grandes entidades financieras han cerrado filas con un ejercicio de resignación que quizá, dicen algunos, contribuya a suavizar la posición de los sindicatos de cara a un pacto de rentas, cada vez más complicado. La banca daría por bueno el castigo que ahora deberán soportar si ello sirve para apaciguar las enormes tensiones que se barruntan en la calle. Los Botín, Fainé, Torres y sus más directos colaboradores ejecutivos ya se explayaron a gusto con Nadia Calviño cuando la vicepresidenta les anunció oficialmente la nueva mala del impuesto redentor. Ahora lo importante es no ensuciar de nuevo la dañada reputación ante el cliente y confiar en que al cabo de un cierto tiempo los tribunales de justicia, y las elecciones generales, pondrán a cada uno en el lugar que merece y corresponde.