Muchas de las grandes sociedades del Ibex y algunas otras de las que todavía no tienen su estrella en el gran salón de la fama empresarial están contando los días para que el Supervisor mayor del Reino constituido en torno a la CNMC ejecute el relevo legalmente establecido de su actual presidente, José María Marín Quemada. Transcurridos los seis años de su nombramiento en octubre de 2013 el principal inquisidor de la sagrada competencia tiene que abandonar el cargo por imperativo legal en un proceso de renovación que, a buen seguro, tratará de ser aprovechado por los grandes poderes fácticos del país para promocionar a un dirigente más comprometido con la tradición canónica del mundo corporativo o, lo que es igual, menos decidido a poner en solfa los procedimientos carpetovetónicos de eso que llaman hacer negocios en España.
El legado de Marín Quemada constituye una clara amenaza al modelo de gestión empleado de manera histórica por las principales corporaciones del país, especialmente por aquellas que, de manera directa o indirecta, satisfacen los objetivos más ambiciosos de sus cuentas de resultados a expensas de los Presupuestos del Estado. Lo mismo puede decirse de aquellas otras compañías que han extendido sus imperios multinacionales gracias a las rentas garantizadas por la administración de servicios públicos gestionados en régimen de monopolio. Las sociedades cotizadas, con sus célebres dueños y sus ilustrados gestores, han sido colocadas en el radar de la nueva autoridad de competencia, provocando una catarsis en el secular idilio que solían mantener los antiguos reguladores con sus poderosos regulados.
La CNMC instituida por el actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, se sacudió rápidamente las connotaciones jurisdiccionales del viejo y mal llamado Tribunal de la Competencia, adquiriendo desde el primer momento los rasgos de un contrapoder dispuesto a poner freno a esa plutocracia arraigada en la colusión de intereses públicos y privados. La crisis institucional y de valores, junto con la gran recesión económica, han impulsado la funcionalidad de una entidad nacida para erradicar la invasión de esos cárteles empresariales que han acampado en España como si fuera su paraíso particular, legitimados por un singular derecho consuetudinario en virtud del cual aquello que es de todos no es de nadie y puede ser distribuido de manera discrecional a simple conveniencia de las partes.
Ahora que están tan de moda los pactos entre los grandes grupos parlamentarios podría incluso resultar paradójico el afán persecutorio con que las autoridades de la competencia se han empleado a fondo para erradicar las componendas empresariales en la contratación pública. La diferencia es fácil de apreciar si se tiene en cuenta que los partidos políticos asumen su cuota de poder como delegados del sufragio popular en las urnas mientras que las corporaciones de negocio se supone que velan exclusivamente por maximizar el beneficio al margen del interés general. Eso es lo que ha entendido la CNMC, que empezó multando a las entidades infractoras en cuanto sociedades anónimas así denominadas porque hacen cosas que no tienen nombre y pasó después a tocar el bolsillo de los propios directivos como partícipes y responsables directos de los grandes y más célebres cárteles.
La última vuelta de tuerca dentro de la cruzada contra los llamados pactos colusorios ha sido la apelación a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa para que las entidades sancionadas por falseamiento de la competencia sean inhabilitadas también para participar en licitaciones oficiales, una medida que se ha hecho efectiva en la resolución del último expediente sobre los concursos públicos de infraestructuras ferroviarias de Adif. La Alta Velocidad, y sus multimillonarios contratos para dar y tomar, se ha convertido en el más rico panal de miel de las empresas de servicios industriales y la CNMC ha corrido rauda para subirse al mismo tren y evitar que la fiesta les salga gratis a todos los que hasta ahora se sentían tocados por la varita mágica de la más absoluta impunidad en sus relaciones mercantiles con el Estado.
Estragos para la reputación internacional
Las medidas punitivas adoptadas de un tiempo a esta parte por los responsables de la Competencia han trascendido el mero castigo pecuniario para convertirse en una mácula que debilita sobremanera la imagen de marca de las empresas porque ahora ya no es el huevo sino el fuero lo que realmente importa. Los estragos empiezan a notarse seriamente en muchos concursos internacionales, sobre todo en los grandes países de la OCDE, desde Estados Unidos hasta Alemania por poner dos claros ejemplos, que están recabando de manera paulatina nuevas garantías de solvencia reputacional, exigiendo auditorías de control que han de incluir la gestión de proveedores con el fin de asegurar que tanto los futuros contratistas como las empresas que trabajan para ellos están más limpios que una patena.
Las resoluciones del regulador, al margen de su recorrido en los tribunales, pesan desde el primer instante como una losa y son el motivo principal por el que muchos grupos empresariales de alto copete están dividiendo sus estructuras y creando filiales con nuevas identidades que permitan salvar la cara, renegando de su matriz si es necesario, con tal de ganarse la confianza de los clientes en el extranjero. Por la misma razón las multinacionales que trabajan en España y han sido descubiertas con las manos en la masa están llevando a cabo operaciones internas de limpieza que han llegado a provocar el relevo de sus country manager en nuestro país. No se puede decir, en suma, que Marín Quemada haya hecho muchos amigos a su paso por la CNMC, pero es lo que tiene creerse el cargo y actuar encima en calidad de pionero. El que venga detrás ya tiene una referencia a la que atenerse. Otra cosa es que disponga de independencia, y sobre todo de ganas, para ahondar en la misma huella.
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