La transición ecológica a dos velas, el dios de Ribera y al diablo con las eléctricas

Si la crisis financiera de la pasada década arruinó la reputación del sector bancario dejando indelebles cicatrices en la confianza de los ciudadanos, la nueva era de incertidumbre económica generada por la repentina e insufrible pandemia del coronavirus acecha seriamente la imagen de las grandes compañías energéticas privadas que gestionan el servicio público de la luz en España. La discusión sobre la reversión al Estado de determinadas fuentes de generación eléctrica está provocando retortijones dentro de la actual coalición de gobierno social-comunista y es perfectamente comparable al debate instaurado hace cuarenta años sobre la nacionalización de los bancos en nuestro país. Es cierto que al final no cayó la breva, pero por el camino el PSOE de Felipe González consolidó su ejercicio de poder con la expropiación del viejo imperio empresarial y financiero de Rumasa.

Por fortuna para los defensores del llamado neoliberalismo la posición internacional de España y su plena integración institucional en Europa reprimen cualquier tipo de tentación confiscatoria que altere de manera irreversible los múltiples intereses societarios arraigados desde principios de siglo en las principales corporaciones multinacionales del país. Las grandes compañías eléctricas forman parte de un juego en el que están involucrados poderosos inversores internacionales, de manera que el Gobierno no puede permitirse ninguna veleidad que provoque siquiera la más mínima duda sobre la seguridad jurídica que ofrece la economía española al capital extranjero. Prueba palmaria y reciente es la autorización del Consejo de Ministros a la OPA lanzada por el fondo australiano IFM sobre Naturgy, que se ha hecho efectiva en tiempo y forma como decía Nadia Calviño, superando todos los recelos iniciales de La Caixa.

La flamante vicepresidenta primera y su troupe de ministras involucradas en labores económicas están obligadas a caminar con pies de plomo en todo lo referente a la eventual reforma del sistema eléctrico que se barrunta tras el estallido social del recibo de la luz. No es previsible que Pedro Sánchez vaya a soportar la presión continúa y constante que amenaza al Gobierno si los precios de la electricidad se mantienen en los desorbitados niveles actuales, tal y como señalan las previsiones del mercado de futuros en el sector. Hasta enero, y sin contar con las inclemencias meteorológicas que arrecian tradicionalmente en las primeras semanas del año, los valores energéticos sitúan el megavatio hora (MWh) en torno a esa frontera angustiosa de los 100 euros, una cifra que, por otra parte, está siendo peligrosamente superada con creces desde mediados de agosto.

La nueva estructura tarifaria de la luz; con sus elevados picos, sus estrechos llanos y sus verdes valles, se ha demostrado que es una 'jaimitada' en toda regla 

Lejanos quedan los tiempos en que Rodrigo Rato manejaba el control de los precios energéticos mediante un simple y certero telefonazo a sus amigos colocados en la presidencia de las grandes empresas privatizadas del sector. Desde la crisis del petróleo de los años setenta los procesos inflacionistas en España han estado intrínsecamente relacionados con la carestía del recibo de la luz y la subida de los carburantes, pero la fiebre desregulatoria en Europa impide que nuestros gobernantes puedan tirar ahora por la calle de en medio para evitar que los consumidores terminen pagando el pato de la enorme volatilidad que muestran los componentes energéticos en los mercados internacionales. La transición ecológica tiene un coste muy alto y está provocando una crecida histórica del IPC hasta cotas del 3,3% que no se recordaban desde hace muchos años.

El viejo adagio en virtud del cual ‘cuando sube la luz suben todos los demás artículos de consumo’ está trastocando los planes de una recuperación económica que se antoja prendida con alfileres pese al interés mostrado en instancias oficiales por vender la piel del oso antes de cazarlo. Pero lo peor de todo es que la ortodoxia académica indica que la única forma de evitar una espiral de precios exige que las familias y pequeñas empresas actúen como dique de contención, soportando en sus carnes todo el enorme tirón del recibo eléctrico. Una vez más la masa anónima de lo que se conoce como clase trabajadores tendrá que apencar con una bola de nieve energética que se presume imparable durante los próximos meses y que va a dañar gravemente el poder adquisitivo del ciudadano medio.

La nueva y escandalosa estructura tarifaria; con sus elevados picos, sus estrechos llanos y sus verdes valles, ha sido promovida en el peor momento como resultas de un error de cálculo orientado a inducir hábitos más saludables de consumo pero sin reparar en el boquete que el experimento ha de producir en el bolsillo de los clientes más vulnerables. Una ‘jaimitada’ en toda regla y que tiene muy difícil solución por muchos conciliábulos que pueda maquinar bajo un mismo casamiento la máxima responsable de la política energética con sus asistentes de la CNMC. El Gobierno y el regulador trabajan ahora de la mano en una doble misión que trata de apaciguar por un lado la creciente tensión en la opinión pública a la vez que trasladan la carga de la prueba en contra de las grandes compañías del sector y su supuesta falta de ‘empatía’ social.

El Gobierno se ha metido en un gigantesco laberinto que puede convertirse en un callejón sin salida a la hora de reconducir la escalada del recibo eléctrico

La alternativa de liberar la dolorosa factura doméstica de la luz de las fluctuaciones intempestivas del mercado mayorista no deja de ser una falacia ideada por Teresa Ribera en uno de esos típicos alardes políticos que tienden a confundir los deseos con la realidad. Es impensable que de buenas a primeras el célebre PVPC, al que están vinculados 11 millones de contratos en España, se organice como una tarifa regulada al margen del antipático sistema marginalista de precios que viene funcionando desde hace años en toda Europa. Más fácil sería reportar al sistema los pingües beneficios obtenidos por Hacienda gracias al incremento de los derechos de emisiones contaminantes que, junto a la subida del gas en el mercado internacional, constituyen los dos principales caballos de batalla del actual y desbocado recibo de la luz.

El Gobierno se ha metido en un gigantesco laberinto que puede convertirse en un callejón sin salida a menos que los fundamentalistas climáticos y sostenibles empiecen a abdicar de sus doctrinales convicciones programáticas. No parece que el sectarismo galopante con que algunos profesan las nuevas religiones seculares pueda reconducir la adoración al dios ecológico de Teresa Ribera. Es necesario, por tanto, disponer de fusibles que desvíen los excesos de la corriente antes de que se produzca un cortocircuito en forma de estallido ciudadano. Eso es algo por lo que no está dispuesto a pasar Pedro Sánchez en la reanudación del ciclo político y de ahí las acusaciones directas y generalizadas contra los operadores del sector. Al diablo, pues, con las eléctricas, llamadas a servir de pararrayos en un proceso de transición energética que, a los precios actuales de la luz, amenaza con quedarse a dos velas.