El asedio de Putin sobre Ucrania ha estrechado también de manera asfixiante el cerco sobre Christine Lagarde y su resistencia a modificar un ápice la política acomodaticia del Banco Central Europeo (BCE). La presidenta del banco emisor ha tenido finalmente que claudicar frente a buena parte de los miembros de su consejo de gobierno que anteponen la lucha contra la inflación por encima de los lábiles objetivos de crecimiento. La callada y silenciosa división dentro de la institución de Fráncfort constituye desde hace meses un secreto a voces, pero es ahora cuando la comunidad financiera ha empezado a distinguir el verdadero alcance de los ecos, poniendo en evidencia a todos esos gobernantes nacionales que, con más miedo que vergüenza, tratan también de esconderse ante el inexorable cambio de ciclo monetario en Europa.
La gran banca considera que el BCE intentará dilatar la subida de tipos hasta finales de año o, incluso principios de 2023; una previsión que tampoco augura expectativas muy halagüeñas acerca de un rápido desenlace de la guerra. Las entidades financieras muestran su más gélido pragmatismo a la hora de abordar el análisis de situación por cuanto que ellas sólo se preocupan por conocer cuándo podrán acompasar la subida del precio del dinero de acuerdo con los próximos baremos oficiales que quiera adoptar el principal organismo de regulación bancaria. El nuevo telón de Acero levantado contra el oso ruso obliga a los prestamistas europeos a volver a sus cuarteles de invierno con la esperanza de que Lagarde tratará de guardar la viña monetaria todo el tiempo que pueda a fin de no incurrir en errores históricos como los que retrataron a su compatriota Jean-Claude Trichet en la anterior y gran recesión.
Otra cosa muy diferente son las compras de bonos soberanos que atañen a la capacidad de financiación de los Estados miembros de la Unión y que serán reducidas dentro de un calendario perfectamente establecido, alterando la planificación presupuestaria de los países más endeudados. No hace falta recurrir al buscador de Google para encontrar a España como destacado ejemplo de la que se avecina. El lastre de una deuda pública fluctuando en torno al 120% del PIB y la consolidación de un déficit estructural del 5% ofrecen un cuadro clínico angustioso, más si cabe cuando el sino de los tiempos ha roto los esquemas de una globalización que ha permitido a España vivir muy por encima de sus posibilidades desde comienzos de siglo. La tormenta perfecta de una crisis interminable se va a llevar por delante el falso tenderete de una política económica atacada por el síndrome de ese soldado invencible que nunca reconoce su derrota.
El BCE ha venido comprando deuda pública a España por valor de 12.000 millones de euros mensuales. A partir de ahora las adquisiciones no pasarán de los 2.000 a 2.200 millones por mes
La supresión del plan de emergencia contra la pandemia supondrá un fuerte reajuste de la financiación que las autoridades monetarias han estado concediendo en estos últimos años a nuestro país. La generosidad del BCE al Reino de España se ha traducido en aportaciones mensuales de 12.000 millones de euros que están muy lejos de las cifras que ahora se manejan en Fráncfort. En el mejor de los escenarios las compras se reducirán a un máximo de 2.000 a 2.200 millones, de manera que el Tesoro tendrá que buscar destinos alternativos a sus emisiones de deuda ofreciendo tasas de retorno mucho más atractivas a sus eventuales acreedores internacionales. Los tiburones que merodean por los mercados de capitales no tardarán en lanzarse sobre sus presas favoritas, provocando el regreso de la prima de riesgo como indeseable pariente pobre de la economía española.
Los ángeles custodios de Fráncfort han empezado a cerrar el grifo y el denominado tapering monetario trasladará la mayor responsabilidad contra la crisis a los burócratas de Bruselas, que claramente harán honor a su condición de hijos de la gleba al servicio de la inercia que marcan los tiempos. A pesar de los últimos pesares se espera que la flexibilidad de las normas fiscales del frustrado Pacto de Estabilidad y Crecimiento en Europa pueda prolongarse al menos otro año más, a lo largo de 2023, dejando que cada palo aguante su vela en consonancia con sus respectivas necesidades financieras y sus soberanas estrategias políticas. Mientras que el semáforo comunitario no se ponga definitivamente en rojo, Sánchez aprovechará la luz ámbar para acelerar por la senda de gasto público que le ha permitido dopar la economía española con la pandemia, extendiendo el encantamiento durante toda esta segunda parte de legislatura.
El Gobierno de coalición, cada vez más presionado por la facción comunista, ha demostrado que su principal especialidad consiste en mostrar la mejor cara ante los malos tiempos. La habilidad para lavar la propia imagen señalando las manchas ajenas orienta el ritmo de una acción política lealmente ejecutada por las diferentes y variopintas terminales mediáticas que, apoyadas por algunas de las grandes compañías del Ibex, operan en primer tiempo de saludo con el gran poder establecido en Moncloa. El presidencialismo del jefe del Ejecutivo se ha reforzado en su falsa convicción de que la globalización ha modificado la esencia de la economía de guerra, que ahora no consiste en apretarse el cinturón sino en emplear las ayudas internacionales para financiar alegremente dispendios selectivos con la misión histórica de salir sano, salvo y victorioso de las próximas elecciones generales.
Sánchez quiere capitalizar unos nuevos Pactos de la Moncloa uniendo el acuerdo de rentas de los agentes sociales con el apoyo de Europa al futuro recibo de la luz
La coreografía diseñada con el parto y reparto de los fondos europeos es un ejemplo palmario de precisión quirúrgica dirigida a distinguir aquellos caladeros territoriales que aseguren la rentabilidad de votantes poco sospechosos de duda. A diferencia de lo que ocurre en Francia, Italia y Alemania con las subvenciones generalizadas de miles de millones para compensar la factura del gas, electricidad y carburantes a todos los consumidores, el Gobierno español viene administrando su magnificencia a cuentagotas, arrastrando los pies con tacañas rebajas fiscales y diseccionando de manera compasiva la mayor parte de ayudas en busca de la rentabilidad política que puedan dispensar los diferentes colectivos vulnerables. La enseñanza proverbial de quien no llora no mama adquiere plena carta de naturaleza frente al cerdo de una crisis que Sánchez trata de aprovechar hasta los andares.
El presidente está esperando ahora que la CEOE y los sindicatos le pasen a limpio el acuerdo de rentas que Nadia Calviño ha ido proclamando días atrás como un hecho consumado ante los colegas comunitarios. Con este as bajo la manga y el beneplácito del Consejo Europeo para que España pueda acomodar mínimamente los precios de la electricidad, el gran truchimán socialista aspira a convertirse en el paladín de unos renovados Pactos de la Moncloa a los que serán invitados sus nuevos interlocutores del Partido Popular en calidad, eso sí, de meros convidados de piedra. La terrible fragmentación política que vive el país ha demostrado que gobernar para convencidos es mucho más agradecido que gobernar para convencer, sobre todo cuando se gobierna con la única idea de socializar los grandes problemas para luego capitalizar las más pequeñas soluciones.
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