Lunes, 06.04.2020 - 00:24 h
Capital sin Reservas

Sánchez y los empresarios: ¿Verdad que no nos vamos a hacer daño?

El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del 2% de los funcionarios con carácter retroactivo a primeros de año, tal y como fue acordado en tiempos de Mariano Rajoy. Previamente, Pedro Sánchez ajustó un incremento del 0,9% de las pensiones, incluyendo además una cláusula de revisión por si acaso el IPC diera algún disgusto en 2020. Los populistas aguinaldos del nuevo Gobierno dual se han completado finalmente con la subida del salario mínimo a 950 euros en un pacto exprés con empresarios y sindicatos. Lástima que estos gestos de notorio compromiso social, sufragados en su mayor parte a escote entre todos los contribuyentes, no se hayan extendido con la misma rotundidad a otro de los capítulos que más rascan el bolsillo ciudadano, como es el recibo de la luz.

La enigmática y dolorosa factura será cargada ahora en cuenta corriente con el regocijo de una falsa generosidad que viene justificada por la congelación oficial de los llamados peajes eléctricos. En realidad, lo que estaba hablado legalmente era una reducción del 10% en el importe de todos los costes regulados, que representan bastante más de la mitad de la tarifa eléctrica. Si la bendecida transición ecológica de la flamante vicepresidenta Teresa Ribera, unida al celo supervisor del que intenta hacer gala la CNMC, se hubieran encargado de cumplir escrupulosamente con lo dispuesto en la reforma energética de 2013, los usuarios; es decir, todos los españoles, habrían podido ahorrarse un buen pellizco en el recibo de este y de los próximos años.

Pedro Sánchez no quiere incomodar a los grandes poderes fácticos del país en estos primeros compases de un Gobierno que tiene que consolidar su posición de dominio en amor y compañía de las grandes instituciones económicas, tanto españolas como supranacionales. La sobredosis de exposición pública que está protagonizando Nadia Calviño es buena prueba de ello y no conviene olvidar que la primera foto oficial concedida por la nueva vicepresidenta económica tuvo lugar al lado de Ignacio Sánchez Galán, probablemente el ejecutivo más valorado del momento, pero también el que más hincapié viene haciendo en las últimas semanas para lavar su reputación pública tras la aparición de Iberdrola en los ‘audios’ de Villarejo.

El presidente de la primera eléctrica del país ilustra de forma descarada la luna de miel que los ministros socialistas del área económica tratan de exhibir con los grandes empresarios del país. Cierto es que Iberdrola, campañas de imagen a un lado, debe estar especialmente agradecida por la regulación que el nuevo Ejecutivo ha tenido a bien adoptar en España y que va a permitir que las redes de distribución de la compañía perciban en nuestro país una retribución del 5,6% frente al 4,2% que cobra en Reino Unido. De la misma manera Endesa, la otra gran compañía del sector, ha decidido hacer nuevos votos para entrar en el reino de los cielos renovables, aún a costa de dejar empantanado y con cara de póker al presidente gallego Núñez Feijóo.

La filial española de la italiana estatal Enel había acordado con la Xunta de Galicia un intensivo plan de inversiones para la emblemática central térmica de As Pontes, en La Coruña. Considerada como la mayor batería energética de España, la planta será cerrada sin miramientos, tal y como exige el actual catecismo de Teresa Ribera. Una doctrina a la que también se ha sumado Francisco Reynés, quien acaba de exponer su fervor con una contundente proclama en favor del cambio climático. La secular iglesia apostólica y ecologista encuentra cada día nuevos adeptos y el credo profesado por el primer ejecutivo de Naturgy puede resultar ahora de gran ayuda para que la CNMC se avenga a fijar una retribución algo más generosa en el mercado español de distribución de gas.

De Iglesias a Sánchez, pasando por Zapatero

Dejando a salvo el verso suelto de Dolores Dancausa desde su mullida torre de marfil en Bankinter, ninguno de los grandes popes del Ibex se ha atrevido a testimoniar en público los temores que aducían por lo bajinis hace solo unos meses, cuando intentaban espantar la previsible amenaza de que Podemos se colara de hoz y coz en un Ejecutivo de coalición con el PSOE. Los partidos de la oposición, especialmente Vox en su ingenuidad primeriza, estaban esperando que los empresarios salieran al quite cerrando filas mediante una denuncia abierta y explícita contra lo que se supone una política económica involucionista, de gasto público y disparatados impuestos, que puede resultar muy perniciosa para la estabilidad fiscal y presupuestaria de España.

No son pocos los empresarios que van penando por las esquinas, convencidos de que, tras anidar en el cuerpo y alma de Pablo Iglesias, el síndrome de Zapatero ha invadido también el espíritu de Pedro Sánchez. Otra cosa es que la secular colusión de intereses públicos y privados impida saltar a la palestra una vez consumada la amenaza. Quien más y quien menos vive de los contratos del Estado o está bajo la horca caudina de una regulación administrativa, por lo que unos y otros han decidido hacer como el dentista del chiste al que un paciente impetuoso le agarra por sálvense las partes antes de sacarle una muela mientras le espeta al oído: ¿Verdad doctor que no nos vamos a hacer daño?

La comunidad empresarial ha asumido una alianza tácita con el inquilino de La Moncloa que en algunos casos empieza a tornarse de manera mucho más explícita, empezando por el mismísimo Antonio Garamendi. El presidente de la CEOE ha sido el primero en dar la bienvenida al Gobierno con su apoyo inmediato a la subida del SMI, un gesto que excede los más cultivados modelos de cortesía y que ha supuesto un triunfo impensable para la causa social-sanchista. Una vez que el jefe de la cúpula patronal ha roto el hielo es de esperar, por lo menos ese es el mensaje difundido desde Moncloa, que otros dirigentes corporativos cundan con el ejemplo y salgan en auxilio del vencedor, en un típico ejercicio de prudencia y supervivencia empresarial.

A algunos el cargo les va en ello y si no que se lo pregunten a Jordi Sevilla, dimitido de la presidencia de Red Eléctrica por no someterse al dictado de la política energética de Teresa Ribera. Una vez reafirmado en el cargo y superado el Gobierno provisional de la moción de censura está claro que Pedro Sánchez no se casa con nadie y así lo ha entendido perfectamente José Ignacio Goirigolzarri, quien ha saludado también a sus mayores como corresponde a un primer ejecutivo de una entidad controlada por el Estado. Goiri se ha despachado con su afabilidad habitual poniendo incluso la otra mejilla ante Podemos y corriendo un tupido velo sobre los planteamientos de Pablo Iglesias cuando el hoy vicepresidente se pronunció en contra de su continuidad al frente del banco nacionalizado.

A partir de ahora sólo falta que algún otro ilustre gestor, pero en este caso del sector privado, se adhiera al movimiento y convalide el efecto llamada que dirige Iván Redondo desde su nueva poltrona en Palacio. El elegido para la misión es José María Álvarez-Palllete, el agobiado presidente de una Telefónica en sus horas más bajas ante la insoportable levedad de una cotización que no termina de remontar en bolsa. El máximo responsable del antiguo monopolio tiene además que hacer méritos ante la nueva secretaria de Estado, Carme Artigas, antigua ejecutiva de la casa que salió tarifando de Telefónica por lo que podríamos calificar como una insufrible incompatibilidad de caracteres con el doctor Chema Alonso, el hacker del patinete encargado del negocio digital de la operadora.

Pallete, oído cocina, ha recibido una de esas ofertas que no se pueden rechazar. Es lo que tiene estar al frente de una entidad que no hace mucho tiempo estaba considerada como la primera multinacional española. El heredero de César Alierta planea ahora desmontar el imperio trasatlántico para reducir deuda, pero precisamente en este empeño comparte con el jefe del Ejecutivo un mismo desafío y es que ambos necesitan convencer a los inversores internacionales acerca de la viabilidad de sus respectivos proyectos. Tanto la actual Telefónica como la futura España Sociedad Limitada de Pedro Sánchez tienen que despejar todavía demasiadas dudas.

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